Los dependientes siguen sin cobrar los atrasos que les debe el Consell
UGT denuncia que la Consejería de Bienestar Social bloquea las nuevas peticiones de ayuda
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana denuncian el impago de los atrasos que la Consejería de Bienestar Social correspondientes al mes de marzo. También añaden que la directora general de Acción Social, Pilar Albert, no ha cumplido con una resolución por las que se comprometía a satisfacer los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Los representantes de las Plataformas reconocen que resulta difícil estimar el número de dependientes que siguen a la espera de ese pago, porque no todos los beneficiarios de las 8.876 resoluciones firmadas en marzo de 2011 han recibido la notificación de dicho acuerdo. La resolución reconocía el derecho al pago de la retroactividad que deberían haber percibido en periodos fraccionados hace algo más de un mes.
Ante esta situación, los responsables de las Plataformas han requerido al consejero de Bienestar Social, Jorge Cabré, y al secretario autonómico de la consejería, Joaquín Martínez, que efectúen los pagos de forma inmediata. Si no lo hacen advierten de que recurrirán a la vía administrativa o judicial para reconocer lo que califican de injusticia. Las Plataformas también denuncian la existencia de una cierta arbitrariedad a la hora de reconocer expedientes —“sustancialmente iguales”— que se resolvieron en su día.
27.790 personas no reciben las ayudas económicas establecidas en marzo
Esta arbitrariedad, que las Plataformas definen como “libre albedrío”, se debe a que muchas personas no recurrieron la resolución porque la consejería informaba en una carta que en el futuro recibirían una notificación en la que se les comunicaría los atrasos que les correspondería percibir.
En la Comunidad Valenciana, siempre según estas Plataformas, existen 23.814 personas en situación de dependencia, con prestaciones económicas de cuidadores, que vienen cobrando las ayudas oficiales con retraso. A esta cantidad habría que sumarle otras 3.976 personas en situación de dependencia vinculadas al servicio que reciben. En total, serían 27.790 personas dependientes a las que se les adeuda el dinero del mes de marzo.
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT abunda en las mismas tesis que los miembros de las Plataformas. El decreto del 3 de marzo de 2011 tenía como objetivo agilizar la tramitación objetiva de la dependencia. El resultado ha sido justo el contrario, según el sindicato. La aplicación de la norma ha bloqueado las ayudas a los dependientes que presentaron su solicitud a partir de esa fecha.
La FSP denuncia que un programa que costó 400.000 euros no funciona
El origen del bloqueo, asegura la FSP-UGT hay que buscarlo en el mal funcionamiento de la aplicación informática que se desarrolló para gestionar este nuevo decreto. Una aplicación que costó 400.000 euros y que debería haber entrado en funcionamiento a finales de marzo del pasado año, como máximo. La realidad es que en estos instantes sigue sin funcionar y ha provocado el bloqueo de la tramitación de nuevas solicitudes.
La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con menos beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Apenas un 0,87% de sus habitantes reciben una prestación frente al 1,59% que es la media española.
Las juventudes de los partidos se quedan sin ayudas públicas
La Consejería de Justicia y Bienestar Social suprimirá las subvenciones que otorga a través del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) a las secciones juveniles de sindicatos y partidos políticos y dirigirá su línea de ayudas a las asociaciones juveniles que realicen acciones sociales y de voluntariado. El objetivo es garantizar la dotación presupuestaria suficiente para atender las necesidades de aquellas asociaciones juveniles que realicen labores sociales con colectivos de jóvenes en situación de marginalidad o exclusión social.
En 2011 las secciones juveniles de sindicatos y partidos políticos recibieron 197.000 euros, pero “ante el necesario recorte”, la consejería ha decidido no incluirlas para poder destinar toda la dotación a los colectivos sociales que realicen labores sociales y de voluntariado.
Entre las entidades que se pueden beneficiar por esta medida se encuentran Cruz Roja Española, Cruz Roja Juventud Comunidad Valenciana, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana Jove Sord, Bona Gent Amigos del Deficiente Mental, Scouts Valencians, la Organización Juvenil Española, Juniors Movimiento Diocesano o la Federación de Centros Juveniles Don Bosco Comunidad Valenciana.
El director de Juventud y del IVAJ.Generalitat Jove, Marcos Sanchis, ha explicado que este ajuste “es necesario debido a la situación económica” y supone una muestra de solidaridad “con las personas más necesitadas de la sociedad valenciana. Las asociaciones juveniles tienen que tener la tranquilidad de que van a seguir recibiendo ayudas siempre y cuando sus fines sean exclusivamente sociales”, ha agregado.
Nuevas Generaciones, la rama juvenil del PP, aplaudió esta decisión.
