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Obras sin vida del segundo Plan E

El Tribunal de Cuentas descubre cinco proyectos valorados en 14,7 millones que no se utilizan

Antigua Cárcel de Córdoba, en el barrio de Fátima, tras la rehabilitación.
Antigua Cárcel de Córdoba, en el barrio de Fátima, tras la rehabilitación.j. m. vacas

Entre 2009 y 2010, una lluvia de dinero cayó sobre los Ayuntamientos de toda España. Se trataba del llamado Plan E, puesto en marcha por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se hizo patente la gravedad de la crisis. Por un lado, se desarrolló el Fondo Estatal de Inversión Local, con 8.000 millones de euros y, por otro, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Feesl), con 5.000 millones. Andalucía fue, junto a Cataluña y Madrid, la comunidad que más dinero recibió de los Feesl: 861,2 millones para reactivar el empleo a corto plazo mediante obras y proyectos de inversión que implicasen al sector de la construcción, uno de más castigados. Cinco años después, el Tribunal de Cuentas ha publicado un informe en el que se constata que al menos 14,7 millones de euros se invirtieron en proyectos de Málaga (PP), Sevilla (gobernada entonces por una coalición de PSOE e IU) y Córdoba (IU y PSOE) que no se hicieron, no se usan o están infrautilizados. En algunos casos, incluso, no se ha llegado a devolver el dinero al Estado.

Los inspectores del Tribunal de Cuentas que visitaron Andalucía para comprobar la inversión de los fondos encontraron sin uso, a 1 de mayo de 2013, cinco proyectos: la rehabilitación de la antigua prisión de Córdoba (768.000 euros); la adecuación de un edificio en la misma ciudad para convertirlo en Casa de la Igualdad (400.000); la estación de bombeo y las instalaciones del futuro Auditorio de Música de Málaga (11,2 millones); la nueva sede del distrito Macarena Norte, en Sevilla, (1,4 millones) y el Centro de Mayores del polígono San Pablo, también en Sevilla (950.000).

Por su volumen de inversión, las dos obras del Auditorio de Música de Málaga son, junto al aparcamiento del Mercat dels Encants, en Barcelona (5,6 millones), los proyectos que más recursos del fondo recibieron de toda España. Pero los más de 11 millones invertidos en la ambiciosa infraestructura cultural malagueña cayeron en saco roto. El informe del Tribunal de Cuentas constata que las obras de las estaciones de bombeo y de instalaciones del Auditorio finalizaron el 30 de diciembre de 2011, “si bien las pruebas realizadas para su puesta en funcionamiento revelaron defectos que lo impidieron, siendo necesaria la realización de reparaciones”, aclara el documento del tribunal.

Y todo se enmarañó todavía más cuando, pese a encontrarse en periodo de garantía, la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecutó ambos proyectos no realizó los trabajos necesarios para arreglar las deficiencias que impedían su puesta en uso. Por ello, el 19 de octubre de 2012, el Ayuntamiento decretó la apertura del procedimiento de ejecución de fianza por defectos en la ejecución de la obra. En definitiva, ambos proyectos continuaban sin uso a diciembre de 2013, dos años después de su financiación. Y el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un procedimiento judicial con la compañía aseguradora del proyecto. En mayo, el Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento de la capital liquidaron el consorcio que debía dirigir la construcción del recinto.

Los Ayuntamientos de Málaga, Sevilla y Córdoba tienen cuentas pendientes

En Sevilla, el principal proyecto de los Feesl fue la construcción de la nueva sede del distrito Macarena Norte. El Ayuntamiento recibió 1,4 millones de euros para financiar la obra. Los trabajos comenzaron, pero la declaración en concurso de acreedores y la realización de un expediente de regulación de empleo en la empresa contratista supuso la paralización de la obra cuando ya se encontraba hecha en un 90%. “Desde entonces la ejecución estuvo paralizada, al no adjudicar el Ayuntamiento el contrato a otra empresa, tiempo durante el cual fue aprobado un modificado del contrato inicial que incrementó su presupuesto en 264.678 euros”, señala el informe del Tribunal de Cuentas. Durante la inspección efectuada en mayo de 2013, la obra se encontraba paralizada, si bien contaba con seguridad privada para evitar robos y otros actos de vandalismo.

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La capital de la Costa del Sol recibió 11,2 millones para el Auditorio

Algo muy distinto ocurrió con el Centro de Mayores del Polígono San Pablo, que nunca se llegó a construir a pesar de recibir 951.000 euros de dinero público. El proyecto no se ejecutó ni comenzó su construcción como consecuencia de defectos en el proyecto de obra redactado por los técnicos municipales. Estos funcionarios llegaron a plantear una modificación del proyecto, pero el Ayuntamiento decidió no aprobarla porque se habían introducido modificaciones sustanciales al documento inicial. “A pesar de no comenzarse la construcción del edificio, ni el Ayuntamiento reintegró los fondos al ministerio ni éste inició expediente de reintegro”, subraya el Tribunal. Además, se encontraba pendiente de resolución judicial la reclamación de indemnización del adjudicatario del contrato por valor de 52.200 euros.

En el caso de la reforma de la antigua prisión del barrio de Fátima, en Córdoba, las obras sí que se terminaron el 3 de marzo de 2011. Pero el Tribunal de Cuentas critica que “como consecuencia de su falta de vigilancia por parte del Ayuntamiento, el edificio fue objeto de varios robos que supusieron la sustracción de elementos estructurales, tales como ventanas, cañerías, grifería, o conducciones eléctricas, así como graves desperfectos ocasionados durante los robos”. En la inspección realizada en abril de 2013 se verificó “su estado de deterioro y abandono y se constató la inexistencia de estudios o proyectos para su puesta en uso”, señala el informe. No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Córdoba señalan que en las próximas semanas se liberará una partida de unos 200.000 euros para la reposición del mobiliario y de los elementos estructurales saqueados por los ladrones. Mientras que la rehabilitada Casa de la Igualdad, inaugurada el pasado marzo, los técnicos del Tribunal no encontraron equipamiento alguno y todavía se estaba a la espera del traslado del personal del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento, previsto para finales de 2013.

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