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El PNV exige otro dictamen de la ‘comisión De Miguel’ “sin partidismos”

El País

El PNV solicitó ayer la devolución del borrador del dictamen elaborado por la comisión de investigación del Parlamento vasco sobre el caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción urbanística por la que están imputados varios exaltos cargos y exdirigentes de ese partido. El texto, que se entregó a los partidos el 25 de enero, determina que hay responsabilidades políticas en la presunta trama. El documento y las enmiendas presentadas se someterán a votación en la Cámara de Vitoria el próximo día 20.

A través de un comunicado, el PNV anunció ayer que ha presentado, además de la enmienda a la totalidad, otras 10 técnicas y 186 parciales al borrador. Su objetivo es que el dictamen definitivo sea “ecuánime, sin tintes partidistas ni objetivos políticos”, así como que “refleje con exactitud todos los testimonios y las explicaciones”. El partido que preside Iñigo Urkullu pretende igualmente que las conclusiones “se basen en hechos probados y constatados, no en meras especulaciones”.

Retrasos

Tras recalcar que su principal interés es que “todo se aclare”, la formación nacionalista aprovechó para mostrar su “malestar” por los sucesivos retrasos en el desarrollo de la comisión, que se puso en marcha hace año y medio con su única abstención y el voto favorable del resto de los partidos con representación en la Cámara vasca. El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, fue su presidente y el redactor del borrador que ahora enmienda el PNV.

El dictamen previo analiza las presuntas irregularidades en los departamentos de Cultura e Industria del anterior Gobierno vasco, así como el supuesto espionaje por parte de dos ertzainas y sendas compras de terrenos en Santurtzi y el parque tecnológico de Miñano, en Álava.

El borrador considera que las irregularidades descubiertas, entre ellas pagos de contratos que no se realizaron o adjudicaciones a dedo, son censurables desde el punto de vista político. Igualmente se reprocha a las Diputaciones de Bizkaia y Álava —cuando estaba en manos peneuvistas— por negarse a facilitar información.

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También han presentado enmiendas al texto, al menos PSE y PP. Los populares reclaman que se haga mayor incidencia en identificar las responsabilidades políticas.

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