Los bufetes de abogados cobraron 1,6 millones del fondo de los ERE
Empleo subvencionó los servicios prestados a empresas
"Despachos profesionales de prestigio vendían al empresario el producto, esto es, el ERE y las prejubilaciones, gratis o prácticamente gratis porque pagaba la Junta (...) Es decir, asumían con los empresarios unos compromisos que todavía no se habían producido y luego negociaban con usted para que estos efectivamente se produjera". La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, pronunció la primera frase el pasado viernes y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero confirmó su tesis.
La gravedad de lo ocurrido, el hecho de que la Junta asumiera el pago de servicios de asesoría legal a empresas, es tan insólito, que solo puede explicarse por la falta de control en el proceso administrativo aplicado a muchas de las 617 ayudas sociolaborales que concedió la Consejería de Empleo entre 2000 y 2010, sobre todo con el diputado José Antonio Viera como consejero.
La factura que abonó Empleo a diversos bufetes superó los 1,6 millones en esa década. Y según han desvelado los protagonistas y confirmado la investigación, los abogados proponían a las empresas el negocio redondo porque no tenían que abonar nada, ni siquiera su minuta. La juez ha señalado al bufete Garrigues como protagonista de esta forma de actuar, aunque otros despachos como Estudio Jurídico Villasís, Olivencia-Ballester e Ignacio Vergara también recibieron abonos procedentes del fondo para empresas en crisis.
"El problema es que Garrigues vendía un producto ya hecho y empaquetado. Esto es muy grave porque estaban traficando influencias sobre subvenciones. Es de libro", sostienen fuentes del caso. Desde el prestigioso despacho, que percibió 1,2 millones (el 75% del total), se limitaron a señalar que actuaron "correctamente".
El bufete Estudios Jurídicos Villasís recibió abonos por la asociación de prejubilados de Santana Motor, una empresa pública de la Junta. "No he montado ninguna asociación ad hoc, sino que me pusieron al frente de ellas y han sido años de trabajo", ha alegado Carlos Leal, responsable del bufete.
La juez Alaya ha imputado a dos abogados de Garrigues y otros dos de Estudios Jurídicos Villasís por la tramitación de los ERE de las empresas Acyco y Surcolor. Alaya considera que los abogados percibieron fondos públicos y conocieron la inclusión de intrusos, además de achacarles un "papel relevante en la consecución del fraude".
Una singular relación con empleo
La relación de la Consejería de Empleo con los bufetes de abogados, conocedores de las garantías legales, bordeó a menudo la ley. La Junta mantuvo una singular relación con estos letrados, que desempeñaron un papel clave en la tramitación supuestamente irregular de ciertos ERE. Hasta el punto de que en algunas conversaciones para alcanzar un acuerdo y firmar un expediente de regulación de empleo para prejubilar trabajadores, el mismo despacho se sentaba a ambos lados de la mesa: con los sindicatos y la empresa.
Un ex alto cargo de Empleo explicó hace meses con meridiana claridad cómo las facturas se pagaban al margen de la ley. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral. Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez". La ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 fija que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados o fraccionados.
El ex director general Javier Guerrero, en prisión provisional, explicó cómo Estudios Jurídicos Villasís adelantó 240.000 euros a la sociedad municipal de Desarrollo Local de El Pedroso (Sevilla), su pueblo. "La sociedad se quedó sin dinero en metálico y entonces le hice el favor [a la sociedad municipal] para que Villasís adelantase, si podía, la cantidad de 240.000 euros que necesitaba". Guerrero alegó que le ofreció a Carlos Leal, responsable del despacho, intervenir para "ampliar su cartera de cara a los futuros inversores".
Guerrero comenzó a explicarle a Alaya el pago irregular, de una empresa privada a una sociedad municipal, admitiendo: "El error fue hacerlo a través de mi secretaria (...) y por eso consta en la documentación".
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