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El ex Síndic de Comptes recuerda que las Cortes Valencianas rehusaron investigar Ciegsa

Vicente Queralt señala que su institución carecía de medios y atribuciones para ir más allá

Rafael Vicente Queralt, ex Síndic de Comptes, en la comisión de investigación de Ciegsa de las Cortes Valencianas.
Rafael Vicente Queralt, ex Síndic de Comptes, en la comisión de investigación de Ciegsa de las Cortes Valencianas.

Rafael Vicente Queralt, que fue Síndic Major de Comptes entre 2003 y 2016, ha recordado este lunes en la comisión de investigación parlamentaria de Ciegsa que las Cortes Valencianas rehusaron indagar con profundidad las irregularidades detectadas en esta empresa pública por parte del organismo fiscalizador, que las advirtió año tras año.

Vicente Queralt ha destacado, además, que la Sindicatura carecía no solo de atribuciones para actuar de forma independiente, sino también de medios para ir más allá de lo que hizo. Comparecer cada año en la Cámara y presentar sus informes, en los que advertía regularmente de irregularidades en el terreno de la contratación, los sobrecostes, el marco laboral y otros. Y remitir los aspectos más "dudosos" al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía de este órgano.

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa) está siendo investigada por las Cortes Valencianas después de que la investigación del caso Taula haya situado a esta empresa pública en el centro de la presunta trama del 3% del PP valenciano.

Según los testimonios e indicios que obran en el sumario, Ciegsa se convirtió en la principal fuente de mordidas de la red, que dirigió durante años Máximo Caturla, uno de los cuatro principales imputados en el caso. El arrepentido Marcos Benavent ha mantenido que esta empresa pública fue creada desde el inicio para cobrar comisiones.

"El control que hicimos fue el que la ley establecía", ha dicho este lunes el exsíndic, jubilado desde hace un año, que ha defendido su labor. "Nunca recibimos órdenes de nuestros jefes, que eran ustedes (en referencia a los diputados), para ampliar la investigación". La sindicatura no puede profundizar en una empresa u organismo concreto "salvo que se lo encomienden las Cortes". "Y no tiene capacidad de realizar una fiscalización coercitiva", ha declarado.

La portavoz socialista en la investigación, Ana Barceló, ha recordado que los intentos de su grupo parlamentario por ampliar el examen sobre los problemas de gestión observados por la Sindicatura chocaron con las mayorías absolutas que el PP tuvo en la Cámara desde los años noventa hasta 2015.

No asumir la deuda

Vicente Queralt ha destacado que la propia naturaleza de Ciegsa hacía más difícil vigilarla que a un departamento de la Generalitat, ya que las empresas públicas "no tienen control previo, sino solo control financiero posterior". Su condición de empresa también permitió durante años a los gobernantes autonómicos mantener la ficción de que la gigantesca deuda que iba acumulando no era de la Generalitat, sino de la propia Ciegsa. "Más veces no se pudo advertir", ha dicho el exsíndic, "y al final se tuvo que computar" por parte del Ejecutivo valenciano.

A preguntas del PP, Vicente Queralt ha señalado que el organismo nunca habló de sobrecostes por importe de 1.000 millones de euros, como sí ha señalado la Intervención de la Generalitat. "Nosotros sí hablamos de una deuda de 900 millones de euros", ha agregado.

Los sobrecostes detectados por la Intervención se basan en la comparación de una serie de colegios construidos por Ciegsa con otros edificados directamente por la Consejería de Educación. El hecho de que los primeros fueron significativamente más caros es un indicio más para la Fiscalía Anticorrupción del cobro de comisiones por parte de los responsables de la empresa pública. Vicente Queralt ha planteado que una correcta comparación de ese tipo requeriría una "auditoría operativa de eficiencia", más compleja, y que la Sindicatura no pudo plantearse hacerla por "insuficiencia de medios".

El exsíndic ha señalado que el procedimiento negociado sin publicidad, utilizado con frecuencia en Ciegsa, es legal, "pero es necesario que se use poco porque limita la concurrencia". "También ocurría que se declaraba urgente un colegio" para evitar trámites administrativos más duros "y luego se tardaba tres meses en empezar". Vicente Queralt ha mencionado también que los barracones (aulas escolares prefabricadas) "se adjudicaban siempre a las mismas empresas".

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