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OPINIÓN

Fiestas sanguinarias

El poder público no debería guiarse por minorías. Sin excepciones, debe limpiar el rostro de nuestra sociedad de esas bochornosas tradiciones

Agresión a cuatro animalistas en un 'correbou' celebrado en Mas de Barberans (Tarragona) en 2016.
Agresión a cuatro animalistas en un 'correbou' celebrado en Mas de Barberans (Tarragona) en 2016.

Hay tradiciones que perpetúan costumbres inaceptables para nuestra civilización. Clamar por su pervivencia significa, a veces, un forcejeo retrógrado contra la cultura y el progreso.

En la noble e histórica ciudad de Tordesillas se celebraba, hasta el año pasado, la fiesta del toro de La Vega. El toro era perseguido, acosado, torturado y acribillado por una multitud armada con lanzas y otros objetos punzantes, a pie y a caballo. Pretendían conservar su fiesta como herencia de una vieja tradición medieval, la de los jinetes alanceando al toro descritos por Fernández de Moratín en sus famosas quintillas. Pero aquellos idealizados caballeros antiguos salían a la plaza con prosopopeya, lujo, solemnidad y valentía, exponiéndose a las acometidas del toro. En Tordesillas no era así. Hasta el año pasado, el tropel polvoriento de toscos jinetes y peones perseguía tumultuosamente al toro, sin orden, riesgo ni opción alguna de defensa para el astado, ante los aplausos de una multitud enardecida. Pero no les gustaba que se tomaran imágenes de su dudosa hazaña. Algunos periodistas que lo intentaron fueron bárbaramente insultados y zarandeados, y sus cámaras arrebatadas y destrozadas por los más exaltados, ante la plácida condescendencia de la mayoría.

Una sociedad moderna, civilizada y culta no debería tolerar ningún espectáculo de sangre, sufrimiento y muerte de un ser vivo. Los poderes públicos democráticos, tampoco. Por eso, en Mayo de 2015, la Junta de Castilla y León prohibió la tortura y muerte pública del toro de Tordesillas. El Ayuntamiento recurrió la prohibición ante el Tribunal Constitucional, pero sin éxito. Finalmente, con minoritarias resistencias recalcitrantes, a regañadientes, se acató la legalidad. En las fiestas de 2016 de Tordesillas el toro Pelado fue corrido sin sangre y con desgana, y sacrificado “en la intimidad”. Aunque, en esa y otras muchas Autonomías, seguirán celebrándose las corridas de toros oficiales con sus disfraces dieciochescos, sus arcaicas pretensiones estéticas y sus reglamentos sanguinarios de puyazos, banderillas y estocadas.

En Cataluña es al revés. Están prohibidas esas corridas de toros oficiales, por ser un espectáculo bárbaro de maltrato animal. Esta prohibición es el resultado de una amplísima presión social encabezada por grupos y asociaciones autodenominadas animalistas, opuestas a las festividades taurinas sanguinarias. Sin embargo, no están abarcados por la culta prohibición los correbous, fiesta taurina popular tradicional de algunas comarcas de Tarragona. La presión social, obviamente, ahora se centra en la vigilancia del posible maltrato en los correbous autorizados.

En Mas de Barberans, población agrícola de 600 habitantes, se celebraba el correbou, en las fiestas de 2016. Dos mujeres animalistas grababan imágenes para documentar los eventuales malos tratos al toro. Esto disgustó a los lugareños porque esa observación vigilante era, para ellos, una ofensa insoportable. Su reacción fue similar a la de Tordesillas, ya que, desdichadamente, esas tradiciones bárbaras generan reacciones tan irracionales e impulsivas en una aldea como en una noble ciudad histórica. En un vídeo se veía cómo cuatro personas, más exaltadas que los demás, las empujaban, golpeaban, arrastraban por los pelos, destrozándoles las cámaras. Lo más sorprendente del vídeo era el público que ocupaba las gradas de la pequeña e improvisada plaza, al lado de las agredidas. Nadie intervino para impedir el atropello. Nadie auxilió a las maltratadas. Varios hombres sonreían condescendientes. Eran la Fuenteovejuna de la tauromaquia aldeana. Pero como ya no son los tiempos de Lope de Vega, las cámaras permitieron identificar a los energúmenos. Ahora, casi un año después, iban a ser juzgados. Lo evitaron, posiblemente para ahorrarse el bochorno mediático, conformándose con la acusación, con la indemnización a las víctimas, y con una pena de multa. Igual que los de Tordesillas, tuvieron que acatar a regañadientes la decisión de la justicia, aunque les llene de melancolía o indignación a ellos y a todos los que impulsaron impunemente sus excesos violentos con sus condenables aplausos, sonrisas o condescendencias.

Todos ellos, diletantes de los ruedos y los trajes de luces, o iracundos aldeanos, pretenden que pervivan sus ancestrales tradiciones sanguinarias, zafias, polvorientas y tumultuarias o de pretendida estética carnicera reglamentada. Los poderes públicos no deberían guiarse por exigencias de minorías nostálgicas y quejumbrosas. Sin distingos ni excepciones, les corresponde limpiar el rostro de nuestra sociedad de esas bochornosas tradiciones. Porque estas son una triste herencia de aquel pueblo harapiento, analfabeto y fanático del que Carlos III, hace 250 años, decía que es como un niño, que llora cuando le lavan la cara.

José María Mena fue fiscal jefe del TSJC