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La fiscalía pide imputar al presidente de la Diputación de Alicante

Acusa a Sánchez de coaccionar a una funcionaria de Calpe para que colaborase en su campaña

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.
El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.

La fiscalía ha remitido una denuncia a los juzgados de Dénia para que el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, declare como imputado por coaccionar supuestamente a una funcionaria interina del ayuntamiento de Calpe a fin de que colaborara en su campaña a la reelección en la alcaldía de esta ciudad en los comicios municipales de 2015, en los que acabó haciéndose de nuevo con la vara de mando, según han confirmado este miércoles a EL PAÍS fuentes del ministerio público. La fiscalía cree que esos hechos podrían constituir un delito de coacciones y otro de malversación de caudales públicos.

En un comunicado de prensa remitido esta tarde a dos agencias de noticias, Sánchez se ha mostrado muy "sorprendido" por el hecho de tener conocimiento de la denuncia a través de los medios de comunicación, pues él no ha recibido notificación alguna al respecto. El regidor sostiene que fue un cargo "del grupo Compromís quien acompañó a dicha persona a interponer la denuncia". "Me sorprende enormemente que este partido haga un uso político de dicha denuncia", ha manifestado, al tiempo que atribuye lo que califica de "maniobra" a la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo adoptada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, partir de un recurso de la Diputación de Alicante. "Confío plenamente en la justicia, ya que en España funciona", ha añadido en ese comunicado Sánchez.

La trabajadora que supuestamente recibió sus presiones tenía su puesto en el gabinete de prensa del consistorio de Calpe. La periodista asegura que el alcalde le sugirió antes de las elecciones de 2015 que podría perder su empleo en caso de que no accediese a colaborar con su jefa de campaña, Paula Meseguer. Concretamente, llegó a decirle que tenía que "pensar en su hijo", tal y con consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.

Según su versión, ella accedió a prestar sus conocimientos profesionales "bajo la amenaza de perder" su trabajo, "en ningún caso de forma voluntaria". Por ese motivo acabó reuniéndose con Meseguer, ahora un alto cargo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, en el Ayuntamiento para "preparar los discursos del candidato, redactar el programa de la lista, boicot mediático a otros partidos, etcétera". Para la denunciante, el primer edil "dispuso ilícitamente" de su trabajado y "ejerció un abuso para hacer campaña electora, sacando provecho personal de una institución pública"

La denuncia fue presentada ante la fiscalía de Dénia junto con diversas pruebas testificales y algunos correos electrónicos. La acusación pública ha visto tan claros los indicios de que Sánchez pudo incurrir en un delito de coacciones y otro de malversación de fondos públicos, por destinar a una empleada pública a fines partidistas, que ha remitido directamente el caso a los juzgados para que abran diligencias sin practicar ninguna pesquisa añadida, según las fuentes consultadas.

El escrito de la acusación pública está fechado el pasado 8 de mayo, pero fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha dicho no tener constancia aún de la apertura de la correspondiente causa judicial.

Sánchez resultó reelegido para gobernar Calpe en minoría, con nueve ediles, tras la última cita electoral, en mayo de 2015. El alcalde también se hizo con posterioridad con la presidencia de la Diputación de Alicante, donde ha contado con el respaldo de un diputado provincial, Fernando Sepulcre, declarado tránsfuga por Ciudadanos. Desde la presidencia de la Diputación, Sánchez se ha significado con un discurso duro hacia el Consell por lo que considera una actitud discriminatoria hacia esta provincia. De hecho, recientemente ha liderado la oposición de parte de la comunidad educativa al decreto de plurilingüismo aprobado por el consejero de Educación, Vicent Marzà, con un recurso de la institución que ha llevado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a paralizar cautelarmente su aplicación.

La oposición, concretamente PSPV-PSOE y Compromís, han reclamado hoy que dé explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre él para "no dañar más" la imagen de Calpe y de la propia corporación provincial. En este sentido, el grupo de Compromís en la Diputación, liderado por Gerard Fullana, ha pedido la convocatoria de un reunión urgente de la junta de portavoces en la institución para tratar este asunto, así como "las imputaciones existentes de varios miembros del equipo de gobierno del Partido Popular como son el vicepresidente Eduardo Dolón y el diputado de Carreteras, la mayor cartera de la institución, Bernabé Cano".

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