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LA REFORMA DEL ABORTO

Los enfermeros evitan criticar la ley pese a la oposición de varios colegios

El Consejo General hace equilibrios para no posicionarse sobre la reforma Navarra, Baleares y Salamanca piden al Gobierno que retire el proyecto

María R. Sahuquillo

El Consejo General de Enfermería, una de las entidades a la que el Ministerio de Justicia ha pedido un informe sobre el anteproyecto de ley del aborto, se abstiene de hacer alegaciones. El documento se limita a reclamar al Gobierno mayor consenso para elaborar la regulación de un tema que considera polémico. No obstante, el órgano colegial de las enfermeras —agrupa a 260.000 profesionales— apunta que la ley debe seguir la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional, que en 1985 validó la ley que estuvo en vigor hasta 2010; una norma que consideraba el aborto un delito salvo en casos de violación, malformación fetal o riesgo para la salud de la mujer.

El Constitucional debe pronunciarse de nuevo ahora —tras un recurso del PP— sobre la ley de plazos actual, con la que la mujer puede abortar hasta la semana 14 de gestación. El Ejecutivo, sin embargo, ha preferido no aguardar a esa sentencia y ha aprobado una nueva ley que debe pasar ahora por los informes preceptivos y los trámites parlamentarios.

Los colegios de Navarra, Salamanca, Baleares y Barcelona exigen la retirada del anteproyecto de ley

El informe, que hace equilibrios para no posicionarse sobre la reforma, que permitirá el aborto solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer, sí encuentra un punto muy positivo en el anteproyecto de ley: la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Con la nueva ley, todos, no solo aquellos que participan directamente en la intervención --como hasta ahora--, podrán objetar a todo lo relacionado con esta prestación por razones de conciencia.

A pesar de que no entra en el fondo de la nueva regulación, el documento enviado a Justicia recoge en un anexo las durísimas aportaciones de los colegios de Navarra, Baleares y Salamanca, que exigen directamente la retirada la norma, impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. “Este anteproyecto anula de facto todos los derechos de la mujer a decidir sobre su maternidad. Ha de prevalecer el criterio de la futura madre en la toma de una decisión que va a afectar para siempre en su vida”, dice en uno de los escritos Carlos Sesma, presidente de los enfermeros navarros “Esta nueva legislación no conduce más que a retirar a las mujeres su opción a decidir para transferirla a agtentes extraños a su entorno, jueces, médicos, que van a valorar con otros criterios distintos a los propios la situación de cada mujer”, sigue.

Argumento similares a los que ofrece el colegio de baleares, que incide, además, en que la nueva regulación “compromete a los profesionales, especialmente de psiquiatría y ginecología, a actuar en contra de los criterios éticos y deontológicos de las profesiones sanitarias y vulnerar la autonomía d ela mujer”. Además, este organismo provincial alerta de que con la restrictiva ley aumentaría el número de abortos clandestinos e inseguros. En la misma línea se pronunciaron hace unos días las enfermeras barcelonesas. Un documento elaborado por la Comisión Deontológica del colegio de esa provincia apunta ademas que el anteproyecto de ley vulnera su código ético en varios puntos: el que habla de protección y promoción de la dignidad humana de la persona; el que impide a la enfermera discriminar a por razones económicas y sociales, de género, creencias o salud; y el que defiende la promoción de la autonomía de la persona.

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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.

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