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La Generalitat “exige” al Gobierno que no frene la oferta de 500 plazas de Mossos

El consejero de Interior alega razones de seguridad y rechaza que la oferta se limite a 50 plazas como pide Hacienda

Acto de graduación de la 17ª promoción de Mossos en 2014.
Acto de graduación de la 17ª promoción de Mossos en 2014.

Las tensiones por el procés entre la Generalitat y el Gobierno han acabado por sembrar dudas en algo tan delicado como la seguridad. Y lo han hecho en plena alerta yihadista. El consejero del Interior, Jordi Jané, acusó ayer al ministro Juan Ignacio Zoido de desoír su reiterada petición de que convoque la Junta de Seguridad cuando la amenaza terrorista está en grado cuatro. El Ministerio del Interior admitió que no existe el “clima de entendimiento y confianza” para convocar el órgano. El conflicto se ha agravado después de que Hacienda rechace la convocatoria de 500 nuevas plazas de mossos y quiera limitarlas a 50.

En una comparecencia en el Palau de la Generalitat, Jané reveló al detalle todos los pasos que ha dado para lograr la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña, que no se reúne desde 2009. El consejero explicó que ese ha sido su objetivo, sin el menor éxito, desde que asumió el cargo: primero se lo propuso al ministro Jorge Fernández Díaz —descartó el encuentro porque el Gobierno estaba en funciones— y ahora a su sucesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, que le comunicó que se podría celebrar después de que se aprobaran los Presupuestos. Las dos partes, sin embargo, llegaron a pactar un orden del día y la Generalitat propuso cinco fechas posibles, que ya han caducado.

“Tuvimos la callada por respuesta. [el ministro). No me contestó el teléfono el 1 de junio ni tampoco un un sms. Y le envié una carta recordándole la necesidad de convocar la junta y el elevado número de detenciones yihadistas en Cataluña”, alegó Jané. Ese órgano, según el consejero, es esencial para que se pueda dotar a los Mossos de los instrumentos necesarios para poder realizar su función en la lucha contra el terrorismo y participar en los órganos de coordinación policial y de acceso de datos. De hecho, esgrimió que en Cataluña, con un 16% de población, se practican el 37% de las detenciones yihadistas de toda España.

Esta situación de bloqueo contrasta con lo sucedido en el País Vasco. La Junta de Seguridad de esa comunidad se reunió este jueves y validó dos nuevas convocatorias de 300 agentes de la Ertzainza para este 2017, además de permitirle conectarse a los sistemas de información policiales y de inteligencia antiterrorista europeos como la Europol. “¿Tenemos que pensar que se hace la Junta del País Vasco porque les han apoyado los Presupuestos y la de aquí no porque ha sido al revés? No quiero pensar eso ni en un castigo político", afirmó Jané en sus declaraciones. Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, apuntó, en declaraciones a Efe, que la convocatoria de la Junta de Seguridad requiere “un clima de entendimiento y de confianza” que no se da por el proceso independentista. Pese a que subrayó la lealtad de Jané, el secretario de Estado consideró contradictorio celebrar esa reunión cuando hay otros miembros del Gobierno catalán que se proponen “incumplir abiertamente” la ley.

Nieto realizó esas declaraciones después de que el Gobierno catalán expresara su enojo tras la decisión del Ministerio de Hacienda de hacer un requerimiento previo en el que le advierte de que en aplicación de la tasa de reposición, esto es, que solo se cubra el 10% de las jubilaciones, solo puede convocar 50 de 500 plazas. El requerimiento es previo a la impugnación.

Visiblemente enojado, Jané mostró su “sorpresa” por la decisión y anunció que recurrirá con razones jurídicas y de necesidades de seguridad. No aclaró, sin embargo, si finalmente dará el paso con independencia de lo que diga el Estado. “La voluntad es hacerlo, Espérense a final de junio. Exijo que rectifiquen”, afirmó. Considerado uno de los consejeros con talante más moderado del Ejecutivo, Jané no reveló al detalle esos argumentos jurídicos aunque si hizo hincapié en que, en una junta de Seguridad celebrada en 2006, la Generalitat y el Gobierno central acordaron que la dotación ideal para Cataluña es de 18.267 mossos. Ahora hay 16.783. “Nos faltan 1.484 policías cuando las exigencias de seguridad han crecido”, subrayó. Jané aseguró que los alcaldes le reclaman constantemente la presencia de más agentes. Según explícó, la falta de efectivos obligó a los mossos a hacer en 2016 440.000 horas extras que supusieron un gasto de siete millones de euros.

El Gobierno catalán logró en este caso el apoyo de la oposición en bloque salvo el del grupo del Partido Popular. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, en un apunte en las redes sociales, afirmó: “Necesitamos al menos 500 mossos más. Y que se reúna la Junta de Seguridad (no lo hace desde 2009). En eso estamos con el Govern”. Joan Coscubiela de Sí que es Pot, abundó: “Todo el apoyo al Gobierno y al consejero en la necesidad de desplegar al menos 500 mossos más. Incomprensible decisión del Gobierno español”. El grupo de Ciudadanos en el Congreso presentó una batería de siete preguntas al Ejecutivo sobre cuándo convocará el órgano y cuáles son a su juicio las necesidades de las dotaciones de agentes de los mossos.