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Ecologistas en Acción pide subir un 50% el aparcamiento en el centro

El Foro por la Movilidad Sostenible ha presentado sus alegaciones al plan de calidad del aire La forman CCOO, UGT, Ecologistas en Acción y Equo, entre otras organizaciones

Elena G. Sevillano

Si la contaminación la producen los humos que salen de los tubos de escape, la solución tiene que ser restringir el tráfico. Con esa premisa se han presentado en el Ayuntamiento de Madrid representantes del Foro de la Movilidad Sostenible (formado, entre otros, por Ecologistas en Acción, CCOO, UGT, Pedalibre, la asociación de vecinos del Nudo Sur y Equo) para presentar sus alegaciones al Plan de calidad del aire para 2011-2015 elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, y que actualmente se encuentra en periodo de información pública. Y ¿cómo restringir el tráfico? Entre las variadas respuestas a esa pregunta, Ecologistas en Acción propone una: crear una tasa ambiental que grave las plazas de aparcamiento del centro un 50% sobre su coste actual.

El centro sería la Zona de Bajas Emisiones que prevé crear el Ayuntamiento en su plan de calidad del aire, y que viene a corresponder con la almendra central. La propuesta de Ecologistas implica que, además de cobrar un 50% más por aparcar en zona azul o en los aparcamientos subterráneos de rotación públicos, todos los parkings deberían dejar de ser gratuitos. Es decir, desde los de centros comerciales en los que se aparca gratis para comprar o ir al cine hasta los de empresas privadas, centros de trabajo de la Administración central, autonómica y municipal que ofrecen aparcamiento gratuito a sus empleados. Se trata de dificultar el aparcamiento en el centro de la ciudad para que nadie quiera entrar con su vehículo privado y se pase al transporte público, explican desde la organización. 

El único aparcamiento que estaría exento de esta tasa ambiental sería el de los residentes, precisa Ecologistas. En el caso de las plazas gratuitas en centros de trabajo, sobre las que no se puede aplicar el 50% extra porque no se paga ninguna cantidad, la solución podría ser fijar un precio en función de la zona y aplicarle el recargo, señala. La recaudación de la tasa ambiental "debe utilizarse para peatonalizaciones y completar la red de carriles ciclables", aseguran las alegaciones presentadas.

El Plan de calidad del aire, presentado el 15 de diciembre pasado por el exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón y la entonces delegada de Medio Ambiente y actual regidora, Ana Botella, Incluye 70 medidas, prevé una inversión de 162 millones de euros en cuatro años y, una vez aprobado definitivamente, servirá para solicitar a la Comisión Europea la prórroga de cinco años necesaria para evitar una sanción por haber incumplido los límites de contaminación.

Las organizaciones que forman parte del Foro por la Movilidad Sostenible han presentado sus alegaciones por separado, pero coinciden en algunos puntos. Consideran por ejemplo, que el documento elaborado por el Ayuntamiento "presenta graves deficiencias que impiden que pueda considerarse como algo más que un simple documento de buenas intenciones, pero en ningún caso como un Plan para la Mejora de la Calidad del Aire", aseguran en un comunicado conjunto.

El Foro critica también "la falta de concreción tanto de los objetivos anuales del Plan como de los indicadores de seguimiento en la ejecución e implementación de las medidas". Y añade: "Un documento en el que las medidas propuestas no presentan indicadores de cumplimiento cuantificados, no existe un Plan de Trabajo global en el que se especifique las fases de inicio, ejecución y finalización de las medidas en periodos mensuales, no se establecen los objetivos anuales de reducción de la contaminación que se alcanzarán con la progresiva implementación de las medidas, no se puede considerar un plan de calidad del aire". Prueba de ello, asegura, son "las declaraciones de la semana pasada realizadas por la alcaldesa, y corroboradas hace dos días por el concejal de Medio Ambiente, afirmando que no se dispone de recursos para acometer las peatonalizaciones previstas durante el primer año. Es decir, que sin haber sido todavía aprobado el Plan, la máxima autoridad del Consistorio y el concejal de Medio Ambiente ya están confirmando su incumplimiento".

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En las alegaciones de Ecologistas en Acción se cuestiona que el soterramiento de la M-30 haya reducido la contaminación "al incrementar la capacidad viaria en 200.000 vehículos". El texto asegura que la polución se concentra en las chimeneas y las salidas y entradas a los túneles y que "no hay ningún sistema de filtrado eficaz para partículas menores de 2,5 micras". "Alegamos la necesidad de hacer públicos los datos de contaminación real de esta vía rápida", añade.

La organización critica también que no se refleje el cambio de la red de estaciones de toma de datos en el ejercicio de 2010, algo que, en su opinión, "desvirtúa totalmente los resultados obtenidos". El texto echa en falta que no se haya explicado a qué se debe la reducción de dióxido de nitrógeno en los últimos años. No se ha debido, señala, a "las medidas de reducción de tráfico", sino por la crisis económica.

Entre otras cuestiones, Ecologistas considera que en el Plan no se recogen medidas dirigidas a restringir el uso del vehículo privado en los lugares y en los días en los que los niveles de contaminación atmosférica se acerquen o superen a los niveles máximos permitidos por la ley. También critican la falta de información. Uno de los anexos del plan recoge un resumen de un análisis realizado por la Universidad Politécnica de Madrid en el que únicamente se habla de metodología, sin ofrecer resultados detallados. "Entendemos que han de ser públicos", asegura el texto.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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