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La Asamblea de luz verde a la ley de gratuidad de libros de texto

Los editores critican que no se les haya tenido en cuenta en la elaboración de la norma

La Ley de gratuidad de libros de texto de la Comunidad de Madrid para Enseñanza Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica ha salido adelante con el apoyo unánime de todos los grupos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). La propuesta, que se basa en el préstamos de libros de unos alumnos a otros y no en la ayuda económica directa, ha partido de la formación naranja. El sistema, de carácter voluntario, se comenzará a aplicar durante el curso 2018-2019.

Se trata de crear un banco de libros y material curricular en cada centro escolar, siempre que esté sostenido con fondos públicos, y la posterior puesta en marcha de un servicio que permita la rotación de los ejemplares de unos alumnos a otros. La gestión y supervisión del sistema en cada centro correrá a cargo de una comisión dependiente del Consejo Escolar y de una Comisión de Seguimiento dependiente de la Administración. 

Ciudadanos indica que "la ley va a beneficiar a 600.000 familias" y que se producirá un ahorro de entre 250 y 300 euros anuales por alumno. La Comunidad de Madrid tendrá que hacer frente a una inversión de entre 40 y 50 millones de euros debido a que financiará el material que falte una vez descontado el aportado por los estudiantes cada curso.

Cada centro escolar elegirá los materiales a utilizar, tanto impresos como digitales, que no podrán ser sustituidos durante un mínimo de cuatro cursos escolares "salvo en situaciones excepcionales". Se espera que el sistema contribuya a fomentar entre los escolares el uso responsable del material, además de profundizar en las relaciones entre los docentes y las familias. Los chicos están obligados a cuidar el material y reintegrarlo en buen estado de conservación. En caso de que esto no ocurra debido a la negligencia de los estudiantes estarán obligados a su reposición, lo que no implicará que se pierda el derecho a la gratuidad.

Cada centro escolar podrá elegir los materiales a utilizar, tanto impresos como digitales, que no podrán ser sustituidos "durante un mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales". 

 

 

 

 

Los editores critican la poca concreción de la Ley

José Moyano Guzmán, presidente de la Asociación nacional de editores de libros y material de enseñanza (ANELE), ha declarado a EL PAÍS que la aprobación de esta proposición de ley les ha pillado completamente "de sorpresa". "No es lógico que se saque adelante una iniciativa de este tipo que nos afecta tan directamente sin que se hayan puesto en contacto con nosotros", ha criticado. 

Moyano sostiene que la Ley es "vaga, sin concreción de cuestiones fundamentales".  Pone como ejemplo de sistema de gratuidad de libros de texto "equilibrado y sostenible" el implementado en Andalucía, con el que están completamente de acuerdo. "En Madrid han hecho un corta y pega de leyes de otras comunidades, de tal forma que la ley carece de fundamentos jurídicos importantes y de memoria económica", ha añadido.

En Andalucía, por ejemplo, los libros se reponen cada cuatro años y eso les permite planificar. En su opinión, la indefinición de la norma madrileña va a provocar la paralización de proyectos que están en marcha.