Industria no revocará los sondeos petrolíferos en la costa valenciana
Soria dice que impedirá las extracciones a 3 kilómetros del litoral Fabra recibe el refuerzo de dos ministros para mitigar los recortes presupuestarios
El Ministerio de Industria no revocará los permisos concedidos por el anterior Gobierno socialista para realizar prospecciones en busca de petróleo frente a las costas valencianas. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, presentó ayer las autorizaciones para realizar los sondeos como un hecho inevitable.
“Es un acto reglado y revocarlo equivaldría a una prevaricación porque es una autorización en base al derecho administrativo”, se justificó el ministro, que responsabilizó a los socialistas de la situación. “Yo no las habría autorizado”, argumentó Soria, que señaló que él no es partidario de autorizar permisos de extracción, en caso de que se encuentre petróleo, a tres kilómetros de la playa. “Si las explotaciones estuviesen a 61 kilómetros de distancia sí las autorizaría”, recalcó el ministro, que insistió en que el Gobierno no va a prescindir “de ningún tipo de fuente energética primaria”.
La afirmación del ministro de Industria puso ayer punto final a la campaña de críticas del PP valenciano, que durante todo 2011 arremetió contra el Gobierno socialista por autorizar las prospecciones frente a la costa.
García-Margallo dice que priorizará la defensa del corredor mediterráneo en la negociación de la Unión Europea
El diputado y miembro de la dirección nacional del PP Esteban González Pons advirtió que las prospecciones solo provocarían “la llegada del chapapote” a playas como la de El Saler y que no generarían ningún puesto de trabajo. La campaña contra las prospecciones, a las que también se sumaron Ayuntamientos socialistas como el de Gandia, se intensificó con reuniones, por parte de la Generalitat, con las cofradías de pescadores, y el pronunciamiento forzado de la junta rectora del parque natural de L’Albufera con Francisco Camps y Rita Barberá a la cabeza. El entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, presentó, además, un recurso contra los permisos.
Según esgrimió el PP durante el año 2011, las torres petrolíferas de los sondeos serían visibles entre Burriana y Xàbia, provocarían la desaparición del turismo y llenarían las playas de chapapote.
La firma británica Cairn Energy, a través de la filial Capricorn Spain, tiene autorización para realizar prospecciones en busca de hidrocarburos en 396.900 hectáreas, que se extienden mar adentro desde una franja que en su punto más cercano a la costa se sitúa a seis kilómetros del faro de Cullera.
Estos sondeos para descubrir bolsas de petróleo no exigen la colocación de plataformas como vendió el PP valenciano. El método habitual es el uso de cañones de aire comprimido para provocar ondas acústicas que alcancen el subsuelo y reboten hacia la superficie. Un sistema de hidrófonos en cables kilométricos recoge los datos y construye un mapa en 3D. Las prospecciones no alteran el fondo marino pero sí pueden dañar la fauna, aunque hay algunas medidas para reducir el impacto en cetáceos.
El ministro de Industria ‘frena’ el almacén de gas submarino de Vinaròs
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, uno de los cargos del PP valenciano más beligerantes contra los sondeos, ayer guardó silencio junto al ministro de Industria que explicó también en el Ayuntamiento que los permisos no se revocarán.
Soria se entrevistó ayer con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ejerció de anfitrión de dos ministros, el ya citado de Industria y el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Ambos arroparon a Fabra el mismo día en que el Gobierno daba a conocer los presupuestos antes de almorzar con los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Allí, el ministro de Industria anunció que “frenará” el proyecto Castor, la conversión de un yacimiento submarino vacío frente a la costa de Vinaròs en un almacén submarino de gas. Un proyecto que suponía una inversión de 1.300 millones de euros y que tenía que culminar este año. Soria explicó la necesidad de retrasar esta infraestructura porque la red actual solo se está utilizando al 50% y de seguir adelante habría que incrementar la tarifa del gas natural.
El presidente de la Generalitat, que primero visitó con Soria el Instituto de Biomecánica y luego firmó un convenio con García-Margallo para reestructurar la red del Instituto Valenciano de la Exportación, reclamó sensibilidad al Gobierno para con la Comunidad Valenciana. De hecho, los dos ministros arroparon a Fabra el mismo día que se daban a conocer los presupuestos generales del Estado y que reducen la inversión territorial del Gobierno en un 34% respecto al año anterior.
Tras la imputación de Such en el caso de la financiación ilegal, Fabra dice que se juega la credibilidad del PP
“Somos parte de la solución, y por lo tanto, compartimos las medidas que el Gobierno tenga que hacer”, dijo Fabra, que advirtió que ello no implica que la Generalitat renuncie a sus reivindicaciones en materia de infraestructuras o financiación.
El jefe del Consell y el ministro de Exteriores firmaron ayer en el Palau de la Generalitat un acuerdo por el que dos oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) se integrarán en los consulados dependientes del Ministerio y otras 13 lo harán en la red del Instituto de Comercio Exterior (Icex). “Toda la red se pone al servicio de la Comunidad Valenciana”, dijo García-Margallo, “no solo para el trabajo cotidiano, también para la labor de apoyo de aquellas tareas que son prioritarias, como el corredor mediterráneo”.
El ministro de Exteriores destacó que el corredor mediterráneo “es la línea roja que este Gobierno ha decidido poner en la negociación que se realizará en la Unión Europea para determinar qué corredores serán prioritarios para recibir ayudas en el periodo 2013-2020”.
Para el ministro, una de las prioridades de su departamento será potenciar la marca España para crear sinergias entre todos los activos de las empresas nacionales.
Alberto Fabra no ocultó su satisfacción por el compromiso de García-Margallo sobre el corredor mediterráneo y la impresión que se llevó Soria de su visita al instituto de Biomecánica y el almuerzo con los empresarios de AVE. Sin embargo, el Consell tendrá que determinar ahora a qué partidas aplica la disminución de ingresos procedentes del Estado a través de los presupuestos del Estado. Una decisión que todavía no está adoptada.
Durante sus comparecencias, el jefe del Consell fue interpelado por la imputación en el caso de la financiación ilegal del PP valenciano de la exconsejera de Turismo Angélica Such, ahora secretaria primera de la Mesa de las Cortes. Una imputación que amplía el número de diputados imputados del PP en las Cortes Valenciana.
“Esta en juego nuestra credibilidad ante los ciudadanos y por eso vamos a colaborar de forma cierta con todo aquello que nos pida la Justicia para poderle dar una solución cuanto antes”, argumentó Fabra.
El jefe del Consell aseguró que los populares están “muy tranquilos en lo que pueda suponer la financiación del partido” y evitó valorar la situación personal de Angélica Such.
