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Los jueces culpan a la Guardia Civil de la absolución general en el ‘caso Guateque’

La Audiencia acusa al instituto armado de "mala fe" en la trama de las licencias municipales

Los 30 acusados del caso Guateque en la Audiencia Provincial.
Los 30 acusados del caso Guateque en la Audiencia Provincial.

La grabación que dio origen a la investigación judicial del caso Guateque —una enorme trama de presunta corrupción de empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que mercadeaban con las licencias municipales— se consiguió “sin autorización judicial y al margen de cualquier procedimiento penal”. Esa es la razón por la que la Audiencia Provincial de Madrid considera nula esa prueba —y todas las que llegaron a partir de ella— y absuelve a los 30 acusados en el proceso. La sentencia, difundida ayer, llega a decir que los agentes de la Guardia Civil actuaron de “mala fe” para conseguir la grabación.

Una década después de que saltara el escándalo por la mayor trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos, en el que llegaron a estar implicados más de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento madrileño durante la época como alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el caso se ha quedado en nada y todos los acusados han sido absueltos. La sentencia firmada ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid —y contra la que aún cabe recurso— considera que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son inadmisibles, ya que queda anulada la grabación que dio origen a todo lo demás, en la que un empresario aseguraba que se podía conseguir una licencia con más rapidez pagando a un funcionario municipal.

La sentencia es casi en su totalidad una durísima reprobación a los métodos utilizados por los agentes de la Guardia Civil para conseguir esa prueba, que “no solo no supera los controles de legalidad constitucional ni los de estricta legalidad ordinaria, sino que ni siquiera existe”. Los magistrados manifiestan que no comprenden por qué durante el juicio no se aportó ninguna prueba sobre la grabación ni se llamó a declarar a ningún guardia civil para interrogarle sobre el paradero de la cinta donde se registró la conversación. “No existe tal supuesta grabación, por lo que la instrucción y el proceso entero se han construido sobre la nada más absoluta”, concluyen con dureza los magistrados en el fallo. De hecho, llegan a asegurar que los agentes “actuaron de mala fe”.

Dos instructores y 30 procesados

La acusación. Pago de sobornos a funcionarios municipales para obtener licencias de locales.

El juicio. 10 años de proceso y cuatro meses de sesiones en la Audiencia Provincial.

Dos instructores. El juez Santiago Torres inició la causa y la juez Rosa M. Freire la terminó.

Los procesados. 30 acusados, para los que el fiscal pedía un total de 250 años de prisión.

Para empezar, la sentencia pone de manifiesto las contradicciones entre la versión mantenida en el atestado de la Guardia Civil en el momento de esa grabación, hace casi 10 años, y la que recogió meses después la juez de instrucción de la Audiencia Provincial en sus investigaciones. El atestado aseguraba que había sido el testigo protegido Joaquín Hernández quien había decidido recoger la prueba voluntariamente y con sus propios medios; sin embargo, la magistrada asegura más tarde que fueron miembros de la Comandancia de Tres Cantos quienes entregaron a Hernández el aparato para registrar la conversación con el empresario Sanz Escribano (unos de los principales acusados del caso).

“Joaquín Hernández [el testigo protegido] fue un mero instrumento utilizado por agentes [...] de la Guardia Civil para conseguir grabar de forma subrepticia una determinada conversación, gracias a su condición de antiguo cliente, en el despacho profesional de Antonio Sanz Escribano”, reza la sentencia. Los agentes, añade, no solo planificaron todo, sino que “proporcionaron los instrumentos necesarios para que se pudiera llevar a efecto”.

Por eso los magistrados consideran que la grabación no cumple los requisitos fundamentales para ser válida. Por ejemplo, el que dice que solo la autoridad judicial puede autorizar al sacrificio del derecho a la intimidad de la persona grabada únicamente para investigar un delito concreto o para detener a sus responsables, si hay indicios previos. Y en este caso, aseguran, no hubo juez que diera permiso ni había denuncia previa.

 

30 acusados

En el proceso estaban acusadas 30 personas, entre ellas 19 funcionarios del Consistorio. El fiscal solicitaba para todas ellas una pena conjunta de 250 años de cárcel. Se las acusaba de cohecho, de delito continuado de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, de tráfico de influencias, de prevaricación ambiental y de negociaciones prohibidas a funcionarios.

La trama estaba supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos —al que se le imputaban 14 delitos—, el exjefe del Área municipal de Impacto y Análisis Ambiental. Pero también tenían un papel importante Mario Mínguez y Fernando Ruiz, dos funcionarios del área de Disciplina Urbanística, y José Antonio Jodar, funcionario de la Concejalía de Urbanismo. Según los investigadores, el funcionario municipal Carmelo García y el intermediario Santiago Castillo —a los que se les imputaban 12 delitos— eran los encargados de captar a los empresarios que querían abrir un negocio en Madrid, y les pedían dinero a cambio de lograr el favor de determinados funcionarios del Ayuntamiento.

Tres acusados confesaron ser culpables

ara López Moreno, exfuncionaria municipal de Chamberí, y los empresarios inmobiliarios Julián Félix Serrano y Salvador José del Campo, fueron los únicos tres procesados en el caso Guateque que reconocieron su culpabilidad.

Moreno —que se enfrentaba a una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión— confesó haber aceptado un soborno de 2.500 euros por favorecer que una licencia saliera adelante. Por su parte, Félix Serrano y Del Campo reconocieron haber pagado “6.000 o 7.000 euros” al empresario Carmelo García —también acusado— para solucionar los problemas que existían con las licencias de obra de varios edificios. Para ambos, la fiscalía pedía 13 años y medio y 10 años de cárcel, respectivamente.

A pesar de su confesión, los tres acusados (de un total de 30) han salido absueltos. Algunos, como el letrado Nicanor Herrera, consideran que “era previsible la sentencia”. Añade que la sentencia es “un varapalo para el fiscal y las acusaciones particulares”.

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