La tarea inacabada de Catalá

Mariano Rajoy resolvió por la vía rápida —como hizo con la sustitución de Miguel Arias Cañete por Isabel García Tejerina— la crisis originada por la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón con el nombramiento de Rafael Catalá, al que conocía de su época como ministro de Administraciones Públicas (Catalá fue director general de la Función Pública entre 1996 y 1999). El presidente ha colocado a un técnico de confianza que ha mostrado su solvencia en los diversos cargos que ha pasado por la Administración, a sabiendas del agujero que la marcha de Catalá de Fomento le supone a su amiga la ministra Ana Pastor.

El ya exsecretario de Estado de Planificación e Infraestructuras se había labrado un prestigio como número dos del departamento y, como tal, la confianza de la titular, a la que suplía con eficiencia, a juzgar por las evaluaciones de los interlocutores que ha tenido en este periodo y que reconocen en él a “un hombre de Estado con el que se podía discutir y alcanzar acuerdos”.

Y, eso, pese a que le ha tocado vivir posiblemente la época más restrictiva de gasto en el ministerio más gastador. Le ha tocado gestionar más los recortes que la inversión, que habría sido lo más fácil, y comerse más de un marrón, como el fiasco de las autopistas radiales. Quizá el ministerio no ha sido todo lo beligerante que debiera; pero ganarse el reconocimiento de los constructores cuando apenas puede hacer pliegos de licitación tiene mucho mérito.

Catalá, en esas circunstancias, no ha podido cerrar ninguna de los frentes que tenía abiertos: la privatización de Aena, la nacionalización de las autopistas radiales y la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril, principalmente. En el entorno sectorial preocupa que su marcha vuelva a ralentizar el proceso de las tres cosas.

En estas fechas se está cerrando el rescate de las ocho radiales quebradas que el anterior Gobierno del PP —con el que él trabajó en Educación, Hacienda (subsecretario de 2000 a 2002) y Justicia (secretario de Estado de 2002 a 2004 con José María Michavila de ministro, además de Administraciones Públicas—, reconociendo implícitamente, tanto él como la ministra, la barbaridad que se cometió con la construcción de las mismas. Para ello, el Gobierno —también participa Economía— proyectó una reestructuración de la deuda (superior a 4.100 millones de euros) mediante una quita que la reducirá a la mitad y en la que participan las constructoras.

También por sus manos han pasado los diversos planes para la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) hasta que se dio con el diseño definitivo, según el cual el grupo quedó dividido en dos partes: Enaire (encargada de la regulación, el espacio aéreo, las pistas...) y Aena S A, heredera de la antigua Aena Aeropuertos y que se ha quedado con el resto. De esta, se pondrá a la venta el 49%.

Catalá, que fue director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de Aena entre 1992 y 1996 y había asumido la presidencia de Enaire —el nombre dado al grupo para su reestructuración— se encontraba ahora enfrascado en esta operación, para cuya formalización de ofertas había puesto de plazo el 8 de octubre. Según Catalá, se trabaja con una lista de al menos 15 intenreadsos, mucho de ellos fondos de inversión, aunque al parecer solo tienen visos de mantenerse en torno a la media docena.

Con la venta del 49% de Aena, el Gobierno espera ingresar entre 2.000 y 2.500 millones de euros, en una operación que tendrá además del mencionado tramo para inversores de referencia, otro tramo para inversores institucionales y una pequeña participación destinada a particulares. La operación ha generado intcertidumbres, ya que de los 46 aeropuertos que incluye, solo una media docena son rentables (Madrid, Mallorca, Málaga y Barcelona entre ellos). Además, el control de la gestión lo retiene el Estado, lo que hace la operación menos atractiva para los gestores puros de infraestructuras. De hecho, las principales constructoras/concesionarias españolas han rehusado participar en el proceso por la falta de control sobre el activo.

En cuanto a la liberalización del ferrocarril, que tiene previsto empezar por el corredor mediterráneo, se ha encontrado con un rechazo casi total al proyecto porque, según los posibles participantes, dejaba mucho poder a Adif sobre el resto.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, se encuentra ante la necesidad de encontrar un sustituto de Rafael Catalá para cumplir el año largo que falta de legislatura. En el entorno ministerial se barajan los nombres del subsecretario, Mario Garcés, un hombre que cuenta con la confianza de Genova y La Moncloa y que tiene un perfil parecido a Catalá, y de Pablo Vázquez, una persona muy cercana a Pastor que en la actualidad es presidente de la ingeniería Ineco. También se ha hablado de Antonio Alonso, ex director general de Carreteras y en la actualidad en Medio Ambiente, y de Julio Pomar, presidente de Renfe, que tiene una dura tarea al frente de la compañía ferroviaria.