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Los recortes ensucian España

Las huelgas de limpieza dejan miles de toneladas de desperdicios en las calles Patronal y consumidores advierten de que los servicios de limpieza empeorarán

María Fernández
Los montones de basura acumulados en las calles de Sevilla durante huelga de los servicios de limpieza han rodeado a los ciudadanos.
Los montones de basura acumulados en las calles de Sevilla durante huelga de los servicios de limpieza han rodeado a los ciudadanos. efe /raúl caro

No es una metáfora decir que los recortes están ensuciando España. Tras la metódica disciplina con que las Administraciones aplican los recortes hay un montón de basura. Estampas como las ofrecidas en las huelgas que últimamente han vivido grandes ciudades como Sevilla, donde el pasado jueves se contabilizaban 6.700 toneladas de desperdicios sin recoger, dan un testimonio claro de ese deterioro.

Otra imagen lamentable la dio hace menos de un mes el Hospital General de Alicante, centro de referencia para casi dos millones de personas, que vivió 16 días de protestas por los impagos de la Generalitat valenciana. En Valencia el presupuesto de limpieza ha caído de 70 millones a 54,6 en el último lustro y la oposición al Gobierno de Rita Barberá (PP) sospecha que parte del dinero se desvía para pagar la deuda. Almería ha sacado de sus calles a 60 barrenderos; en Granada, desde 2010 se ha pasado de limpiar los barrios periféricos todos los días a tres veces por semana. El alcalde de Jaén ha deslizado la posibilidad de que la recogida se realice por la mañana para ahorrar en pluses de nocturnidad. En esa ciudad está convocada una huelga de limpieza en 47 colegios el próximo lunes… y así hasta el infinito.

Actividades cotidianas, como la de baldear las vías, se han restringido por todas partes. “Somos respetuosos con los derechos de los trabajadores, pero los Ayuntamientos no siempre lo son con los consumidores”, reflexiona, desde la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. “Claro que nos preocupa que cada día haya más basura por las calles, eso demuestra que la privatización de este servicio es pan para hoy y hambre para mañana”, añade.

En ciudades como Madrid llevan tres años sin refuerzos para suplir las vacaciones de los operarios. La costa, que supuestamente da brillo a la Marca España, tampoco se salva. Dos ejemplos: Castellón redujo un 15% el gasto el año pasado y Benidorm metió a fondo la tijera en 2011 y 2012 para ahorrarse más de tres millones.

En Madrid llevan tres años sin suplir las vacaciones del personal

Quienes pagan el pato por los problemas entre Ayuntamientos y empresas concesionarias son los trabajadores y los ciudadanos. “El resultado es una total y absoluta impotencia. Por un lado pagamos más por servicios que no mejoran y por otro, no podemos utilizarlos cuando son objeto de un conflicto”, apuntan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Cuando la situación se pone fea, las Administraciones aprietan el botón rojo. Ocurrió en Vigo hace unos meses durante una huelga de 23 días en la limpieza de 60 colegios públicos. La situación se volvió insostenible y la Policía Nacional tuvo que escoltar a una cuadrilla para que retirase la suciedad. El Ayuntamiento de Sevilla amagó con hacer algo parecido la semana pasada.

¿Hay riesgos reales para la salud? “Es cierto que las protestas causan inconvenientes, pero se circunscriben a la parte más externa, a lo que vemos. En el caso de los hospitales los quirófanos y las zonas donde están los pacientes inmunodeprimidos se siguen limpiando igual”, señala Marciano Sánchez Brayle, portavoz de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

La estadística oficial racanea datos necesarios para que las Administraciones hagan una mínima planificación: no hay ni siquiera una estimación de lo que cuesta gestionar los 24 millones de toneladas de basura que produce el país en un año. Y no está unificado en la Administración el gasto total de los Ayuntamientos en limpieza. Lo único cierto es que, entre 2010 y 2012, los municipios presupuestaron 3.849 millones menos para atender todos los servicios básicos, según datos del Ministerio de Hacienda.

Hospitales y colegios sufren conflictos laborales en la limpieza

Ignasi Puig, experto en economía de residuos de la consultora ENT, resume en tres actuaciones el modo en que los poderes públicos están afrontando el problema: “Renegociando los contratos a la baja con las empresas concesionarias, recortando servicios y paralizando inversiones, con lo que se dejan de construir nuevas plantas de tratamiento”. La limpieza se empobrece, pero las tasas se mantienen, o casi. En Madrid, el Ayuntamiento prometió una mínima rebaja en el recibo (estimada en unos tres euros de media), gracias a que esperaba ahorrarse 184 millones al reunir en un macrocontrato varios servicios. Había letra pequeña: la alcaldesa, Ana Botella, aseguró que a partir de 2013 la basura no se recogería los domingos y que el contenedor amarillo (plásticos) se retiraría solo tres días a la semana. Su plan terminó aparcado, aunque no se libró de las críticas en redes sociales como Twitter, donde los usuarios comentaban el asunto bajo etiquetas como #madridestaasqueroso.

En San Sebastián este año pagarán el recibo de forma distinta: con una cuota fija de 72 euros y otra variable en función del consumo de agua. Otros Ayuntamientos prefieren vincular la tarifa al número de metros de la vivienda o a las personas que viven en ella. La imaginación para afrontar los recortes se queda ahí, pese a que organismos como el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos han publicado abundantes estudios con soluciones de bajo costeen la gestión de la basura.

Igual que ocurre con la corrupción, la basura pringa la fotografía del país en el exterior. “Hay un efecto principal en la imagen de España de los recortes en servicios básicos. Refuerzan la percepción de la endeblez de nuestro Estado de bienestar, que es uno de los pilares de la buena reputación de un país”, dice Fernando Prado, director de Reputation Institute, que elabora el informe La reputación de España en el mundo. “Es evidente que vuelven a poner el foco, y no para bien, en la Marca España. Pero proyectar esta circunstancia puntual en el tiempo creo que no es honesto ni correcto”. Aunque la cosa va para largo. “Teníamos servicios de países ricos y los tendremos que redimensionar. Ahora serán peores”, pronostica, desde la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, Francisco Jardón. En esa patronal están las firmas que se llevan la parte del león: Ferrovial (con Cespa), Acs (Urbaser), Sacyr (Valoriza) y el gigante FCC. En esta última multinacional, la primera por volumen de concesiones, han dejado de trabajar 3.141 personas desde 2009 solo en el área de limpieza. Para Jardón, la bestia negra del sector se llama morosidad municipal. Y apostilla que en el fondo también se trata de un problema de educación. “Las ciudades más limpias no son las que más gastan, sino las que menos ensucian”.

Con información de Reyes Rincón, Mikel Ormazabal y Cristina Vázquez.

Vertederos ilegales

Puestos a empeorar las cosas, la Comisión Europea avisa de que no dejará que España pase por alto los objetivos de reciclaje marcados para 2020. Ese año, cada ciudadano deberá separar, de media, la mitad de los 535 kilos de restos que deposita en el contenedor. Ahora solo se discrimina un 23% de la basura, el resto termina en vertederos o se incinera. “La crisis está haciendo que se amplíe la vida de esos vertederos que estaban al límite”, dice Carlos Martínez-Orgando, presidente del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. Explica que todo se reduce a un problema de dinero: “Es más fácil hacer eso que construir plantas de tratamiento nuevas”. Cierto. En Galicia, Luis Lamas, el presidente de Sogama, la planta que trata los residuos de toda la comunidad, admite que está “al límite” de su capacidad. La Xunta no tiene presupuesto para una nueva instalación.

En paralelo, el mes pasado Bruselas dio un toque de atención al Gobierno español para que regularice vertederos que no cumplen con la normativa en Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco, Murcia, Cantabria, Cataluña. Ecologistas en Acción ha intentado en repetidas ocasiones saber cuáles son, pero el ministerio no contesta. La propia Comisión califica esos datos de “confidenciales”.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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