ETA descarta un gesto de desarme antes del 21-O tras un intenso debate

ETA ha zanjado con el rechazo un debate interno intenso, mantenido en las últimas semanas, sobre la realización de un gesto previo a las elecciones vascas del próximo 21 de octubre que pudiera beneficiar las expectativas electorales de la izquierda abertzale. No ofrecerá, por tanto, ninguna noticia relacionada con el desarme en las fechas previas a los comicios, como preveían la mayoría de los partidos, según fuentes próximas a los independentistas.

En sus conclusiones tras el debate, la banda terrorista ha valorado que la rentabilidad del gesto para la izquierda abertzale sería mínima en este momento, por su marcado carácter electoralista. Y, además, prefiere guardar la baza del desarme para más adelante, en la expectativa de que el mapa político vasco que surja de los comicios del 21 de octubre le permita rentabilizarla mejor con un probable Gobierno del PNV que con el actual del PSE.

Este dato no obsta para que antes de las elecciones ETA sí haga algún llamamiento a apoyar las listas de la izquierda abertzale e incluso a la participación política institucional.

En lo que se volcarán los independentistas en la campaña electoral es en tratar de rentabilizar la situación de los presos etarras, por la carga emocional que este asunto tiene en su mundo, por buscar la cohesión interna y por explotar el victimismo.

La izquierda abertzale no ha saldado con éxito su campaña veraniega de movilización a favor de los presos enfermos de ETA, pese al protagonismo mediático que ha adquirido el caso Bolinaga, potenciado aún más por la disidencia del sector más radical del PP respecto a las decisiones de su Gobierno.

La izquierda abertzale tiene un problema. No controla a los presos de ETA, un colectivo en el que hay diferencias de fondo. La minoría más radical impidió en junio que el colectivo asumiera la reinserción individual de los reclusos y el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo, lo que hubiera dado un impulso al proceso de normalización en las cárceles.

Esa misma minoría de presos, unos 70 de los cerca de 600 que hay en las cárceles españolas, es la que ha marcado la pauta en la crisis abierta con el caso Bolinaga y la que arrastró a los demás presos a una huelga de hambre sin convicción. La historia acabó cuando Uribetxeberria Bolinaga cesó la huelga de hambre por presiones de su familia, que temía por su vida.

Urkullu entregó antes del verano a Rajoy siete folios con la 'hoja de ruta' del PNV

No obstante, una campaña electoral con los presos de ETA como eje movilizador permitirá a la izquierda abertzale ocultar la falta de un programa de gobierno creíble. Todo lo que está preparando son proclamas genéricas (política más participativa, igualdad, cambios en la política fiscal...), muy insuficientes en una situación de grave crisis económica.

En esa orfandad política influye, también, la reciente legalización y la disparidad de los planteamientos de los partidos que componen la coalición EH-Bildu en la búsqueda de una identidad socio política. No es lo mismo EA, que se define socialdemócrata, que Sortu, que simpatiza con los países del área bolivariana.

En todo caso, la precampaña electoral vasca hipoteca cualquier movimiento en la consolidación del cese definitivo de la violencia. Así, el PNV, al que las encuestas dan como favorito para entrar en Ajuria Enea, sí tiene una hoja de ruta sobre el final de la violencia en Euskadi, que su presidente, Iñigo Urkullu, entregó, en un texto resumido de siete folios, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el encuentro que mantuvieron en La Moncloa pocos días antes de las vacaciones veraniegas. Un dato clave si se tiene en cuenta que Rajoy considera a Urkullu su interlocutor preferente, además del PP vasco, en esas cuestiones.

Esa hoja de ruta pasa por un acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la flexibilización de la política penitenciaria, con la eliminación de las medidas excepcionales una vez que ETA ha declarado el cese definitivo de la violencia.

También reclama a ETA y a la izquierda abertzale el reconocimiento del daño causado por el terrorismo y que sean los presos etarras los que pidan los beneficios penitenciarios que otorga la legislación común. El texto dedica, además, un amplio capítulo al reconocimiento y papel de las víctimas del terrorismo, a la memoria y a la convivencia en una Euskadi en paz.

Urkullu, si se confirma la victoria electoral que le otorgan las encuestas, tratará de arrebatar la bandera de la pacificación vasca a la izquierda abertzale, pero sin hacerle el juego. No va a utilizar la cuestión de los reclusos como elemento de confrontación contra el Gobierno del PP sino que tratará de buscar la cooperación con él. Por ello le pasó a Rajoy un resumen de su hoja de ruta, que el presidente del Gobierno acogió con interés.

En esa apuesta de futuro también está el PSE. El Gobierno de Patxi López, además de impulsar la figura del Comisionado —que trabaja en contacto con el Ministerio del Interior—, ha promovido una ponencia en el Parlamento vasco sobre pacificación en la que están representados todos los partidos y en la que acabarán entrando los independentistas la próxima legislatura.

Con esta perspectiva se entiende mejor la batalla emprendida en el PP por Jaime Mayor, que ha utilizado el caso Bolinaga para impedir un proceso de pacificación que, inevitablemente y con la ley en la mano, se va a abrir paso una vez que se constituya el nuevo Gobierno vasco.