Calatrava cree que los 94 millones que cobró se ajustan “a la calidad del trabajo”

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava aseguró ayer que los honorarios percibidos por la ejecución de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que superan los 94 millones de euros, han sido “siempre, desde el primer contrato, ajustados a la calidad del trabajo desarrollado” y al volumen de la obra, que ha sido “siempre auditada” por los órganos de control competentes. En un comunicado remitido a los medios por su abogado, Calatrava salió así al paso de las críticas realizadas por el diputado de EUPV Ignacio Blanco sobre los honorarios recibidos por el arquitecto, que cifró en algunos contratos lo cobrado por Calatrava en un 12,5% del coste total de la obra. Con el problema añadido de que los sobrecostes llegaron al 400% en algunos casos, y el arquitecto también percibía por el sobreprecio.

Al respecto, Calatrava destacó ayer que durante los últimos 20 años nadie ha cuestionado estos honorarios “por considerarlos abusivos o lesivos para el interés público” y destacó que “pretender aprovechar la coyuntura económica para criticar un proyecto cuyas bondades nadie ha discutido es una actitud incalificable”.

El arquitecto también se defendió recordando las mayorías absolutas logradas por el PP durante las últimas legislaturas. “Discutir la oportunidad política de la inversión realizada es una cuestión que no me corresponde, pero es evidente que ha contado con el apoyo popular de los votos en las urnas y, por tanto, con la legitimidad que ello le otorga”, señaló el arquitecto en el comunicado, en el que recuerda que “todas las fuerzas políticas que en estos años han gobernado en la ciudad y la Generalitat han respaldado este proyecto, que ha trascendido las fronteras del país y han situado la ciudad de Valencia en el lugar que por su historia le corresponde”.

Calatrava se refirió al complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como “uno de los mayores focos de difusión cultural de toda Europa”, y aseguró que la inversión realizada, 1.103 millones de euros (hasta 1.298 si se incluyen los equipamientos), será “recuperada con creces, si no lo ha sido ya”. A su juicio, los cuatro días que Blanco dice haber estado estudiando la documentación sobre CACSA son “del todo insuficientes” para “poder comprender y valorar el trabajo realizado durante más de 20 años”.

El arquitecto también alude a una animadversión de la formación política. Así, explica en su escrito que, en abril de 2011, cuando EUPV comenzó “una campaña de ataque” contra su persona, “realizando declaraciones calumniosas y presentando una denuncia ante la Fiscalía que sería archivada posteriormente”, su letrado solicitó una reunión con la diputada Marina Albiol para aclarar cualquier extremo que considerase necesario en cuanto a los contratos, petición que fue rechazada. Un año después, lamenta el arquitecto, se insiste en esta misma “táctica difamatoria”.

Por todo ello, Calatrava se plantea “dudas respecto a la legitimidad de las motivaciones que se esconden detrás de estas actuaciones” de EU, y anuncia que se reserva “las posibles acciones judiciales que puedan proceder”. También reitera en su escrito que su filosofía de trabajo consiste en “una absoluta seriedad y ética profesional, independencia del signo político que coyunturalmente dirige la Administración pública contratante y una constante preocupación por el interés de los ciudadanos”.

A pesar del aviso de Calatrava, Ignacio Blanco se mostró ayer “tranquilo” y anunció que su grupo “va a seguir denunciando el despilfarro” a pesar de esta “velada amenaza”. El diputado señaló que no ve “por ningún sitio” el motivo por el cual el arquitecto podría emprender acciones judiciales, ya que EUPV tan sólo “ha cumplido su función fiscalizadora”, ha hecho uso de su libertad de expresar opiniones políticas y ha difundido información veraz proporcionada por CACSA, la sociedad que gestiona el complejo.

El diputado Blanco dice que

Blanco también argumentó que “no solo en Valencia se cuestiona lo gravoso que es contratar a Santiago Calatrava”, en alusión a las posibles deficiencias o sobrecostes de sus proyectos en ciudades como Bilbao, Venecia y Oviedo.

El diputado de la formación de izquierdas precisó también que no están acusando a Calatrava de nada, sino a la Administración por haber suscrito los citados contratos para ejecutar un proyecto que se ha convertido en “un pozo sin fondo” que lastra la economía. “Él saca lo que puede, negocia”, apuntó Blanco, que señala que es la Generalitat quien debe defender los intereses de los valencianos a la hora de firmar un contrato.

Calatrava admite en su escrito que la obra que ha creado a lo largo de casi 40 años “dé lugar, en ocasiones, a la polémica”, pero insiste en que merece “respeto en las críticas, y que las mismas se deben de ajustar a la verdad y hacerse desde el conocimiento de las circunstancias”. “Lo contrario constituye una irresponsabilidad y una difamación, al poner en bajo concepto y estima mi persona”, advierte el arquitecto, que ha criticado también la alusión a la residencia en Suiza de su sociedad de arquitectura e ingeniería con la no repercusión del IVA en sus honorarios.

Añade, además, que “las circunstancias” de su vida le llevaron a tener que abandonar España hace 40 años e instalarse en Suiza, donde completó sus estudios, formó una familia y fijó su sede y residencia profesional, algo que “no ha sido obstáculo para desarrollar mi actividad profesional en todo el mundo”.