Más de 500.000 personas sacarán partido de la nueva Ley de Costas

La nueva Ley de Costas aprobada por el PP beneficiará a más de 500.000 personas, según cálculos del Gobierno. Entre los que sacarán provecho de la reforma hay dueños de viviendas construidas a pie de playa y en segunda línea, negocios playeros, chiringuitos, hoteles e industrias. “El impacto que ya está hecho, aprovechémoslo”, resumió ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

 En la larga lista de salvados hay 1.000 hoteles, 3.000 chiringuitos y 1.700 industrias. El Gobierno lo traduce en 150.000 empleos directos y una facturación anual de 2.000 millones vinculada principalmente al sector turístico, un negocio muy competitivo que no puede permitirse quedarse atrás en tiempos de crisis.

Se salvan 12.800 viviendas en dominio público, algunas de ellas condenadas a la demolición en 2018. Ahora podrán prorrogar sus permisos hasta 75 años y venderlos. Medio Ambiente tiene que determinar aún el nivel de riesgo ante los efectos del cambio climático de estas casas, para ver cuánto tiempo les puede ampliar la concesión. Otras 125.000 construcciones situadas en zona de servidumbre, la parte inmediatamente anterior a la playa, podrán hacer obras. Hasta ahora no se les permitía realizar ningún tipo de cambio en la estructura.

Medio Ambiente no prevé partida presupuestaria alguna para poner esta ley en marcha. Contarán con la misma asignación de la Ley de Costas de 1988. Tampoco se hará un nuevo deslinde. El actual está ejecutado hasta el 95%. “El resto se revisará escrupulosamente, ya que hay dudas sobre tratamientos distintos en construcciones muy similares”, señalan fuentes del Medio Ambiente.

Las depuradoras con sentencia de derribo seguirán en pie por la crisis

En nombre de la crisis económica, la nueva norma contempla que las depuradoras en dominio público con sentencia de derribo sigan funcionando, un punto espinoso sobre el que han alertado tanto la organización conservacionista WWF, como el PSOE. La disposición adicional novena, añadida durante el trámite del Senado, fija que estas depuradoras se sustituyan “una vez que las circunstancias económicas lo permitan”.

El PP insistió ayer en su afán explicativo de la norma asegurando que defenderán el litoral con una cláusula —bautizada antialgarrobicos— que permitirá anular cualquier licencia urbanística dudosa antes de poner un ladrillo. Todo esto, compaginado con las soluciones a problemas enquistados en el litoral en los últimos 24 años.

Medio Ambiente no prevé una partida específica para este cambio normativo

Para el Gobierno, esos inconvenientes los ha ocasionado la Ley de Costas de 1988, elaborada por un gobierno socialista y con una gran ambición proteccionista. Con ella, muchas personas que construyeron o compraron una casa pegada a la playa perdieron su titularidad porque se consideró que la propiedad invadía dominio público.

“Si hasta la literatura ha recogido que las leyes españolas sobre costas han hecho tropelías”, comentó el secretario de Medio Ambiente, que citó una de sus últimas lecturas, la novela El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, en la que un amigo del protagonista “había perdido extrañamente su casa por la aplicación de una ley”. Para el Gobierno, las tropelías las cometió la Ley de Costas de 1988, por ese exceso de proteccionismo y porque, realmente no se ha aplicado. “Casi nadie entendió aquella situación, el 90% de las concesiones no se han llegado a otorgar, han quedado en un limbo jurídico”, dijo el secretario de Estado.