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El TSJ no admite la acción judicial de Camps contra Oltra por injurias

El Tribunal Superior valenciano remite al expresidente a un tribunal ordinario

Ignacio Zafra
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps.MÒNICA TORRES

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha rechazado admitir el acto de conciliación presentado por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps contra la número dos del Consell, Mònica Oltra, como paso previo a la interposición de una querella por calumnias contra ella. El tribunal ha remitido a Camps a los juzgados ordinarios para realizar ese trámite. El expresidente anunció la querella como consecuencia de que Oltra dijera en televisión que Camps usaba "trajes pagados con dinero negro".

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) José Ceres, el mismo que ha instruido la rama valenciana del caso Gürtel, recuerda a Camps que "el acto de conciliación tiene naturaleza voluntaria" y que los órganos competentes para conocerlos son los juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil o los jueces de paz, independientemente de que más tarde pretenda presentarse una querella civil o penal.

Camps consideró en el escrito presentado ante el TSJ a principios de marzo que Oltra había afirmado en un programa de televisión que llevaba "trajes pagados con dinero negro" que le sentaban "de miedo" pero que en realidad habían sido pagados con el dinero que algunos "saqueaban de las arcas públicas"; "lo que había detrás es una trama de corrupción de las más grandes que ha vivido este país".

El expresidente interpretó en su escrito que Oltra se refería con sus declaraciones al llamado caso de los trajes. La parte del caso Gürtel que llevó a Camps a dimitir, en la que fue juzgado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio —haber aceptado distintas prendas de vestir de la trama Gürtel— y de la que fue absuelto por un jurado en 2012.

El escrito instaba a Oltra a rectificar también en televisión de sus declaraciones al considerar que estas habían menoscabado el "honor y prestigio" del denunciante. La vicepresidenta de la Generalitat "no puede quedar exenta de responsabilidad por estos hechos, ya que no puede probar el hecho criminal que está imputando", al tratarse de unos hechos juzgados y resueltos en sentencia firme.

Camps alegaba, además, que Oltra no es desconocedora de las leyes, "pues además de su condición de parlamentaria ostenta el ejercicio activo de la abogacía" desde el año 2003, "no pudiendo por tanto permanecer ajena a la trascendencia de las graves imputaciones que vierte".

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Las declaraciones de Oltra se produjeron en el contexto de las revelaciones de otra gran supuesta trama de corrupción, la desmantelada en la operación Taula, vinculada a su vez al PP valenciano que Camps dirigió desde 2004 hasta 2011. Esta red habría cobrado mordidas por contratos que sumaban centenares de millones de euros. Y en el procedimiento hay indicios que apuntan a la participación del expresidente en los hechos.

A raíz de la publicación de esa presunta implicación, Camps compareció en conferencia de prensa a finales de febrero y negó haber tenido conocimiento o participación en tramas corruptas, cobro de comisiones o financiación irregular de su partido. El expresidente consideró que existía una campaña contra él y afirmó que tanto los socialistas como Compromís, la fuerza a la que pertenece Oltra, le criticaban porque siempre les había derrotado en las urnas.

Oltra ha opinado en diversas ocasiones que Camps tiene responsabilidad política en la etapa de presunta corrupción que ha afectado al PP regional y a las instituciones de la Comunidad Valenciana y que ahora están dirimiendo los tribunales. En una comparecencia después del pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz dijo que el expresidente debería dimitir como miembro del Consell Jurídic Consultiu y de "la vida pública".

Camps está imputado en el caso Fórmula 1, centrado en la organización del Gran Premio de Europa que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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