Mas quiere desbloquear el diálogo con Rajoy hablando de economía

Once meses después de su última reunión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, se verán hoy las caras en La Moncloa, en un intento de recomponer las relaciones entre ambas Administraciones tras largos meses de tensión por la crisis soberanista catalana. Mas es consciente de que Rajoy poco o nada puede ceder ante la consulta de autodeterminación que la Generalitat impulsa para el 9 de noviembre. Por esta razón ha decidido ampliar el foco de la reunión introduciendo aspectos relacionados con la financiación y la economía, con el fin de transmitir la imagen de que, pese a todo, algún tipo de diálogo es posible entre Gobierno y Generalitat.

Rajoy acude al encuentro con la idea de vetar la consulta, pero con una presión creciente en amplios sectores sociales, también en su partido, para iniciar una reforma constitucional que garantice un mejor y duradero encaje de Cataluña dentro de España. Según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, un 62% de los españoles apoyarían que Rajoy negociase con la Generalitat la suspensión de la consulta y, al mismo tiempo, una reforma inmediata y a fondo de la Constitución. Esta idea seduce también a los votantes del PP, favorables en un 64% a la reforma constitucional, lo que contrasta con el mensaje del Gobierno y de la dirección del partido de que ni es el momento ni hay una mayoría social suficiente para abordar esta empresa.

El 62% desea que los cambios en la Ley Fundamental frenen la consulta

El sondeo se llevó a cabo los días 22 y 23 de julio con una muestra de 600 personas, una cifra que permite sacar conclusiones de la voluntad de los votantes de los principales partidos de ámbito nacional. De esta forma, los votantes de UPyD son los más favorables a negociar una reforma constitucional (71%), pero las diferencias con el resto de los partidos nacionales no superan los siete puntos. Los votantes de otros partidos, entre ellos los nacionalistas e independentistas, también apoyan mayoritariamente la reforma constitucional, aunque con porcentajes sensiblemente inferiores (52%).

Pase lo que pase hoy en la reunión entre los dos gobernantes, la posición de Mariano Rajoy no es la misma ni mucho menos que hace dos años. Ni siquiera uno. Ha habido avances en la comprensión del problema, aunque con seguridad no se van a traducir en una respuesta que pudiera satisfacer las demandas nacionalistas. Aun así, Rajoy está persuadido de que el problema es muy serio, afecta a la sociedad catalana y al resto de España y la divide. Ahora bien, desde el Gobierno central no se va ayudar al Gobierno de la Generalitat a que se celebre un referéndum el próximo día 9 de noviembre.

La invocación de la ley con mayúscula la escuchará Artur Mas de Rajoy porque su pretensión invade de lleno el núcleo central del concepto de Estado que hace la Constitución, cual es dónde reside la soberanía popular. “Esta no es troceable”, remarcan en el Gobierno para rechazar de plano que los catalanes decidan sobre algo que concierne a todos los españoles. Una puerta se abre en este túnel de incomunicación ante la decisión de Mas de presentar a Rajoy una agenda con más asuntos y no solo la consulta para que los catalanes se pronuncien sobre si quieren ser independientes.

En el Gobierno se reabre la tesis de hace meses de que una negociación sobre la mejor financiación para Cataluña podría rebajar la tensión y abrir el diálogo. Ya se había perdido la esperanza, porque muchas voces de Cataluña se expresaron en el Congreso de los Diputados a través de los portavoces de CiU, Josep Antoni Duran; de ERC, Alfred Bosch, y de ICV, Joan Coscubiela, principalmente, negando que se tratara de dinero. “Ya no, ya entran los sentimientos”, explicaban portavoces nacionalistas. Ahora, sin embargo, se podría hablar de financiación y de competencias.

El consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, recalcó ayer que Mas llevará propuestas a La Moncloa y con voluntad de “hablar de todo”. Y reclamó lo mismo al presidente del Gobierno: “Tenemos ganas de escuchar, iremos a escuchar”, dijo, al tiempo que negaba que el presidente catalán llegue debilitado por el escándalo de Jordi Pujol.

La consulta del 9 de noviembre, si bien será un elemento central, no será el único. Homs enumeró los objetivos del encuentro, y la consulta aparece en una llamativa cuarta posición. “El presidente Mas tiene disposición a hablar de todo; de la situación de la economía y su evolución, de la situación de las estructuras del Estado del bienestar, de la situación de las finazas públicas, de la consulta, obviamente, y del cumplimiento de las leyes, de todas”, dijo en referencia al reparto del déficit entre las diferentes Administraciones. Homs también dijo coincidir con Rajoy y con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en que la Generalitat no quiere “una consulta ilegal”.

El 64% de los votantes del PP también apoya esta solución

La agenda económica de la reunión no es una cuestión baladí. La Generalitat, como otras autonomías, necesita una inmediata inyección económica a través de un nuevo sistema de financiación. Y es que las finanzas catalanas siguen en números rojos. Cataluña ha registrado un déficit de 1.583 millones de euros hasta mayo, el 0,81% del PIB, y es una de las comunidades que ha presentado saldos más negativos, precedida por Extremadura (-1,5%), Navarra (-1,24%) y Andalucía (-0,81%).

El encuentro de hoy puede condicionar de forma importante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana. Cataluña acudirá al a ese encuentro con la intención de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclare sus palabras de la semana pasada en Barcelona, cuando habló ambiguamente de mejorar las condiciones para las que las comunidades reciban dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, pidió este lunes que el ministerio no tenga en cuenta los intereses de la deuda a la hora de contabilizarlo. Sin no hay un gesto firme, vino a decir, el anuncio “será humo”. “Me interesaría saber qué quiso decir. Si va en la línea de que el pago de intereses se pudiera posponer, sería una buena dirección”, dijo, tras solicitar por enésima vez una “flexibilización” del reparto de impuestos o de los objetivos de déficit.