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La sanidad concertada también protesta contra los recortes

Los trabajadores de seis de los 60 hospitales integrados en la red pública comienzan a movilizarse contra los planes de ajuste que soportan desde 2010

Jessica Mouzo
Médicos en el Parc Taulí de Sabadell.
Médicos en el Parc Taulí de Sabadell.CRISTÓBAL CASTRO

Los recortes acechan a la sanidad concertada catalana, unos 60 hospitales de la red pública. A falta de un convenio laboral colectivo para todo el sector, los sindicatos de los hospitales llevan desde 2012 negociando acuerdos individuales con sus gerencias y, según denuncian los trabajadores, para este 2015, los directivos han puesto sobre la mesa de negociación algunas propuestas que amenazan de nuevo sus derechos laborales. Esta vez, los empleados de algunos hospitales concertados se han negado a aceptar nuevas rebajas retributivas y han decidido pasar a la acción con concentraciones de protesta para exigir más financiación para sus centros.

A las primeras manifestaciones, auspiciadas por los trabajadores del Consorcio Sanitario de Terrasa (CST), se han unido, en sólo tres semanas, los empleados de otros cinco hospitales concertados. “El Parc Taulí de Sabadell, la Atención Primaria de Badalona, la Fundación Althaia de Manresa, el hospital de Vilafranca y el Pius Hospital de Valls también están realizando acciones de protesta, pero esperamos que en unas semanas vaya a más y se extienda a todos los centros de la concertada”, sintetiza Xavier Lleonart, presidente del comité de empresa del CST y vicesecretario general del sindicato Metges de Cataluña (MC). En la última manifestación, el pasado viernes, los trabajadores del CST también contaron con el apoyo de miembros del comité de empresa de la Mutua de Terrassa.

El presupuesto de los hospitales, que arrastra un recorte continuado desde 2010, es prácticamente el mismo que el del año pasado, pero las circunstancias económicas a las que hacer frente se han endurecido. El IVA sanitario ha pasado de un 10% a un 21%, los precios de los gastos corrientes como luz o agua han subido y, según Lleonart, Salud exige que, con la misma contratación, los centros mantengan el aumento de actividad quirúrgica de un 2% exigido el pasado verano para atajar las listas de espera. Sólo la subida del IVA sanitario, advierte el facultativo de Terrassa, supondrá para el CST un “gasto extra de entre 500.000 y un millón de euros”. “Los trabajadores no vamos a hacer de banqueros de los hospitales”, zanja el médico. Sobre la mesa de negociación del CST —que engloba al hospital de Terrassa, dos centros de salud mental y siete centros de atención primaria— se han puesto medidas de ahorro como congelar los incentivos por carrera profesional o condicionar los pluses por objetivos a no hacer déficit o “amortizar puestos de trabajo no indispensables”.

Los empleados de todos los hospitales que se han unido a las protestas coinciden en que el problema es “la infrafinanciación” de sus centros y la única forma de arreglarlo es que Salud aumente las partidas destinadas a estas empresas. “Desde 2010, el Servicio Catalán de la Salud (Catsalut) no nos financia sobre la actividad que realizamos y la complejidad que tenemos; ellos mismos lo han reconocido. No es un problema de eficiencia, estamos infrafinanciados con respecto a la media de Cataluña”, se queja Jordi Cruz, delegado de MC en el hospital de Mataró. Su centro no se ha unido a las protestas porque la gerencia ha dado una prórroga de tres meses al pacto del año pasado. Pero Cruz asegura que simplemente “se ha aplazado el problema” y que en unas semanas no tendrán más remedio que “sumarse a la guerra” porque solo el IVA sanitario supondrá un gasto extra “de 1,5 millones para el hospital”. Los trabajadores ya tienen, además, la paga vinculada a objetivos sujeta a un equilibrio presupuestario que, dadas las circunstancias, nunca alcanzan.

Otra de las quejas de los usuarios de la concertada es que, a diferencia de los funcionarios públicos, no cobrarán la paga extra que se suprimió en 2012. “Somos trabajadores públicos para lo que quieren, como para sacarnos la paga extra, pero luego para devolverla dicen que no, que nosotros somos personal laboral, no funcionario, y no hay dinero para restaurar esa paga”, critica Concha Antolín, delegada de MC en la Fundación Althaia. Pese a que el consejero de Salud, Boi Ruiz, se comprometió a devolver esa retribución a todos los sanitarios de la red pública, los trabajadores se muestran descreídos con la promesa.

“Nosotros queremos que nos devuelvan la paga como a los funcionarios pero hay un problema de financiación y no lo van a hacer porque lo que falta siempre nos lo cogen a los trabajadores”, apunta Antolín. Los trabajadores de Althaia se han unido a las protestas con una acampada en el vestíbulo de la zona de consultas hace dos semanas y una chocolatada al día siguiente para informar a los usuarios de su situación. La empresa ha decidido de manera unilateral aplicar el artículo 41 del estatuto de los trabajadores —modificar sustancialmente las condiciones laborales por razones económicas— y esto implica “un 5% menos de sueldo, la reducción de las condiciones de las bajas y no remunerar los niveles profesionales”, apunta Antolín, que asegura que su entidad ha visto reducido su presupuesto en cinco millones en los últimos años. “Y 3,5 de ellos los asumió el personal”, subraya. Los empleados de Althaia también están recogiendo firmas de apoyo entre los ciudadanos y en la fiesta mayor de Manresa las entregarán al Ayuntamiento tras una concentración con velas.

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La aplicación del artículo 41 también ha sido el detonante para que otros centros sanitarios se implicasen en la ola de protestas. Es el caso de los trabajadores de la empresa municipal Badalona Servicios Asistenciales (BSA) —a la que pertenece el hospital municipal, seis ambulatorios y otros centros socio sanitarios. Los empleados denunciaron un nuevo recorte salarial que asciende al 7% y que se suma a otra reducción retributiva del 5% pactada en agosto de 2013 durante un año y medio y al acuerdo de recortar un 7% la paga por objetivos. Los sanitarios de Badalona, que se manifestaron la pasada semana en la plaza del Ayuntamiento, presentaron una denuncia ante el Tribunal Laboral de Cataluña por la aplicación del artículo 41.

Más de lo mismo sucedió a finales de 2014 en el Pius Hospital de Vall: “Como no se logró un acuerdo, la empresa envió una carta explicando las medidas que aplicaría de forma unilateral y que implican una reducción del 3,5% en el sueldo y del 40% en la paga extra de Navidad para 2015. Además, las retribuciones por objetivos se meritarán en función del equilibrio presupuestario”, explica el presidente del comité de empresa, José Manuel Vicente Colomer. El facultativo asegura que entre 2012 y 2014, se ahorraron “5,6 millones en sueldos” y la empresa pretendía recortar este año dos millones más. Los trabajadores del centro sanitario se han unido a las protestas al estilo de Terrassa, manifestándose todas las semanas en su hospital. “No vamos a parar hasta que se revierta esta situación”, avisa Vicente Colomer.

 

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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