Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Puigdemont cambia el organigrama de Gobernación tras anunciar el referéndum

El Ejecutivo lleva al 'número dos' de Borràs, querellado por la Fiscalía, a los servicios jurídicos y a Margarita Gil al Consejo de Garantías

Meritxell Borràs, consejera catalana de Gobernación, en imagen de archivo.
Meritxell Borràs, consejera catalana de Gobernación, en imagen de archivo.

Apenas cuatro días después de anunciar la fecha del referéndum, cuando se inicia la recta final antes de su convocatoria, el Ejecutivo catalán aprobó ayer una remodelación que afecta a puestos clave del Departamento de Gobernación. Su secretario general, Francesc Esteve, querellado por la Fiscalía junto a la consejera Meritxell Borràs por el concurso para adquirir urnas, abandona el cargo y asumirá a partir de ahora la dirección de los servicios jurídicos de la Generalitat. El Consejo de Garantías Estatutarias incorpora a Margarida Gil.

El movimiento de Gil, que deja los servicios jurídicos de la Generalitat para convertirse en miembro del pleno del Consejo de Garantías Estatutarias, es clave para abrir la cascada de nombramientos aprobados ayer por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Esta licenciada en Derecho con una dilatada carrera en la Administración autonómica —además de ser la esposa del consejero de Justicia, Jordi Jané— es el primer fichaje en los últimos años para el pleno del Consejo de Garantías, cuyos problemas de renovación se prolongan desde 2015 por las diferencias partidistas. Pese a su llegada quedan por cubrir tres bajas pendientes de resolver, entre ellas las del presidente, Joan Egea, cuyo cargo expiró en 2015.

Gil, una de las defensoras en el seno del Gobierno de que el Palau de la Música no se personara contra Convergència en el caso Palau, como avanzó El Mundo, había perdido la confianza de parte del Gobierno. Las consecuencias de su nombramiento trascienden su cargo y son relevantes. Especialmente por quién cubrirá su baja al frente de los servicios jurídicos de la Generalitat, el querellado Esteve.

La portavoz del Gobierno, Neus Munté, afirmó ayer que el exnúmero dos de Gobernación ofrece las máximas garantías para ocupar el puesto, al ensalzar “la pulcritud de su trabajo y su compromiso político”.

El relevante vacío que deja Esteve en una de las áreas críticas para la organización del referéndum, dadas las complicaciones que supondrá activar a los funcionarios municipales que acostumbran a encargarse de las tareas logísticas de los procesos electorales, será ocupado por la gerundense Meritxell Masó, miembro activo del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), al integrar su comisión de relaciones institucionales. Hasta ahora, Masó ocupaba la secretaría de Administración y Función Público, por lo que conoce de primera mano las reivindicaciones de los funcionarios, que piden su blindaje ante la organización de la consulta independentista. En el que hasta ahora era su cargo se quedará Ester Obach, hasta ayer directora general de Modernización e Innovación de la Administración.

Purga por el caso Gordó

El Ejecutivo de Carles Puigdemont también efectuó ayer el nombramiento de la nueva presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, después de que la semana pasada fuera destituida Teresa Pitarch. Su sustituta es Núria Balada, que ocupaba el cargo de directora ejecutiva del ente autonómico.

El cese de Pitarch se produjo después de que esta abandonara el PDeCAT en apoyo al exconsejero Germà Gordó, que, tras ser imputado en el caso 3% que investiga el supuesto cobro de mordidas por parte de la antigua Convergència, abandonó el grupo de Junts pel Sí y la formación, pero ha mantenido el escaño. A raíz de la pugna entre Gordó y la dirección del PDeCAT, la plataforma que arropa al exconsejero, Nova Convergència, sopesó crear una nueva formación política.

Más información