Punto de partida
El problema de Artur Mas no es esa mayoría silenciosa que invoca el Gobierno, sino que, cualquiera que fuera el resultado de un posible referéndum sobre la separación de Cataluña, la posición ganadora lo sería por escaso margen. ¿Estaría dispuesto a tirar para adelante con la independencia si sale por ejemplo un 52% de SI a la separación y un 48% de NO? ¿Está justificado someter a la ciudadanía a un trauma como el que plantea la ruptura sabiendo que la mitad de la población se considerará derrotada gane quien gane?
¿No sería ello apostar por una inestabilidad permanente? Los múltiples lazos económicos, políticos, culturales, familiares, ¿pueden romperse con una votación celebrada un domingo cualquiera que obligue a millones de ciudadanos a optar en términos excluyentes y de manera irreversible entre su identidad catalana y la compartida? Según las encuestas, una mayoría de los catalanes sigue considerando compatibles ambas identidades, siendo la porción más numerosa la de quienes se consideran “tan catalán como español”. Y como le dijo Stéphane Dion, el padre de la famosa Ley de la Claridad que encauzó el debate soberanista de Quebec, a José Luis Barbería (EL PAÍS, 25-11-2003), “la secesión obliga a optar entre los que consideras los tuyos y los que quieres transformar en extranjeros”.
Para evitar ese trauma, en sociedades como la catalana (bilingüe, con identidad plural e integrada en un Estado que también lo es) se ideó el sistema federal o autonómico, que garantiza un nivel razonable de satisfacción no del 50% de los ciudadanos sino de una mayoría mucho más amplia. La superioridad de ese sistema sobre uno basado en un acto único e irreversible de autodeterminación ha sido contrastada en la teoría (no hay hoy un concepto tan cuestionado) y en la práctica.
Un acuerdo no para la mitad sino para la gran mayoría de los catalanes y del resto
Los sondeos revelan la existencia de una distancia considerable entre quienes se declaran partidarios de la separación (entre el 41% del CIS y el 47% del CEO) y quienes se muestran partidarios del derecho a decidir (hasta el 80%). Esto está siendo utilizado por Mas y sus asesores para dos cosas: extender el campo soberanista a quienes no siendo explícitamente independentistas apoyan sin embargo el reconocimiento del derecho a decidir (Unió, PSC, ICV: 46 escaños) a fin de reclamar el referéndum en nombre de esa artificial mayoría (que pasa de 61 escaños independentistas a 107 soberanistas); y para tergiversar el significado del referéndum sobre la independencia como si fuera una consulta sobre el reconocimiento de ese derecho. Con el efecto de considerar la consulta misma (que es un procedimiento) como un derecho.
En un país democrático y con una fuerte descentralización es implanteable una declaración unilateral de independencia, que reforzaría el rechazo internacional. Por eso ha dicho Mas que el referéndum debería ser legal y pactado. Legal solo puede serlo si se trata de un referéndum consultivo, no vinculante, convocado al amparo del artículo 92 de la Constitución, que exige la autorización del Congreso de los Diputados. Luego para ser legal deberá ser a la vez pactado (entre las instituciones catalanas y las comunes), porque cualquiera que sea el procedimiento, incluida la futura ley catalana de consultas, deberá pasar por esa autorización.
Pero que sea jurídicamente posible, como sostienen algunos especialistas, partir del artículo 92 para convertir en legal un referéndum consultivo en Cataluña no significa que sea conveniente hacerlo. No sería una forma fiable de medir el peso real del independentismo, porque una votación no vinculante se presta a un voto coyuntural, de protesta contra Madrid sin riesgo de ruptura, y que, planteado entre dos únicas opciones, no refleje el pluralismo real. Pero que condicionaría cualquier paso ulterior.
Mas lo sabe, pero sigue adelante porque lo que le importa es que se celebre, sentando un precedente a invocar cuando convenga. Es lo que en el fondo refleja su comentario de que estaría dispuesto a someter a consulta una propuesta atractiva que pudiera plantear Rajoy: lo que cuenta es que haya un referéndum, cualquiera que sea su naturaleza, que pudiera servir de pauta para uno sobre la independencia en su momento. Pero lo plantea como si la independencia ya estuviera decidida y pudiera prescindir de la opinión en sentido inverso y de similar intensidad de la población del resto de España. Tener en cuenta esas mayorías cruzadas implica una negociación y un acuerdo, el cual, por lógica, excluye salidas extremas, como la separación; pero puede incluir reformas de calado, no solo en la financiación sino en reconocimiento de la singularidad de las nacionalidades.
En esas condiciones el referéndum sería de ratificación del acuerdo, como último expediente de un proceso de debate y negociación. De tal forma que el resultado fuera aceptable no para la mitad de la población catalana, sino para la gran mayoría de los catalanes y del resto de los españoles.
