Tamames alerta del “derroche” que supone la remunicipalización que propugna Podemos
El economista y otros cuatro expertos abogan en un libro por mantener la colaboración público-privada
El veterano economista Ramón Tamames (Madrid, 1933), doctor en Derecho y uno de los 'padres' de la Constitución Española, ha alertado este miércoles en Alicante del "derroche" de dinero que podría generar la remunicipalización de servicios públicos que propugna Podemos y sus socios políticos en los ayuntamientos que gobiernan. Tamames ha hecho estas declaraciones durante la presentación del libro Remunicipalización ¿ciudades sin futuro?, en el que colabora junto a otros cuatro expertos (Jesús Sánchez Lambás, Ramiro Aurín, Lorenzo Dávila y el exministro de Trabajo del PSOE Valeriano Gómez).
"Este libro es un intento de crítica a un proceso que ya está en marcha, la remunicipalización de los servicios públicos, que se asienta en un discurso puramente ideológico y que se está viendo ya en doce grandes ayuntamientos de España", ha dicho, en referencia a Barcelona, gobernada por Ada Colau, o el Madrid de Manuela Carmena.
Tamames y Dávila, presentes hoy en el acto de Alicante y que forman parte del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), organismo adscrito a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, abogan por mantener el sistema de colaboración público-privada que rige actualmente en la mayoría de localidades españolas. Para el primero, "el populismo no explica por qué es mejor el sistema público de administración directa", cuando según algunos estudios resulta un 40% más caro que el de gestión privada y supone un lastre adicional de un 30% para las inversiones públicas debido a la burocracia.
"La soberanía debe ser municipal, pero la gestión debe realizarse por el que mejor lo haga a partir de criterios de eficacia y eficiencia. La llamada ciudad inteligente ya no es una moda, sino una necesidad. Ya no se puede improvisar ni poner parches", ha puntualizado Tamames, tras repasar en tono humorístico algunas de sus experiencias como primer teniente de alcalde del Madrid del socialista Enrique Tierno-Galván.
En esa misma línea, Dávila ha asegurado que el libro, editado por Profit, no va "en contra" de Podemos "ni de nadie", pero sí quiere lanzar un aviso contra la "ola populista" y los "discursos puramente ideológicos" que a su juicio caracterizan al partido de Pablo Iglesias y a sus socios En Común Podem o Izquierda Unida, entre otros. Para Dávila, que es economista, abogado y arquitecto, “la municipalización acaba convirtiéndose en un sistema de gestión atomizado en el que las mejoras e innovaciones no se aplican en red, lo que lleva a una menor eficiencia”. Y puede conllevar además "un riesgo en la paralización de las inversiones y el desequilibrio financiero de la ciudad".
No obstante, Dávila advierte de la necesidad de diferenciar entre servicios cuya calidad es perfectamente medible con otros, como la asistencia a la dependencia, en que esa medición no es posible y que deberían ser asumidos exclusivamente por la Administración. En este sentido, a preguntas de los periodistas, el experto ha calificado de "discurso ideológico puro y duro" la intención del Gobierno valenciano (PSPV-PSOE y Compromís) de recuperar la gestión pública en el hospital de Alzira, dirigido actualmente por la empresa Ribera Salud.
En cualquier caso, Dávila ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos controlen con mejores mecanismos la calidad de dichos servicios y vigilen "de forma puntual y no al cabo de treinta años" el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las empresas concesionarias. "Cuando una concesión falla, el culpable es el ayuntamiento, porque no puede ceder su soberanía municipal y debe haber capacidad para retroceder en el proceso de concesional".
En Remunicipalización ¿ciudades sin futuro?, el exministro de Trabajo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y miembro de UGT Valeriano Gómez también cuestiona que la recuperación de la gestión pública de determinados servicios vaya a mejorar las condiciones laborales de los empleados, pues éstos deberían pasar por un proceso de acreditación de méritos en un concurso público o una oposición.
