Fabra suelta lastre a la espera a Rajoy
El líder valenciano se prepara para a expulsar a un cargo imputado ante la visita del presidente
Alberto Fabra necesita respirar. Lo necesitan las cuentas de la Generalitat valenciana, por lo que el presidente autonómico no se ha cansado de reclamar con insistencia al Gobierno una reforma del sistema de financiación, en abierto desafío a Mariano Rajoy. Y lo necesita el PP regional, acorralado por casos de corrupción, con una decena de cargos imputados, y cada vez más hundido por unas encuestas que auguran la pérdida de la mayoría absoluta.
El presidente de la Comunidad Valenciana busca un revulsivo en uno de sus peores momentos. Y la imputación a Rafael Blasco pone en bandeja a Fabra la excusa perfecta para respirar ante una situación complicada y en vísperas de la visita del presidente a la convención del PP valenciano, prevista para el sábado. Imputado por el saqueo de fondos públicos destinados a la cooperación cuando era el consejero de Solidaridad y Ciudadanía de Francisco Camps, en 2008, Blasco está a punto de ser expulsado del Grupo Popular en las Cortes.
La decisión está tomada. Fabra solo está esperando que la juez decrete la apertura de juicio oral para forzar la salida del exconsejero, que pasaría al grupo de no adscritos. Un gesto ejemplarizante que permitiría al presidente de la Generalitat coger un poco de aire ante la opinión pública, que reclama mayor contundencia con los corruptos, y frente a la presión constante de la oposición.
Rafael Blasco está imputado por el saqueo de fondos públicos
Esta decisión recuerda la que tomó en 2009 la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre expulsó del Grupo Popular de la Asamblea a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco tras su imputación en el caso Gürtel. La mano dura le valió a Aguirre los aplausos de varios cargos del PP. Esteban González Pons, el único dirigente valenciano que estaba y sigue en la cúpula del partido, calificó esa reacción de “estupenda”, mientras destacaba: “En Valencia no hay ningún político imputado”.
El PP valenciano tiene hoy nueve diputados autonómicos imputados en escándalos de corrupción. Además del caso Blasco, el único en el que el Consell está personado como acusación popular a través de la Abogacía de la Generalitat, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, mantienen su escaño en el Grupo Popular a pesar de estar imputados por la supuesta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Y en las distintas piezas del caso Gürtel abiertas en el TSJ ya figuran las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez, para quien la fiscalía pide 11 años de prisión, y Angélica Such, para la que el ministerio público solicita 10 años de inhabilitación en cargo público, por la adjudicación de los pabellones de Fitur a Orange Market. En Gürtel también están imputados los diputados Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García.
El PPCV tiene nueve diputados implicados en casos de corrupción
No obstante, Fabra insiste en separar la situación de Blasco del resto de los imputados. Y el exconsejero, a quien Camps otorgó también la responsabilidad de portavoz parlamentario, será el primero en caer. Mientras tanto, en Génova cunde la preocupación por la situación del partido en la Comunidad Valenciana.
La inesperada imputación del alcalde de la Castellón, Alfonso Bataller, por parte del TSJ en otra pieza derivada del caso Gürtel obligó el viernes a cambiar a toda prisa la ubicación de la convención del PP valenciano, que clausurará Rajoy. Génova decidió evitar Castellón y desplazar el cónclave a Peñíscola.
Allí, el presidente del Gobierno retomará de primera mano el contacto con un partido que vive una sensación de agravio creciente desde la formación del Ejecutivo central, en el que los populares valencianos no consiguieron colocar a ningún alto cargo. La semana pasada, el propio Fabra llegó a Génova, 13 (sede nacional del partido) “remangado” para dar batalla ante los otros mandatarios autonómicos por la reforma del sistema de financiación y un reparto asimétrico del déficit al que se oponen otros barones del PP. El viaje del presidente se interpreta como un gesto de respaldo a Fabra, igual que el desembarco de ministros de la última semana.
Rajoy, que en los años de oposición visitaba con regularidad la Comunidad Valenciana, ha evitado pisar ese territorio desde que ganó las elecciones. Valencia ya se convirtió en la campaña electoral de noviembre de 2011 en uno de los principales temores del presidente. La gestión de Camps, su imputación en la causa de los trajes y el caso Brugal daban miedo a Rajoy, que en cualquier caso logró transmitir un mensaje de moderación, lejos de los excesos dialécticos y escenográficos que muchos esperaban del acto celebrado en la plaza de toros ante unas 15.000 personas.
Pero Castellón, la provincia gobernada durante 15 años por Carlos Fabra, que será juzgado por cohecho, delito fiscal y tráfico de influencias, sigue despertando temores en algunos sectores del PP. Y ello, pese a que Carlos Fabra ya ha sido apartado de los cargos institucionales y de partido. La intervención de Rajoy en la convención política del PPCV pretende, por tanto, acabar con ese clima. No obstante, el presidente se cruzará, entre otros, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal. Ella irá a la convención a pesar de que la hipótesis de una foto con Rajoy causa inquietud en Génova. No obstante, la secretaria local del Partido Popular en Castellón, Begoña Carrasco, aseguró ayer que “todo el PP de Castellón va a unir su trabajo y esfuerzo para arropar a Mariano Rajoy y Alberto Fabra”. El objetivo: escenificar el deshielo entre los dos presidentes y tratar de ofrecer una imagen distinta del PP valenciano.
