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EL ACENTO
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Irregularidades en Gijón

La Oficina Antifraude de la UE revela que se inflaron precios en la ampliación del puerto del Musel

SOLEDAD CALÉS

La trama es enrevesada, pero diáfana la conclusión de un escrupuloso informe. Y la UE vuelve a darle así un severo coscorrón a una determinada manera de gestionar las obras públicas en España. La Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha recomendado a la Comisión que reclame los 198 millones de euros de fondos europeos que se destinaron a la ampliación del puerto del Musel, en Gijón, y que no abone ni un céntimo más de los 49,5 que le quedan por transferir. Las razones que esgrime son variadas, y sacan los colores: “Irregularidades con la licitación pública”, “fallos serios en los sistemas de control y gestión”, “fallos en el pesado de los camiones”, “sospechas o indicaciones de información falsa respecto del material transportado”, “precios diferentes a los acordados para la piedra, incluyendo piedras otorgadas de forma gratuita”, “ausencia de controles por parte de las autoridades nacionales...”.

No está de más escuchar al que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y que adjudicó, en 2005, el proyecto a una unión temporal de empresas formada por Dragados, FCC, Sato y Alvargonzález. Fernando Menéndez Rexach sospecha que se ha armado un caso con la voluntad de poner en duda “el sistema de obra pública español”. Y defiende que todo se hizo conforme a la ley, que la Abogacía del Estado informó favorablemente de los procedimientos y que la Fiscalía Anticorrupción archivó una investigación a propósito de los sobrecostes.

Porque sobrecostes, haberlos hubo. En 2007 ya se calculó que habría que añadir poco más de 216 millones de euros a los casi 500 presupuestados inicialmente. El mayor coste: la cantidad de piedra que se necesitaba para ganarle terreno al mar. Y es ahí donde la OLAF llama la atención sobre los supuestos descontroles: Sato, por ejemplo, era dueña del 30% de la cantera de Aboño, que iba a aportar la mayor cantidad de piedra. Luego resulta que se utilizó piedra de otro lugar próximo (que le salía gratuita a la empresa) y de otro lejano, que resultó carísima. En fin, el culebrón. Europa ha investigado; toca responder con rapidez y pulcritud. Mostrar cómo no se gastó ni un solo euro en vano, y acabar así con el posible caso.

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