El Gobierno de Mas ocultó al Parlament datos clave de la gestión de ATLL

El Gobierno de la Generalitat ocultó al Parlament datos clave sobre la gestión de Aigües Ter-Llobregat, la empresa pública privatizada en 2012 en un proceso que se halla empantanado en los tribunales. El Departamento de Territori respondió por escrito a una pregunta de la CUP en noviembre de 2014 “no tener constancia” de que la empresa ganadora de la privatización —ATLL Concesionaria, del grupo Acciona— estaba pagando servicios millonarios a una empresa filial. En realidad, Territori tenía noticia de ello desde hacía nueve meses.

La información ocultada al Parlament ha adquirido especial relevancia tras el informe de la Oficina Antifraude hecho público la semana pasada, que duda de la legalidad de estos servicios y los ha remitido a la Fiscalía. La Generalitat insiste en que cuando contestó a la CUP aún no conocía los pagos y que cuando los descubrió —asegura que fue en diciembre de 2014 gracias a una auditoría— los remitió a la Agencia Tributaria porque los vio irregulares. Acciona, por su parte, rechaza enérgicamente que haya existido ninguna irregularidad en su gestión.

Según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la Agencia Catalana del Agua (ACA) —que depende de Territori— tuvo noticia por escrito de los cuestionados pagos al menos dos veces en los primeros meses de 2014. La primera fue el 26 de febrero, cuando ATLL Concesionaria celebró un consejo de administración al que asistió el entonces gerente de la Agencia, Joan Pinyol. En ese consejo fueron formuladas las cuentas anuales de 2013, en cuyo punto 13 se detalla que ATLL Concesionaria había abonado ese año un total de 7,414 millones de euros por “servicios recibidos” de Empresa Operadora ATLL, otra filial del grupo Acciona.

Solo un mes más tarde, el 28 de marzo, la Agencia volvió a recibir por escrito las cuentas anuales de ATLL Concesionaria en la que figuraban los pagos millonarios. Se las remitió, según lo establecido en el concurso de privatización, la propia concesionaria en la memoria anual de su actividad.

Pese a todo ello, el consejero de Territori respondió el 4 de noviembre en el Parlament lo siguiente: “Actualmente, la Agencia Catalana del Agua no tiene constancia de que haya habido facturación [de servicios] entre ATLL Concesionaria y la Empresa Operadora”. Cuando Vila firmó esta respuesta, Joan Pinyol había sido sustituido en la gerencia del ACA por Diego Moxó. Vila contestó así a una pregunta hecha por la CUP cuatro meses antes, pregunta que trasladaba al Parlament las denuncias que venía haciendo el sindicato CGT, que acabó denunciando el caso a Antifraude.

Ermengol Gassiot, secretario general de CGT, calificó ayer de “incomprensible que el Gobierno siga defendiendo que no conocía los pagos pese a la montaña de evidencias que muestran lo contrario”. “Ahora deberá explicar por qué está actuando así”, añadió Gassiot.

El diputado de la CUP Benet Salellas, por su parte, afirmó que “todos los que han intervenido en este proceso deben explicar lo ocurrido”. La oposición ha pedido la próxima comparecencia en el Parlament de los consejeros Santi Vila y Josep Rull, así como del director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, entre otros cargos.

La versión de la Generalitat fue dada por buena por la Oficina Antifraude en su duro informe sobre el caso. Esto le llevó a sostener que “ATLL Concesionaria no informó de las significativas operaciones realizadas con la Empresa Operadora ni ese año [2013] ni [...] a mediados de 2014”. El informe de Antifraude contiene muchas más afirmaciones, pero esta queda desmentida por los documentos consultados por este diario. Antifraude también denunció “múltiples irregularidades” en la gestión de ATLL de las que considera que pueden derivarse “responsabilidades penales”. La oficina también insta a la Generalitat a “iniciar el procedimiento de resolución del contrato”.

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