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La Comunidad pide al Hospital Puerta de Hierro 28 millones

El centro sanitario ha cobrado de forma indebida 135 camas de más desde su apertura en 2008

Fachada del hospital Puerta de Hierro.
Fachada del hospital Puerta de Hierro.

El Gobierno regional ha abierto un procedimiento sancionador al Hospital Puerta de Hierro, de gestión público-privada, que se trasladó a Majadahonda en 2008. Pide a la empresa concesionaria —encargada de la construcción y mantenimiento del centro a cambio de un canon— 28 millones de euros. De ellos, cuatro corresponden al importe que ha cobrado la sociedad privada por 135 camas de más, que no existen, durante los últimos cuatro años. Los periodos anteriores desde su inauguración (unos cinco millones, según cálculos de la consejería) se han perdido debido a que han prescrito. Los otros 24 millones responden al importe a abonar en el futuro por los madrileños durante el periodo que dura la concesión a la empresa privada. “Habrá que aminorar el canon que pagan los madrileños por ese importe”, explica un portavoz de la consejería.

El proyecto inicial contaba con 135 habitaciones dobles, es decir, 270 camas. Finalmente, se convirtieron en individuales con el objetivo de mejorar la calidad en el servicio. Este cambio debería haber reducido la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar a la concesionaria. Una circunstancia que se obvió y que ha salido a la luz nueve años después de la apertura del Puerta de Hierro.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad aclara que el procedimiento abierto es administrativo y que la empresa puede oponerse a la restitución. Si se diera esa circunstancia, no se descarta que la reclamación pueda terminar en los tribunales, en un procedimiento contencioso-administrativo.

El portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, aseguró ayer que el problema se detectó gracias a las auditorías y a los controles internos. En cuanto a la razón por la que no se descubrió antes, dijo desconocerla. “Ignoro por qué no se controló esto en años anteriores, es lamentable, las Administraciones estamos obligadas a velar por el buen uso de los fondos públicos y por el examen de las actividades que se encuentren recogidas en los pliegos de los contratos”, concretó Garrido.