El imputado de Emarsa huido tiene tres empresas sin patrimonio alguno
Jorge Ignacio Roca Samper cobró de la empresa pública 14,6 millones de euros Facturó por supuestos tratamientos de lodos de la depuradora de Pinedo
El imputado en el caso Emarsa que está en busca y captura, Jorge Ignacio Roca Samper, que cobró de la empresa pública, a través de tres sociedades, 14,6 millones de euros por supuestos tratamientos de lodos de la depuradora de Pinedo, carece de patrimonio alguno pese a ser propietario de esas tres empresas, que a su vez carecen de bienes y de actividad. Roca es, junto al expresidente de la sociedad pública y alcalde de Manises, Enrique Crespo, el exgerente Esteban Cuesta y el empresario José Luis Sena Gimeno, uno de los cuatro imputados en el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia para los que el abogado del Estado reclama una fianza de tres millones de euros con objeto de cubrir responsabilidades civiles por supuesto delito fiscal.
El informe sobre los patrimonios de los cuatro que la Agencia Tributaria remitió el pasado diciembre al juzgado revela que de dos de las sociedades de Roca Samper, en paradero desconocido y con una orden de detención europea emitida por el juez que lleva el caso Emarsa, se registraron salidas de divisas a otros países. También indica que Crespo posee acciones y bonos por valor de 561.763. Crespo, que es vicepresidente de la Diputación de Valencia y tuvo en 2010 unos ingresos de 122.809 euros, procedentes de la Corporación provincial, el Ayuntamiento de Manises y la propia Emarsa, recibió en agosto pasado una entrada de divisas de Suiza por valor de 360.000 euros.
Por lo que se refiere a Cuesta, gerente de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo de la empresa, en 2010 ingresó 62.000 euros como directivo de la empresa y posee una vivienda y tres plazas de garaje. Sena Gimeno, a su vez, es administrador de tres empresas, en las que tiene participación. Una de ellas, Noves Técnicques Ecològiques, SL (Notec), es titular de propiedades rústicas en Benaguasil y Requena. Notec supuestamente facturó falsos servicios a Emarsa. Según declaró el exgerente, le fue impuesta desde una empresa pública de la Generalitat.
