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La larga batalla para salvar a CDC del ‘caso Palau’

El Consorcio vuelve a votar hoy si acusa al partido por financiación irregular

Jesús García Bueno
Mariona Carulla.
Mariona Carulla.

El caso Palau ha durado tanto que ha visto nacer y morir gobiernos de varios colores. Y no ha sido ajeno a esos vaivenes. Cuando salieron a la luz los indicios de financiación irregular de Convergència, el tripartito estaba al mando. Y se alineó con la fiscalía para acusar al partido de Artur Mas. En el Consorcio —el órgano que, entonces, gestionaba los fondos públicos del Palau de la Música— la Generalitat de José Montilla empleó su mayoría para remar en esa dirección. Y la Diputación de Barcelona, también pilotada por el PSC, se personó como acusación.

Todo cambió tras la llegada al poder de CiU. En 2013, la investigación tocaba a su fin. El fiscal dio por buenos los indicios de que Convergència cobró 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obra pública. Las partes presentaron sus escritos para ir a juicio. Y el Consorcio dejó fuera al partido. También lo hizo la Fundación del Palau, el órgano privado que regía en época de Millet. La Diputación del convergente Salvador Esteve fue más allá y, en 2015, se apartó de golpe del proceso para evitar “gastos”.

La presencia de Convergència (y de su extesorero Daniel Osácar) en el juicio siempre ha estado garantizada: tanto la Fiscalía como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que ejerce la acusación popular, les acusan como partícipes a título lucrativo. Ha existido, sin embargo, una guerra soterrada para que los organismos del Palau actuaran en una u otra dirección. La última batalla se libró la semana pasada, después de que el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Ada Colau, haya intentado a última hora (y sin éxito) que el Consorcio acuse a Convergència. La negativa de la Generalitat ha provocado las críticas de Esquerra y la enésima división entre los socios del Gobierno de Junts pel Sí. Hoy, con las conclusiones ya presentadas en el juicio, el Consorcio se reúne de nuevo para votar.

Este último arreón político a propósito del caso Palau comenzó en febrero. A las puertas del juicio, el Ayuntamiento planteó la necesidad de revisar la estrategia jurídica. En marzo, los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, admitieron el pago de comisiones a Ferrovial. Y el consistorio redobló sus esfuerzos para convocar reuniones y conversaciones. La última y decisiva, la del viernes 12 de mayo.

El Consorcio –que mantiene su estructura jurídica porque es parte en el juicio, pero que será disuelto tras la reestructuración del Palau post-Millet— votó en primer lugar. Tiene 12 representantes: siete institucionales y cinco del Orfeó. Solo hubo, sin embargo, ocho votos: fallaron dos miembros del Orfeó y los dos representantes del Estado, que lo son del Ministerio de Cultura y que alegaron problemas de agenda. El no a acusar a CDC se impuso por cinco votos a tres: los tres de la Generalitat (más dos del Orfeó) ganaron la partida a los dos del Ayuntamiento y un verso suelto del Orfeó.

Hubo una segunda votación, la de la Fundación, la entidad privada que también ejerce la acusación particular en el juicio por el expolio del Palau. De sus 25 miembros acudieron 18. La mayoría de ellos (16) son mecenas y miembros de la junta del Orfeó. De nuevo, se impuso por mayoría el no. Entre los que votaron a favor de excluir a Convergència figuran David Madí, exjefe de campaña de Mas y presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña; Glòria Renom, exdiputada convergente; y los empresarios Ignacio García Nieto, Maria Àngels Vallvé y los hermanos Mariona y Artur Carulla.

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Madí fue especialmente beligerante y ejerció como portavoz del bando del no. En anteriores reuniones había acusado al jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Joan Llinares —que gestionó el Palau tras el escándalo— de “politizar” el caso. En 2013, cuando el Consorcio decidió no acusar a Convergència, se abstuvo en la votación. Esta vez, no.

La discusión es política, pero se ha vestido con argumentos jurídicos. Los contrarios a acusar a CDC esgrimieron un informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers. El Ayuntamiento sostiene que acusar no es solo posible, sino conveniente para que los 6,6 millones sean destinados, en caso de condena, al Palau. Pero eso no ocurrirá de ningún modo, señalan, si el Palau no reclama ahora.

Tras las críticas de ERC a la posición de la Generalitat en la votación del día 12, la alcaldesa Ada Colau pidió a Carles Puigdemont que convocara una reunión urgente del Consorcio. El Gobierno catalán se negó. Y Colau la convocó por su cuenta. Se celebra hoy. La CUP, por su parte, forzó que se votara una resolución sobre el asunto el miércoles, el mismo día en que las partes presentaban, en el juicio, sus conclusiones definitivas. El Gobierno catalán se mantuvo firme en su negativa. El Ayuntamiento pidió al secretario de la junta de la Fundación, Joan Vallvé —exconsejero de Jordi Pujol— que diera instrucciones al abogado del Consorcio para, al menos, pedir un aplazamiento y esperar a los resultados de la reunión. No lo hizo. Y el abogado, que es un funcionario de la Generalitat, solo tenía la orden emanada de la votación del viernes 12: no acusar a Convergència. Había preparado, sin embargo, dos escritos de acusación de signos distintos. Por si acaso.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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