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Inquilinos amenazados de desahucio piden a Colau que compre sus fincas

Vecinos de fincas de Entença o Lancaster exigen el mismo trato que los de la calle de Leiva

Fincas en barrios y tramas urbanas distintas pero con el mismo problema. Después de que el Ayuntamiento de Barcelona comprara un edificio en el barrio de Sants para evitar que se vendiera a un fondo de inversión y se expulsara a las familias que viven en él, vecinos de otros inmuebles reclaman que el Consistorio actúe de la misma forma. Es el caso de los residentes del número 151 de la calle de Entença, en el Eixample, o del 7 al 11 de Lancaster, en Ciutat Vella. Las familias que habitan en estas fincas entienden que la adquisición en Sants sentó un precedente y piden el mismo trato para no perder su casa.

Viviendas de la calle Lancaster, en el Raval
Viviendas de la calle Lancaster, en el Raval

La compra de edificios en los que residen vecinos que arriendan sus viviendas por parte de fondos de inversión ha supuesto que varias familias vivan pendientes de un burofax o una carta que ponga la fecha de caducidad a su permanencia. Es lo que les ocurrió a las familias del número 37 de la calle de Leiva, en Sants, el edificio que compró el Ayuntamiento de Barcelona. Y es lo que les sucede a los vecinos de la calle de Entença o los de Lancaster.

El Ayuntamiento defiende que el de Leiva fue un caso excepcional. El Consistorio pudo acogerse al decreto 1/2015 de la Generalitat sobre medidas urgentes de vivienda, que permite deshacer la compra bajo varios supuestos. En este caso, se cumplían: la finca era propiedad de un banco, procedía de una ejecución hipotecaria y no se había comunicado la venta a la administración. Fuentes del área de Vivienda recuerdan que el Ayuntamiento está intentando incrementar el parque público de alquiler asequible por todos los medios: captando pisos vacíos, firmando convenios con grandes tenedores, construyendo, y también comprando de fincas. En este caso, “los criterios los marca la legislación vigente y los complementa una instrucción municipal”. Entre otros supuestos, la ley establece que los inmuebles se pueden “comprar directamente en supuestos de urgencia extrema”.

Casos complejos

Los casos de edificios de alquiler que han sido comprados por inversores se multiplican. Una investigación de La Directa los cuantificaba en 70. Y cada caso es un mundo. En algunos, la solución es complicada. A veces por las complejas madejas de propietarios, como en la finca 18 de la calle de Borrell. “No sabemos ni cómo estamos”, admite José Ramón Ayllón, vecino de una finca cuyos inquilinos no consiguen aclarar si ha sido vendida. Pero el deterioro es visible en esta escalera, con nueve vecinos con contratos indefinidos, tres temporales, dos ocupados y ocho ya cerrados. Y mientras, decenas de personas, que los vecinos aseguran que son potenciales compradores, visitan los espacios comunitarios del edificio. Los vecinos también han acudido al administrador alertando del asedio inmobiliario que sufren, a la oficina de vivienda, al distrito y a la plataforma ciudadana Fem Sant Antoni.

Otras veces la situación es tan larga que muchos vecinos se van. Es el caso de la calle de Parlament 1-3, un edificio pegado al Paral·lel que entre fachadas, escalera y pisos (de dos en dos) lleva años en obras. Quedan dos inquilinos con contratos temporales y otros dos indefinidos. Lali C. De Puig explica que el actual dueño es Elix. También ella recibió un burofax. Para que se marchara. En la carta le advertían de que le cobrarían 60 euros diarios si se retrasaba. También han acudido al ayuntamiento, donde les respondido que en caso de desahucio actuaría la unidad especial.

La instrucción municipal fija “criterios de priorización de fincas” y “precios máximos de compra calculados a partir del mercado inmobiliario” en los que también se contempla el coste de rehabilitación, si es necesario. Por último, Vivienda subraya que se priorizan las compras cuando las fincas están en áreas de fuerte demanda, con una intensa presión especulativa o si han sufrido “procesos de conservación coercitivos y sancionadores”.

Las entidades que se movilizan por el derecho a la vivienda no ven la compra por parte del Ayuntamiento del edificio de la calle de Leiva como un agravio para otros casos, y lo enmarcan en un contexto de emergencia en el que, además, encajó la aplicación del decreto 1/2015. Desde el Sindicato de Inquilinos, de reciente creación, uno de los portavoces, Jaime Palomera, critica “un marco legal que no da ninguna seguridad al inquilino y promueve la compraventa especulativa”. Sobre la compra del edificio, apunta: “Ninguna solución es óptima, la legislación es tan estrecha y tan poco garantista que obliga a ir caso por caso y a soluciones de emergencia y discrecionales como ésta”. “Exigimos un marco legal que permita a la administración actuar cortando las prácticas de raíz”, añade.

Carlos Macías, portavoz de la PAH, es partidario de “exprimir al máximo la legislación vigente”, al tiempo que sugiere “tener un debate de ciudad sobre dónde poner el límite económico por vivienda en el tanteo y retracto”. “Necesitamos ampliar el parque público de alquiler en 120.000 pisos, y sí a la compra, pero con límites”, conviene.

El edificio de Entença está pegado a la cárcel Modelo. Son doce pisos, de los cuales algunos ya están vacíos y tapiados. Todos los contratos, salvo uno indefinido, vencen pronto. En marzo, Renta Corporación estudió comprarlo, una operación que finalmente descartó. Aun así, ha comenzado el goteo de burofaxes: “Un mes antes avisa de que te tienes que marchar”, explica Iman, portavoz de este edificio. Es de las vecinas que lucha para no irse. Otros sí lo han hecho. Un fenómeno que el Sindicato de Inquilinos llama “desahucios invisibles”.

El “Vietnam inmobiliario”

Iman relata los cuatro encuentros que han tenido con técnicos municipales en la Oficina de la Vivienda de la calle de Ali Bei. Del primero salieron esperanzados de que el Ayuntamiento intentaría alcanzar un acuerdo para mantener los alquileres. Pero asegura que ahora no les ofrecen ninguna solución a corto plazo: “Pedimos que el ayuntamiento nos compre, por qué lo han hecho en otro caso y aquí no?”, pregunta. “La propia alcaldesa Ada Colau tuiteó que el ayuntamiento utilizaría todas las herramientas que estén en sus manos”, recuerda.

En el caso de Lancaster, se trata de una calle paralela a La Rambla, por detrás del Teatro Principal. La propia concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, describe este trozo del Raval como ejemplo de “Vietnam inmobiliario”. En apenas 24 números se concentran pisos turísticos conviviendo con vecinos, una finca comprada el año pasado por el fondo MK Premium donde queda una familia que no se quiere marchar, dos edificios afectados que deberían ser derribados pero están ocupados por familias sin recursos... Y los números 7, 9 y 11, cuyos 42 inquilinos temen lo peor a un año de que se les acabe el contrato. El trajín de inversores allí es constante. Hasta tienen vídeos de los representantes de los compradores hablando en la calle.

Jordi Callejo es hijo de una vecina del número 11 de Lancaster, un inmueble en el que hace décadas que no se hace ni una obra. Se ha criado aquí y señala que en su caso los vecinos siempre han “defendido que la única solución es que el Ayuntamiento declare la zona área de tanteo y retracto”. Ello permitiría que ante cualquier intento de compra, el Consistorio pudiera comprar el edificio. “Es un caso paradigmático porque son muchos edificios. Esto es un caramelo para los especuladores, por lo que pueden sacar, por ubicación... Esto es una mina de oro, imagínate lo que puede costar un piso pegado a La Rambla”, sostiene.

Extender la compra preferente, en estudio

“En el último pleno del distrito la oposición solicitó pedir la declaración del área de conservación y rehabilitación del entorno”, recuerda la concejal Gala Pin, lo que permitiría ejercer la compra preferente. “Ya lo teníamos previsto, pero hay que tener en cuenta que esta declaración tiene una tramitación larga, de un año”, lamenta Pin, que el jueves pasado visitó los diminutos pisos, por los que los vecinos pagan entre 90 y 400 euros de alquiler. La declaración de áreas de tanteo y retracto para luchar contra la expulsión de vecinos es una de las medidas que el Ayuntamiento estudia, pero sin más concreción.

“Es imposible que los vecinos que viven aquí encuentren algo en el mercado que puedan pagar”, asegura Callejo, cuya familia es de origen asiático, como muchas del vecindario. Mientras no llega una salida, explica que están boicoteando las visitas de compradores o técnicos de la propiedad. Hace unos meses los dueños pintaron la escalera y la entrada. La puerta hace años que se abre solo empujando.

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