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Una profesora denuncia al Congreso por obligarla a quedarse en ropa interior

Jesús Posada investigará pero da por supuesto que la policía sabe lo que hay que hacer

Foto: atlas | Vídeo: JOAQUÍN DE HARO / ATLAS
Anabel Díez

“Me dejaron solo con el sujetador y con el pantalón bajado hasta los tobillos. Me sentí profundamente humillada, con mis derechos a la integridad moral y a la intimidad pisoteados”. Mar Esquembre, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, fue obligada por la policía del Congreso a verse en esa situación. Fue hace dos semanas, cuando acudió, como en otras ocasiones, a la Cámara alta para asistir desde la tribuna de invitados a una sesión plenaria. Había sido invitada por una empleada del Grupo Parlamentario Socialista, que la acompañó hasta el puesto de control, como en sus otras visitas. Pero esta vez la policía sospechó de ella: el segundo apellido de la docente no coincidía con el que figuraba en la lista entregada previamente para el control de entrada.

Ese error provocó que una policía la condujera a un cuarto anexo. Una vez dentro le comunicó que debía hacerle un “cacheo integral”, según palabras de la profesora. “Me pareció adecuado porque entendía que debía haber un control ante la posibilidad de que alguien llevara armas”, relata Esquembre. La extrañeza primero, y el enorme disgusto, después, llegaron cuando la agente le pidió que se quitara la ropa de cintura para arriba y, después, que se bajara el pantalón.

El incidente ocurrió siete días después de que tres activistas de Femen se despojaran de la ropa de cintura para arriba y dejaran sus pechos al desnudo —como es la manera de protestar de este movimiento— para mostrar la leyenda “el aborto es sagrado” mientras intervenía en el atril el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El resquemor de la profesora Esquembre ha quedado reflejado en su blog: “No puedo evitar la sospecha de que fui investigada previamente. Las mujeres que defendemos pacíficamente nuestros derechos somos tratadas como delincuentes sin haber cometido delito alguno”, puede leerse en referencia a su actividad en el feminismo y en defensa de los derechos de las mujeres.

Su sentimiento de injusticia se acrecentó porque, una vez que accedió a la tribuna de público, estuvo acompañada todo el tiempo por una agente de policía que se sentó a su lado. El incidente ha provocado un considerable revuelo en la Comunidad Valenciana y, singularmente, en los ámbitos universitarios, sindicales y del feminismo de Alicante; pero no solo.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, reconoció este martes que ha pedido información sobre “el incidente”, aunque adelantó su criterio favorable a las decisiones de los servicios de seguridad. “Ellos saben lo que hay que hacer”, dijo. Ya tiene sobre su mesa la petición de explicaciones firmada por Carmen Montón y Gabriel Echávarri, diputados socialistas por Alicante, así como de Joan Baldoví de Compromís-Equo.

Los dos socialistas lamentan “el exceso de celo y el trato impropio del Parlamento a una ciudadana invitada”, por un grupo parlamentario. Los diputados quieren saber qué protocolo se sigue para los cacheos a los invitados y si es el mismo para hombres y mujeres. Gabriel Chávarri, Carmen Montón y Baldoví consideran que el celo en la vigilancia se extrema con las mujeres. “El trato a la invitada del Grupo Socialista ha sido vejatorio”, sentencia Montón.

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Esta sospecha de discriminación es compartida por la profesora afectada, aunque cree que hay excepciones entre mujeres. La docente ha recordado que, al día siguiente de su incidente, acudieron a la misma tribuna de invitados las alcaldesas de Madrid y Valencia, Ana Botella y Rita Barberá, respectivamente, para asistir al debate sobre la reforma de la ley local. “No creo que pisotearan sus derechos a la integridad y a la intimidad como hicieron con los míos”, ha supuesto la profesora, que medita si emprende acciones judiciales.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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