Batalla campal (jurídica) en el primer juicio a la trama Gürtel

El primer juicio a la trama Gürtel que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha vivido este jueves una batalla campal, jurídicamente hablando.

Acudía a declarar como testigo José Luis Izquierdo, el hombre al que en febrero de 2009 la policía tuvo que sacar del puño cerrado que escondía en el bolsillo de la chaqueta un pen drive con la presunta contabilidad b de la red de Francisco Correa. Izquierdo ha demostrado hoy la misma resistencia que entonces, y se ha negado durante más de una hora a responder a las preguntas de la fiscal a pesar de las advertencias del tribunal. La acalorada discusión ha terminado con la decisión de los magistrados de deducir testimonio -abrir un nuevo procedimiento penal contra él- por "obstrucción a la justicia". Un delito que está castigado hasta con dos años de prisión.

Izquierdo ha entrado acompañado de su abogado en la sala de juicio donde Correa, el resto de presuntos cabecillas de Gürtel, dos exconsejeras valencianas de la época de Francisco Camps y varios cargos intermedios de la Administración autonómica están siendo juzgados desde junio por el presunto amaño de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo por importe de cinco millones de euros.

Considerado por la investigación como el contable de la trama, Izquierdo iba con su letrado aunque solo declaraba como testigo. El motivo es que está acusado en otras piezas separadas del caso Gürtel. En la primera que se juzgará en la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 43 años de cárcel.

El tribunal valenciano, que preside Pilar de la Oliva, ha advertido a Izquierdo al principio de su declaración de que debía contestar con verdad a lo que se le preguntara por su condición de testigo. Pero ha añadido que los magistrados solo aceptarían que se le hicieran preguntas relacionadas con el procedimiento que se juzga en Valencia, centrado en la contratación del Gobierno autonómico con la trama para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur.

Desde la primera pregunta de la fiscalía -¿dónde trabajaba usted entre el año 2004 y 2009?- ha quedado claro, sin embargo, que Izquierdo no iba a contestar. El mismo intercambio dialéctico, con pocas variaciones y con un progresivo aumento de tensión entre magistrados, fiscal, abogados defensores y acusados, se ha repetido entre la presidenta del tribunal y el testigo.

-Me niego a declarar porque afecta a mi derecho de defensa.

-Esta pregunta no afecta a su derecho de defensa y es una materia incluida en este procedimiento. Si insiste en no contestar se procederá a la oportuna deducción de testimonio por obstrucción a la justicia.

-No respondo.

El tribunal ha dictado un receso y se ha quedado a solas con el testigo y su letrado para exponerles las consecuencias que podía tener para Izquierdo. En el pasillo, Correa y su presunto lugarteniente, Pablo Crespo, se quejaban de lo que consideraban una "violación de sus derechos fundamentales". "¿Sabes cómo va a acabar todo esto?", decía uno de los acusados, "con una querella por prevaricación contra el tribunal".

En la sala, el letrado de Izquierdo ha afirmado que "de un tribunal también puede deducirse una ilegalidad". El abogado ha mantenido que no podía estar seguro de que la fiscalía no fuera "a usar la información que pueda dar hoy mi cliente en futuros procedimientos". Y por ello le ha aconsejado guardar silencio, aunque ello supusiera desafiar al tribunal y enfrentarse a una causa más.