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“Los responsables de Emarsa exigían comisiones del 60%”

Sebastián García declara que cargos públicos dirigieron el saqueo de la sociedad pública El empresario afirma que el sistema corrupto ya funcionaba con el edil de Hacienda de Barberá

Ignacio Zafra
Sebastián García (derecha), junto a su abogado al salir del juzgado.
Sebastián García (derecha), junto a su abogado al salir del juzgado.TANIA CASTRO

Un nuevo arrepentido reveló este viernes ante el juez el método masivo y perfectamente organizado que aparentemente siguieron los responsables de Emarsa, la empresa pública que depuraba el agua de Valencia y su área metropolitana, para saquear la sociedad hasta llevarla a la quiebra y liquidación en el año 2010. El juez instructor Vicente Ríos ha estimado “prudencialmente” elpillaje en 25 millones de euros. Sebastián García Martínez, proveedor e imputado en la causa por haber facturado a Emarsa 8,8 millones de euros por suministros y servicios falsos, dio este viernes su versión de cómo sucedió. Los responsables de la planta, declaró, le exigían “comisiones del 60%” de cuanto facturaba.

García Martínez corroboró igualmente el relato de otro arrepentido, el ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal. Según su versión, la rapiña fue dirigida por cuatro cargos del Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y la empresa de la Generalitat de la que dependen las depuradoras, Epsar. Los cuatro se habrían repartido cada mes 180.000 euros del dinero desviado.

Los ideólogos del saqueo serían el dimitido alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo; el exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet nombrado por Rita Barberá, Esteban Cuesta; y los directivos de la empresa del Consell Epsar José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer.

García Martínez, que fue al mismo tiempo proveedor y empleado de Emarsa, explicó que empezó a trabajar en la planta en 1999. Y que ya en aquella época “las corruptelas” eran la tónica general. Por entonces, la presidencia de Emarsa la ocupaba Silvestre Senent, que sigue siendo el hombre encargado del dinero de la alcaldesa Rita Barberá en su condición de concejal de Hacienda.

La investigación abierta por el juez Ríos solo alcanza, de momento, los años de 2004 a 2010, el periodo que va desde el nombramiento de Cuesta como gerente hasta la liquidación de la sociedad.

"Cajas de cartón llenas de dinero"

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García Martínez ratificó lo declarado por el ex director financiero de Emarsa respecto a que la principal vía para defraudar a la sociedad fue el tratamiento de lodos, un concepto por el que Emarsa pagó cerca de 20 millones de euros en el periodo investigado. Parte de sus afirmaciones se basaron en lo que le contó el exgerente de Emarsa y otra parte en lo que él mismo pudo ver. Entre esto último, el proveedor señaló que en el año 2008, después de una comida, Esteban Cuesta le llevó hasta su coche, abrió el maletero y le enseñó “cajas de cartón llenas de dinero en billetes pequeños”. El exgerente le contó que iba a entregar su parte a Crespo en la alcaldía de Manises y a los directivos de Epsar en la sede de la sociedad de la Generalitat.

El imputado señala a Crespo, Morenilla, Bernácer y Cuesta como 'cerebros' del saqueo

Más tarde, siguió, el sistema para repartir el pillaje se hizo más sofisticado, y el pago a los cuatro cargos públicos se realizó mediante tarjetas de crédito a nombre de las sociedades de Jorge Ignacio Roca, empresario de lodos que vendió todos sus bienes, se esfumó cuando se destapó el caso y se encuentra hoy en búsqueda y captura por orden del juez. Los cuatro cargos públicos, según la versión de los dos arrepentidos, utilizaban las tarjetas para sacar dinero en efectivo de cajeros automáticos.

El saqueo por la vía del tratamiento de los lodos habría sido, en esencia, sencillo: la empresa de la Generalitat Epsar establecía que Emarsa pagase precios muy por encima del mercado por el tratamiento de los residuos de la depuradora. Y la diferencia respecto a lo que realmente costaba el proceso se repartía entre el empresario y los cargos públicos.

El mismo esquema parece aplicable a la mayor parte de los proveedores que han sido imputados en la causa después de que el juez observase indicios racionales de que los servicios o suministros que teóricamente prestaban a Emarsa eran falsos o se facturaban por un volumen muy superior al real. La inusitada comisión del 60% que García Martínez afirmó que pagaba puede servir de referencia para otros proveedores imputados.

García Martínez reconoció que él mismo se enriqueció ilegalmente con el pillaje. Y desgranó su participación en las prácticas corruptas, intentando desvincular de ellas a sus hermanos, a su primo y a sus entonces empleados, también imputados.

García: "Cuesta me dijo que iba a llevar su parte al alcalde de Manises y a Epsar"

El proveedor declaró que el exgerente le indicaba qué cantidades tenía que facturar a Emarsa haciendo constar que se trataba de trabajos realizados para la planta. La comisión se la exigía Cuesta, pero García Martínez se mostró convencido de que “una parte iba destinada a terceras personas”. En total, el proveedor afirmó haberle entregado al gerente 1,8 millones de euros en comisiones. Una parte en metálico, otra mediante la entrega de ordenadores y toda clase de artículos electrónicos y también a través de obras gratis realizadas en sus propiedades.

García Martínez afirmó que solo al exgerente le hizo obras y reformas en siete viviendas, además de pagar la decoración, los muebles, cocina, electrodomésticos, televisores, sistemas de cine en casa, consolas, cámaras de fotos y un largo etcétera. También hizo obras gratis en casa de Arnal. Por si fuera poco, el proveedor le habría pagado todos los meses a Cuesta una especie sueldo de 4.000 euros, ingresando una parte en una cuenta del hermano del exgerente de Emarsa.

Pese a ello, García Martínez insistió en que Cuesta no fue el ideólogo del saqueo, sino solo la “marioneta” elegida por Crespo y el resto de supuestos cabecillas de la trama “para no ensuciarse las manos”. El exalcalde de Manises volvió a negar este viernes todas las acusaciones.

Los crudos relatos de tres arrepentidos

La formidable envergadura del caso Emarsa ha ido saliendo a la luz, como en otras causas judiciales, a través, en buena medida, de los testimonios de tres implicados en los hechos que han optado por arrepentirse. Se trata del exgerente de la sociedad Esteban Cuesta; su exdirector financiero, Enrique Arnal, y el proveedor (al tiempo que empleado) de la sociedad pública Sebastián García Martínez. Los tres han implicado a sus superiores en gravísimas irregularidades en la gestión de la depuradora. Y los tres han reconocido haber sido ellos mismos autores de irregularidades, aunque a la vista del avance de la investigación, de menos de las que parecen haber cometido.

El primero en hablar fue Cuesta, dirigente del PP en la ciudad de Valencia, alcalde pedáneo de Benimàmet, y ATS de profesión. Por su perfil —ninguna experiencia en gestión empresarial, ningún conocimiento sobre el sector de la depuración de aguas y mucha ambición— los otros dos arrepentidos han afirmado que el entonces presidente de Emarsa, Enrique Crespo, lo eligió de gerente para hacer de “marioneta” y “llevarse las bofetadas” en el supuesto de que el escándalo estallara. El juez ha apuntado en sus autos una conclusión similar.

Las declaraciones de Cuesta llevaron primero a la imputación y después a la dimisión de Crespo de sus cargos como vicepresidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Manises y presidente del PP en dicho municipio. El exgerente también empezó a señalar hacia la Epsar, la sociedad de la Generalitat de la que dependen las depuradoras valencianas.

Las declaraciones de Arnal y García Martínez, además de elevar el grado de supuesta corrupción de Cuesta y de Crespo, han implicado directamente a los entonces gerente y jefe de explotación de Epsar José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, respectivamente. Los dos arrepentidos lo han hecho a través de largas declaraciones en las que afirman que ahora se han dado cuenta de que sus acciones fueron “ética, moral y legalmente reprobables”.

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Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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