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El juez envía a prisión a Arantza Zulueta y a los controladores de los presos de ETA

El fiscal consideraba que el grupo encabezado por la abogada Arantza Zulueta tiene riesgo de fuga y destrucción de pruebas Interior reafirma que "la política de dispersión de presos se mantendrá mientras ETA exista"

Fernando J. Pérez
La abogada Arantza Zulueta es detenida el pasado 9 de enero.
La abogada Arantza Zulueta es detenida el pasado 9 de enero.Txetxu Berruezo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió este lunes a prisión a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza y a los otros seis miembros del Koordinazioa Taldea (KT, grupo de coordinación en euskera), el órgano encargado de mantener la disciplina interna de los presos de ETA y de transmitir a los reclusos las consignas de la banda terrorista. El grupo, detenido el pasado miércoles, mantenía comunicaciones directas con la dirección militar de la organización armada, impedía que los presos se acogieran a medidas de reinserción individual al margen del colectivo y, aunque operaba con cierta autonomía, formaba “un brazo operativo más de ETA”, según el magistrado.

El auto por el que el juez Velasco envía a prisión a Zulueta, Enparantza y a los también miembros del KT Luis Campo Barandiaran (también abogado), Aitziber Sagarminaga, José Miguel Almandoz, Egoitz Lopez de Lacalle, Asier Aranguren y Aintzane Orkolaga, fue comunicado a primera hora de la tarde. En la resolución, el juez Velasco les imputa por pertenencia a organización terrorista y considera al grupo “la verdadera dirección” de los más de 500 miembros de ETA en las cárceles de España y Francia.

La Operación Jaque, desarrollada el pasado miércoles, deriva directamente de la investigación abierta en 2013 contra la plataforma Herrira, de apoyo a los presos etarras, y que se saldó el pasado septiembre con 18 detenidos y la suspensión de las actividades de esa organización durante dos años. El juez Velasco sostiene que los documentos intervenidos en aquella operación de septiembre sitúan al KT como “parte crucial” de la organización terrorista ETA.

El magistrado cita una comunicación interna firmada en marzo de 2012 por la dirección de ETA, en la que esta “se reserva el proceso de negociación con el Gobierno” respecto al futuro de los presos, en detrimento de la izquierda abertzale. Otro documento, de mayo de 2012, demuestra que el grupo de Zulueta solo repartió a los representantes de los presos para su debate una ponencia, denominada Mugarri, elaborada por los más duros de la banda, en la que se contemplaba la lucha armada y en la que se vetaba la reinserción individual. Los miembros del KT ocultaron a los reclusos otro documento, elaborado por la izquierda abertzale y que abría otras posibilidades a los reclusos.

La Operación Jaque se produjo cuatro días despúes del encuentro de expresos de la banda en Durango y tres días antes de la gran manifestación del pasado sábado en Bilbao que sustituyó a la marcha en favor de los presos de ETA prohibida por el juez Velasco. Un error del Ministerio del Interior, que publicó la operación antes de que se iniciara, permitió a los ocho detenidos destruir documentación. En el despacho de Zulueta, los guardias civiles hallaron un lápiz de memoria informática “machacado conscientemente”, otros escondidos en cojines de sofá, e incluso ordenadores con los cables arrancados.

Los agentes se los encontraron dispersos por el despacho de Zulueta "destruyendo documentos". Algunos soportes informáticos con documentos del grupo estaban "escondidos en cojines de sofás". Los agentes apreciaron "ordenadores con cables arrancados" y  "un rulo o canutillo en papel cebolla con una comunicación de la dirección de ETA de diciembre de 2013 dirigida a sus militantes". Tres de los detenidos intentaron huir del local mientras que otros dos vigilaban la calle.

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Los ocho arrestados, encabezados por la abogada Arantza Zulueta, se han negado a declarar ante el magistrado. La fiscalía, representada por Miguel Ángel Carballo, pidió prisión incondicional para los ocho por reiteración delictiiva, riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, según fuentes fiscales. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reafirmaba esta mañana lo que ya indicó ayer el ministro del Interior, que "la política de dispersión de presos se mantendrá mientras ETA exista".

Arantza Zulueta y Jon Enparantza, supuestos cabecillas del entramado de conexión entre los reclusos y la dirección de la banda, están considerados parte del núcleo duro de la organización. No se había decretado la incomunicación por lo que han podido ser asistidos por abogados de libre designación.

En su auto, el magistrado cita a Naia Zuriarrain, trabajadora del despacho de Zulueta, para el próximo 16 de enero, para que explique la introducción de un canuto o rulo con instrucciones de ETA al interno en la cárcel Sevilla II Asier Arzallus Goñi.

Todos ellos, salvo Almandoz -que estaba preso en Francia-, aparecen en la relación hecha pública en julio de 2012 con los 25 integrantes del grupo de interlocución con los presos de ETA, formado por personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados, y cuyo objetivo era contactar con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los reclusos de la banda terrorista.

La operación, que no ha estado exenta de polémica por la difusión con antelación de la nota del Ministerio del Interior informando de las detenciones, se culminó con el registro el viernes del despacho del senador de EH Bildu y abogado de presos de ETA, Iñaki Goioaga, en Bilbao para buscar documentación perteneciente a las personas detenidas.

El despacho de Goioaga quedó el pasado jueves precintado tras suspender la Guardia Civil el rastreo de la oficina al no haber sido posible su localización para estar presente en la inspección. Goioaga, que es aforado por su condición de senador, tiene su oficina en el mismo edificio de la calle Elkano de Bilbao en el que se encuentra el despacho de la letrada Arantza Zulueta.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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