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Viaje de 400 kilómetros a Bilbao para protestar en la sede central del banco

Los antidesahucios se agrupan por entidades y se movilizan ya en autocares

Pilar Álvarez

Visto desde fuera, podría pasar por una visita turística más. Viaje de ida y vuelta a Bilbao en autobús: 20 euros. Unos 800 kilómetros en dos tacadas. Tiempo para ver la ciudad: unas tres horas. El resto se reserva para protestar. El grupo de 46 aparentes turistas tiene varios puntos en común. Perdieron su casa y mantienen la deuda o creen que están a punto de que ocurra. Todos firmaron su hipoteca con el mismo banco, Kutxabank, la entidad que integra a las tres cajas vascas.

Yolanda Guacollán (28) visita por primera vez la capital vasca. El lunes entró, también por primera vez, en una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid específica para clientes de Kutxabank. La plataforma suma una novedad a los polémicos escraches en domicilios. Ahora se organizan por bancos. “Estábamos desbordados de gente y vimos que era más fácil. La forma de actuar de cada entidad es diferente, es más operativo gestionar hipotecas similares con un mismo interlocutor”, explica Pepe Cuesta, abogado jubilado y asesor de la PAH de Madrid.

Guacollán, madre soltera, contó su problema al grupo: “Ya no tengo casa. La entregué hace tres años y mi abogada me dijo que estaba todo listo, pero no era verdad. Debo 164.000 euros que no puedo pagar. Tengo miedo de que vayan a por la de mi hermana, que es mi aval”. Le recomendaron apuntarse al viaje y se sumó con su madre, con la que trabaja envasando pollos en un matadero.

El autobús sale de Vallecas (Madrid) a las siete de la mañana. Todos llevan carpetas con formularios para pedir la dación en pago o la condonación de la deuda y escritos personales. La cita se fijó el 11 de abril para coincidir con la asamblea general ordinaria de las tres cajas vascas. “Vamos a la sede central porque a todos nos decían lo mismo en nuestras sucursales: ‘Soy un mandado, no tengo potestad’. Decidimos que era mejor hablar con quien sí la tiene”. Daysi Silva, ecuatoriana de 45 años y afectada, se sienta en la primera fila. Su piso fue subastado en diciembre de 2012 pero aún vive allí. Está a la espera de la orden de desahucio, con su hijo de 18 años y una deuda que ronda los 180.000 euros. Es administrativa en paro. Un portavoz de KutxaBank asegura por teléfono que en las oficinas situadas fuera del País Vasco también se alcanzan acuerdos. “Tienen capacidad de negociación y actúan de forma personalizada”, señala. Según las estimaciones de la entidad, casi el 3% de sus clientes están en mora hipotecaria (deben pagos) y la Kutxa alcanzan acuerdos en el 92% de esos casos.

“Los bancos no ven quién está detrás de cada caso”. Ángel Torrecilla, de Guadalajara, toma la palabra apoyado en la ventanilla del autobús. Tiene dos hijos, uno discapacitado y el otro menor de edad. Solo trabaja su mujer, que es cajera con una minusvalía del 55% y lleva seis meses de baja. Sus suegros son sus avalistas. No paga la mensualidad de la hipoteca, unos 1.100 euros, desde hace tres meses.

El autobús para en la Gran Vía bilbaína a mediodía. La cita es en la oficina de servicios centrales, donde un vigilante les impide al principio el paso. “Hay derecho de admisión”, dice. Los visitantes cogen un altavoz para proclamar a voz en grito “el trato denigrante”. Minutos después, les recibe el jefe de seguridad, con el que acuerdan “entregar los documentos de uno en uno”. Y, en vez de hacer cola en el museo como todo el mundo, la fila es en la puerta del banco. Entregan sus casos y dos cartas para el defensor del cliente de la entidad y para los consejeros, a los que explican: “Solamente se nos ofrece endeudarnos más y más”. El portavoz de Kutxabank asegura que los documentos habrían llegado igual a Bilbao si los hubieran dejado en sus oficinas en Madrid.

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Sergio Simón, de Parla (Madrid), solo tiene 27 años. Firmó una hipoteca con 19. “Pensé que era mejor comprarme una casa que gastar el dinero en un cochazo o en juergas”, explica. Ahora tiene su piso alquilado y paga el resto de la letra (760 euros en total) con ayuda de sus padres y de su novia. “Yo creía que lo estaba haciendo bien…”, dice antes de entregar sus papeles para pedir la dación en pago “antes de que pierda el trabajo de repartidor y empiece a no poder pagar”. Los clientes venidos de Madrid y Guadalajara desfilan durante más de dos horas. “Hay gente que se queda más tranquila solo con que le pongan el sello”, dice el asesor Pepe Cuesta. Yolanda Guacollán, que no se separa de su madre, sale contenta: “Me han dado una esperanza”. Desde la entidad, el citado portavoz asegura que revisarán “caso a caso”.

Se comen los bocadillos bajo techo porque jarrea en Bilbao. A las 15.30, se unen a Stop Desahucios Bizkaia y otras plataformas frente a la sede donde se celebra la asamblea general. Llegan justo después de abucheos y forcejeos entre los ertaintzas y manifestantes locales, que reclaman “la paralización de todos los desahucios”.

Las últimas tres horas toca turismo convencional. Paseo, txacolí y pintxo. Parte del grupo se acerca al Museo Guggenheim. Visto y no visto. A las nueve y media de la noche inician el viaje de vuelta. “Si no nos atienden, volveremos una vez al mes”, amenaza Pepe Cuesta. Las luces se apagan. Toca dormir.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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