Exteriores recurrirá las ‘embajadas’ calalanas en Roma y Viena

El Gobierno recurrirá la creación de las embajadas catalanas en Viena (Austria) y Roma (Italia), por considerar que se ha incumplido la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que obliga a las comunidades autónomas a informar de la creación de sus oficinas en el extranjero “con carácter previo a su apertura”, con el objetivo de que el Ministerio de Asuntos Exteriores informe si se adecuan al principio de unidad de acción en el exterior y el de Hacienda y Administraciones Públicas analice si cumplen los principios de eficiencia en la gestión de recursos públicos y reparto competencial.

El Ejecutivo de Artur Mas comunicó al Gobierno central la apertura de sus delegaciones en Austria e Italia, pero solo después de que, el pasado 24 de diciembre, se publicasen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sus decretos de creación. La ley de Acción Exterior entró en vigor el pasado 27 de marzo, por lo que saltarse este trámite —los informes de Exteriores y Hacienda son preceptivos aunque no vinculantes— supone un incumplimiento de la misma. Los recursos se presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al tratarse de un procedimiento contencioso-administrativo, la sentencia podría demorarse años y no está previsto que se suspenda la creación de las oficinas, salvo que la Abogacía del Estado lo pida y el tribunal lo decrete como medida cautelar.

El Gobierno también tiene intención de recurrir el cambio de nombre del cargo de delegado de la Generalitat ante la UE, que ha pasado a llamarse Representante Permanente. El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, ha dirigido una carta al consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, —difundida por Abc— en la que le advierte de que esta denominación está reservada por el Derecho Internacional “para designar a los jefes de las misiones que los Estados (no sus subdivisiones políticas, ya sean regiones, estados federados o comunidades autónomas) acreditan ante una organización internacional”.

El Gobierno también estudia si recurrir ante el Constitucional la ley catalana de Acción Exterior y de relaciones con la UE, convencido de que su objetivo es servir de paraguas a la creación de "estructuras de Estado" al servicio del proceso soberanista.