Sin los servicios sociales no se desahucia

"Se ha suspendido el desahucio sin nueva fecha porque la familia tiene cuatro menores y no se han presentado los servicios sociales municipales". Así comunicaba esta mañana uno de los integrantes de la comitiva judicial la suspensión del desahucio de una familia que ocupa una de las casas baratas del barrio del Bon Pastor de Barcelona, donde se han concentrado una veintena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La paradoja es que la casa pertenece al Patronato Municipal de la Vivienda, que es quien ha solicitado el desahucio, y que ha sido la ausencia de asistentes sociales del propio ayuntamiento quien ha impedido que se ejecutara. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Generalitat y el Ayuntamiento firmaron hace un año un protocolo por el que no se ejecutan desahucios de familias con menores sin la presencia de los servicios sociales que se ocupen de asistirles. El consistorio asegura que si los servicios sociales no estaban ha sido debido a "un malentendido".

La ocupante de la vivienda, que ha pasado de la angustia por el desahucio a pegar saltos de alegría, es María Escudero. Tiene 35 años y cinco hijos de 18, 17, 13, 12 y 10 años. Sin relación con el padre de los cuatro primeros, relata, el de la última se encuentra en prisión por abusos sexuales. "Cuando entró en prisión nos metimos aquí que es dónde habíamos vivido con él antes de producirse los abusos, y descubrimos que debía 8.000 euros", explica. La pequeña casa que ocupa la familia, en la calle de la Granadella, es de las que serán derribadas cuando se produzca la tercera fase del realojo de los vecinos en pisos de nueva construcción, cuyas obras están avanzadas, aunque el plan lleva al menos cuatro años de retraso.

Escudero asegura que presentó un escrito al Ayuntamiento: "Yo no me niego a pagar, solo pido pagar acorde a mis ingresos de mil euros y a la circunstancia de que tengo cinco hijos". Esta mañana solo el mayor, José, estaba en la casa. El resto han ido al colegio. La mujer asegura que pese a la insistencia el Ayuntamiento no le facilita ayudas.

El consistorio barcelonés subraya que se trata de "un caso de ocupación ilegal" y argumenta que el Patronato "no puede consolidar ocupaciones ilegales del parque público de viviendas que gestiona y que tiene unos mecanismos reglados para acceder a él". Sobre la ausencia de los servicios sociales, la respuesta del ayuntamiento es que "se ha activado el protocolo habitual de estos casos pero por un malentendido cuando se ha llegado al domicilio la comisión ya se había marchado".