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Cinco federaciones del PSOE abren el debate de la revisión del cupo vasco

El PSC da un paso más y pide eliminar de la Constitución el sistema de concierto Pere Navarro vuelve a desmarcarse de los postulados de la dirección federal Cuatro barones, además del de Cataluña, defienden que Euskadi aporte más al fondo común

Pere Navarro, primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), se desmarcó ayer de nuevo de los postulados del PSOE y reclamó la eliminación del “privilegio” que supone el sistema de financiación del que disfrutan el País Vasco y Navarra, el llamado concierto. Ese sistema, amparado por la Constitución, consiste en que en esas dos comunidades son los Gobiernos autónomos los que recaudan y gestionan los impuestos estatales, y luego pagan una cantidad a la Administración central —el cupo—. La propuesta de Navarro fue inmediatamente rechazada por el PSOE; pero el debate sobre la aportación de Euskadi y Navarra a la financiación común se ha abierto paso en el partido: varias federaciones se muestran ya partidarias de revisar el cálculo del cupo. No de eliminar el concierto, pero sí de que en la práctica, con un sistema u otro, esas dos comunidades pongan más dinero en la bolsa común.

Navarro tachó ayer directamente de “privilegio” el concierto vasco y el convenio (su equivalente) navarro. Acabar con ese sistema sería un punto de partida para lograr una financiación más justa para todas las comunidades, dijo el catalán, que dirigió su mensaje “a todos aquellos, de dentro y de fuera del socialismo, que hablan de la falsa insolidaridad catalana”. “Les pido”, prosiguió, “que me acompañen en la propuesta de eliminar el privilegio que suponen los sistemas del concierto vasco y navarro. Si queremos una financiación justa, empecemos por eliminar en la reforma de la Constitución los privilegios que existen hoy”, insistió. Fuentes del entorno del dirigente catalán anunciaron su voluntad de mantener la propuesta y subrayaron que “el problema no es el cupo ni la aportación, sino el sistema de concierto”. Es decir, que el PSC no se contentaría con que Euskadi y Navarra aporten más dinero al Estado sino que cree que deben subsumirse en el sistema común.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se desmarcó de Navarro en la primera ocasión que tuvo, durante una rueda de prensa en Segovia. Tras calificar de “comentario” la propuesta del líder del PSC para restarle importancia, Valenciano afirmó: “Nosotros estamos trabajando en un modelo federal. Desde luego no compartimos la apreciación del señor Navarro”. Fuentes de la dirección se mostraron muy molestas porque Navarro no les informó previamente de lo que iba a decir —en un asunto de ámbito no catalán sino nacional—, y recordaron que en la propuesta de reforma constitucional que el PSC presentó hace solo dos semanas no se habla de eliminar de la Constitución el concierto vasco.

El enfado era mayor porque no es la primera vez que el socialista catalán actúa al margen del PSOE. En febrero, en pleno debate del estado de la nación, Navarro pidió la abdicación del Rey sin ni siquiera consultar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Seis días después, los diputados del PSC votaron en el Congreso a favor de la consulta soberanista. El PSOE anunció entonces un cambio en la relación entre ambos partidos, que aún no ha concretado.

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La propuesta de Navarro sobre la eliminación del concierto vasco no tuvo ayer ninguna aceptación en el PSOE: el partido “no va a incluir eso en su propuesta de reforma constitucional”, aseveraron fuentes de la dirección. Pero hay otra propuesta, relacionada con aquella, que sí avanza a marchas forzadas: la de revisar el cálculo del cupo. Ya son al menos cuatro —Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Asturias, más el PSC— las federaciones socialistas partidarias de revisarlo para que Euskadi y Navarra paguen más al Estado y, por ejemplo, aporten al fondo de solidaridad.

Esa propuesta —que no requeriría reforma constitucional— la planteó hace meses Andalucía, y luego el PSC. Ayer la defendieron el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig; el de Asturias, Javier Fernández; y, con más cautelas, el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. “No importa quién recauda, pero sí que todos aportemos lo mismo al fondo común para que haya igualdad en la prestación de servicios públicos”, dijo Puig. “Lo que yo discutiría no es el cupo sino el cálculo del cupo, que da unos recursos al País Vasco y Navarra muy superiores. No habría que discutir la singularidad constitucional sino que esta se convierta en privilegio. Eso se puede y se debe discutir”, añadió Fernández. “No se trata de quitar el concierto, sino de ir a los números. Puedes tener un sistema especial, pero no ser un privilegiado”, afirmó Fernández Vara.

Fuentes de la dirección federal admiten que el debate sobre la revisión del cupo “se ha abierto” y que, aunque en este momento no figura en el documento de reforma constitucional que está coordinando Ramón Jáuregui, podría plantearse en las próximas semanas. El documento debe cerrarse en el Consejo Territorial del 6 de julio.

Un régimen fiscal propio que avala la Constitución

EL PAÍS, Bilbao

El País Vasco cuenta desde finales del siglo XIX con un régimen económico y fiscal propio, denominado Concierto Económico, recogido en su Estatuto de Autonomía y que ampara la Constitución. En 2010, en el Congreso se aprobó el blindaje de las normas tributarias vascas, que recaudan sus impuestos a través de las Juntas Generales. A su vez, el Convenio Económico regula la autonomía financiera de Navarra dentro de España y arranca de la Ley Paccionada de 1841, conservando su capacidad para establecer sus propios tributos, como en Euskadi.

El cupo es la aportación anual que realiza el País Vasco al Estado en concepto de gastos generales que este asume por las competencias no transferidas, como Defensa o Casa del Rey, así como la representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes (Congreso, Senado, ministerios) e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE). Se calcula una contribución del 6,24% del gasto del Estado en esas materias. Se renegocia cada cinco años y ahora se mantiene prorrogado desde enero de 2011. Franco abolió el régimen especial en las declaradas como “provincias rebeldes” de Gipuzkoa y Bizkaia, pero recobraron su capacidad recaudadora en la etapa constitucional. Álava y Navarra la mantuvieron siempre.

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