Los afectados por las preferentes toman los ayuntamientos gallegos
Los afectados por las participaciones preferentes de Galicia han dado un paso más en sus acciones de protesta y reivindicación de una solución global, y de encierros en cajeros y sedes bancarias han pasado a ocupar ayuntamientos, como los de O Rosal, Gondomar, Sanxenxo y Tui, en la provincia de Pontevedra, y el de Boiro, en A Coruña.
Atrás quedaron las concentraciones, pitadas y caceroladas ante sedes bancarias y las masivas protestas en los actos políticos en los primeros días de furia de clientes que no podían recuperar lo invertido en estos productos híbridos -preferentes y deuda subordinada- que de un plumazo se quedaron sin mercado.
La incertidumbre se ha ido transformando en indignación en vista de las quitas que sufrirán los tenedores de productos tóxicos, y cuando no son encierros, son manifestaciones, algunas cargadas de ironía como una procesión de almas en pena en Vigo, o incluso una huelga de hambre rotatoria y por turnos que tuvo lugar en Ferrol.
El pasado mes de diciembre, Francisca Alonso, una vecina de Gondomar (municipio del sur de Pontevedra) de 60 años, dijo basta.
Cansada de reclamar la devolución de sus ahorros, unos 20.000 euros que invirtió en deuda subordinada perpetua, decidió encerrarse en un cajero de Novagalicia Banco.
Aunque tuvo que abandonar el encierro por problemas de salud tras pasar una noche junto a tres compañeras, su acción fue el germen de un nuevo movimiento reivindicativo que tuvo continuidad en otros puntos como Cangas y Moaña, y que adquirió una nueva dimensión con la toma del ayuntamiento de O Rosal, en la provincia pontevedresa.
Tanto en este municipio cercano a la desembocadura del Miño, denominado "el epicentro" de las preferentes en Galicia porque de un total de 6.600 habitantes, en torno a un millar de familias se han visto afectadas, como en el de Gondomar, los afectados pasaron las Navidades y despidieron el año lejos de sus casas. Y allí siguen.
Desde entonces, la toma de ayuntamientos se ha ido extendiendo por Sanxenxo, Boiro, y a partir de hoy, Tui, municipio limítrofe con Valença do Minho (Portugal), donde medio centenar de afectados pretenden impedir la celebración de un pleno previsto para esta tarde.
Esta es la nueva estrategia: interrumpir en lo posible la actividad de los consistorios para forzar a que sus alcaldes medien en la búsqueda de una "solución política", en tanto en cuanto el Estado es el actual propietario de Novagalicia Banco, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Además de a los alcaldes, los afectados piden la implicación de otras instituciones, como las diputaciones.
Hace seis días, la sede de la Diputación de Pontevedra fue tomada momentáneamente por un grupo de manifestantes mientras en su interior el presidente del ente provincial, Rafael Louzán (PP), se reunía con varios alcaldes, quienes recibieron abucheos y recriminaciones en medio de una sonora pitada.
A mediados de diciembre, un grupo de perjudicados obligó con su airada protesta a suspender el pleno del Parlamento de Galicia, donde alguno de los damnificados llegó a amenazar con "sangre" si no se arbitraba una salida justa para la recuperación de sus ahorros.
Mientras, Novagalicia Banco, con 43.000 afectados, se ha visto en la tesitura de clausurar en dos ocasiones oficinas en la comarca del Morrazo alegando motivos de seguridad para clientes y trabajadores.
La principal de Moaña lleva clausurada indefinidamente desde comienzos de año.
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, en una intervención ante el Parlamento de Galicia el pasado diciembre destacaba que la Xunta había sido la primera administración pública en el Estado en apostar por la solución del arbitraje, una fórmula que ha posibilitado que 11.000 ahorradores recuperen su dinero: en total más de 220 millones de euros.
También había asegurado que los laudos tienen la misma validez que una sentencia judicial firme y que según sus datos 23 árbitros trabajan en esta vía de resolución del problema, y que atienden una media de 200 casos por día.
Jorge Morales
