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El abierto abanico autonómico

Montoro avanzó el déficit asimétrico para las comunidades autónomas por las grandes diferencias en las cifras de 2012. El año anterior la brecha fue mayor

Jesús Sérvulo González

“En el cierre de 2012 por primera vez las comunidades autónomas se han abierto en abanico y hay mucha diferencia entre unas y otras”, indicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al avanzar que habría un déficit asimétrico para las comunidades. Esto es, un objetivo distinto para cada territorio.

El año pasado las administraciones regionales lograron ajustar sus cuentas para reducir la desviación presupuestaria. Pasaron de un desfase del 3,3% del PIB en 2011 [gastaron 35.000 millones más de lo que ingresaron], al 1,7% en 2012 [18.000 millones]. Una proeza en plena recesión.

El Gobierno celebró por todo lo alto esa reducción. Durante todo el año pasado las apretó de lo lindo para que controlaran sus gastos y, aunque les dio todas las facilidades —plan de proveedores, FLA, ampliación del plazo de devoluciones del sistema de financiación—, también les exigió más que nunca. El abanico al que se refería Montoro tiene en los extremos a la Comunidad Valenciana, que registró un déficit del 3,5% de su PIB y a Extremadura, con solo un 0,7%. No obstante, el paipay autonómico se abrió más en 2011, cuando hubo más diferencias entre las regiones.

La comunidad presidida por Alberto Fabra (PP) es la que sacó peor nota en la carrera del déficit el año pasado. Otras cuatro comunidades también incumplieron el objetivo previsto (Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares); todas están bañadas por el Mediterráneo, la zona que ha sido la más afectada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La Comunidad Valenciana financió gastos estructurales con ingresos coyunturales procedentes del ladrillo y ha tenido más problemas de liquidez, con enormes retrasos en los pagos a sus proveedores. Es una de las comunidades que ha tenido más asistencia por parte del Ministerio de Hacienda, que le ha obligado a acentuar los recortes porque los ingresos previstos por ventas de inmuebles y privatizaciones no se han materializado. En una situación parecida está Murcia, que registró un déficit del 3%. En Andalucía (2%), el PSOE gobierna en coalición con IU y, a pesar de rebajar el déficit en 1,4%, ha jugado con el pedal del freno para perjudicar lo menos posible los gastos sociales.

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El año pasado nadie creía que las comunidades pudieran rebajar el déficit conjunto por debajo del 2%. Pero las que tenían los números rojos más abultados el año anterior fueron las que más ajustaron. Castilla-La Mancha, la más manirrota hasta 2011, logró rebajar el déficit hasta el 1,5%, seis puntos menos que el año anterior. La administración presidida por Dolores de Cospedal fue la que más empresas, fundaciones y entes públicos suprimió el año pasado y la que más rebajó la nómina de empleados públicos.

Extremadura también presentó unos buenos números, que le han servido a su presidente, José Antonio Monago, para alardear y compararse con otras autonomías, lo que le ha granjeado críticas. Redujo el déficit del 4,7% en 2011 al 0,7% el año pasado. Todo un ejemplo sino fuera porque tiene truco: cobró al final del año pasado cerca de 200 millones por el impuesto sobre los depósitos bancarios de los últimos años, ya que el tributo estuvo varado en los tribunales hasta 2012.

Cataluña (2%) es uno de los territorios con más entes (437 fundaciones, organismos autónomos, empresas públicas) y una mayor estructura pública. Aunque ha realizado serios ajustes, no logra contener el déficit por los gastos en transferencias y los altos costes financieros.

Madrid, por su parte, con un déficit del 1,09%, logró cumplir el objetivo. Pero sus dirigentes alertan de que este año será más difícil porque contará con 1.000 millones menos del sistema de financiación. Para cumplir, prevé privatizar buena parte de la gestión de la sanidad madrileña.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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