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Un informe municipal denuncia delitos de malversación en Mercamadrid

El documento sugiere la comisión de delitos en la entidad en la época en que Ana Botella fue alcaldesa

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido elevar a la fiscalía un informe jurídico que sugiere la comisión de delitos de malversación de caudales públicos en Mercamadrid en la época en que Ana Botella (PP) era la alcaldesa y su concejal Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está relacionado con una adjudicación de suelo a una empresa que, en lugar de pagar al Ayuntamiento por esa parcela, percibe del Consistorio (desde 2013 y hasta 2032) una renta mensual 41.500 euros.

Instalaciones de Mercamadrid.
Instalaciones de Mercamadrid.

El citado informe va a ser elevado a la Fiscalía Anticorrupción de forma inminente para que se depuren las oportunas responsabilidades, incluidas las penales si las hubiere. El documento ha sido elaborado por un abogado del Estado en excedencia por encargo del Ayuntamiento que preside Manuela Carmena, alcaldesa y exmagistrada de la Audiencia de Madrid. El informe, que se extiende 28 folios, trata de desenredar cómo es posible que un suelo municipal —por cuya cesión Mercamadrid (el Ayuntamiento) debería estar percibiendo al año unos 128.000 euros— se haya convertido en un martirio económico para las arcas municipales.

Dancausa dice que el acuerdo tenía respaldo jurídico

Un portavoz de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (expresidenta del Consejo de Administración de Mercamadrid), señaló ayer que Dancausa mantiene “la legalidad del acuerdo alcanzado en su día con Merca Ocio” para alquilar la nave.

Según este portavoz, el acuerdo se adoptó por unanimidad en el consejo de administración, representado también por Mercasa, donde tienen participación la sociedad estatal SEPI y el Ministerio de Agricultura.

Y que, además, Mercamadrid dispuso del aval de informes jurídicos para esa operación, sin que ninguno de ellos pusiera reparos. Dancausa también añade que, aunque ella era la presidenta del consejo, carecía de competencias ejecutivas. Tales competencias, según ella, las tenía la coordinadora del Área Económica del Ayuntamiento y entonces su vicepresidenta en el consejo, Dolores Flores.

También añade que la adjudicación de ese suelo se hizo en 2001, mucho antes de acceder ella a la concejalía y que cuando llegó al consejo se topó con los pleitos y que se buscó esa fórmula como solución por si se perdían.

Desde noviembre de 2013, en lugar de recibir ese dinero, es Mercamadrid quien tiene que pagar, todos los meses, al adjudicatario de su suelo, Merca Ocio Hoteles 22 SL, un total de 41.500 euros. Y así tendrá que hacerlo todos los meses hasta el año 2032. Y si el Ayuntamiento rescindiese la adjudicación de ese suelo, una cláusula contractual le obligaría a pagarlo todo de golpe: unos 11 millones de euros.

Merca Ocio tenía con Mercamadrid una deuda de casi 700.000 euros por los pagos periódicos derivados de la adjudicación, firmada en 2002. Pero, según el informe, solo pagó algunas cuotas y dejó de hacerlo cuando optó por llevar a Mercamadrid a los tribunales alegando que el Ayuntamiento no le daba una licencia para levantar un hotel en ese suelo.

Sin embargo, la adjudicación inicial por parte de Mercamadrid no preveía la posibilidad de construir un hotel, sino instalaciones para “servicios de restauración”. Finalmente, Merca Ocio y Mercamadrid, para retirar el pleito, acordaron que la firma municipal alquilase la nave levantada por el adjudicatario en ese suelo público y pagase por ello “15 veces más de lo que debería recibir por ceder el terreno”, subraya el informe. Ni el Ayuntamiento ni Mercamadrid han utilizado jamás para nada esa nave, pese a que el Consistorio la paga todos los meses.

Tras obtener la adjudicación en 2002, Merca Ocio, propiedad de una de las mayores fortunas de España, José Domingo Rodríguez Losada (constructor del polémico hotel Algarrobico, en Almería), construyó sobre el citado suelo municipal (la parcela I1) una nave en forma de ele que ocupa unos 2.500 metros cuadrados, que es la que después alquiló a Mercamadrid.

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El informe llama la atención sobre el siguiente hecho: Mercamadrid tiene alquilada y paga desde el 28 de noviembre de 2013 un total de 41.500 euros al mes por una nave (la que levantó Merca Ocio sobre el suelo municipal) en la que no se ha hecho ninguna actividad. El consejo de administración de Mercamadrid decidió pactar con Merca Ocio y alquilarle la nave hasta el año 2032, con la aparente finalidad de que esta retirase un pleito que, según el informe, razonablemente habría ganado el municipio si hubiese habido juicio, puesto que en el contrato inicial no existe la obligación por parte de Mercamadrid de conseguirle ninguna licencia para el hotel. Al margen de que Mercamadrid no es en sí el Ayuntamiento, aunque este sea su accionista mayoritario. En ese pleito, Merca Ocio pedía una indemnización de ocho millones.

El informe considera “desproporcionado y abusivo” el daño que genera este contrato a las arcas públicas de Mercamadrid, en cuyo consejo de administración se sientan ocho consejeros del mercado de abastos y siete designados por la Sociedad Estatal SEPI y el Ministerio de Agricultura.

Actividad de restauración

Según el citado documento, Mercamadrid nunca debió firmar un contrato tan desequilibrado en detrimento de las arcas públicas, puesto que era muy factible que ganase los pleitos, dado que en las bases de la adjudicación queda claro que se cede el derecho de uso de suelo “a riesgo de ventura” de incidencias y exclusivamente para “actividades de restauración”, no para construir un hotel.

Las cláusulas del contrato son leoninas para Mercamadrid y, por extensión, para el Ayuntamiento, que paga a cambio de nada. El importe de la renta [592.208,40 euros los dos primeros años tras la firma del alquiler de la nave en noviembre de 2013 y 623.377,20 a partir de octubre de 2015] es absolutamente desproporcionado respecto al canon concesional. “En efecto”, añade el informe, “por el derecho de superficie para servicios de restauración Merca Ocio paga 41.000 euros [al año], mientras que recibe por lo construido o edificado en dicha parcela 623.000 euros (15 veces lo que paga)”, dictamina el estudio, que, ante estas irregularidades, reclama dejar de pagar ese montante.

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