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Las administraciones sellan el Pacto de la Cañada sin la adhesión de los vecinos

El asentamiento donde viven más de 7.000 vecinos se extiende por 14,5 kilómetros

El pacto para dar una solución definitiva al gran asentamiento edificado a lo largo de los años en la Cañada Real Galiana se firmó ayer sin contar con la adhesión de los vecinos. Mantendrán su postura hasta que no se confirme la legalización del máximo número de viviendas en los sectores del 2 al 5, en total existen seis. En el núcleo, que se extiende por 14,5 kilómetros, residen 7.283 personas en 2.537 viviendas. También existen zonas de comercios e industria.

Participantes en la firma del Pacto por la Cañada Real. Desde la izquierda: Lorena Ruiz-Huerta (Podemos), Enrique Ossorio (PP), Pedro del Cura (alcalde de Rivas), Cristina Cifuentes, Manuela Carmena, Ángel Gabilondo (PSOE) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).
Participantes en la firma del Pacto por la Cañada Real. Desde la izquierda: Lorena Ruiz-Huerta (Podemos), Enrique Ossorio (PP), Pedro del Cura (alcalde de Rivas), Cristina Cifuentes, Manuela Carmena, Ángel Gabilondo (PSOE) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Sí, pero no. Las asociaciones vecinales del asentamiento de la Cañada Real Galiana están satisfechas con el pacto, que por primera vez ha unido a todos los partidos políticos y a las administraciones públicas implicadas (local y regional). Pero no se fían. Son muchos años de promesas y de planes incumplidos. Lo consideran un “punto de partida” y una “guía para alcanzar una solución favorable” y de ello han dejado constancia en un comunicado.

Pero hasta que no se aclare el futuro de los sectores 2 al 5 no abandonarán sus prevenciones. Allí viven “miles de familias trabajadoras y con casas perfectamente legalizables”, aclaran. Cuando se confirme en las próximas reuniones que se avanza en la línea de legalizar el mayor número de viviendas posibles de estas zonas, plasmarán su firma en el Pacto Regional, aseguran.

A pesar de las reticencias, representantes de los vecinos asistieron ayer al acto formal en la sede del Gobierno regional, la Real Casa de Correos el que los alcaldes de los Ayuntamientos implicados (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), representantes de los grupos políticos y la presidenta de la Comunidad de Madrid rubricaron el documento. En él se han recogido las propuestas de todas las partes que tienen algo que decir, incluidas las asociaciones vecinales y las organizaciones sin ánimo de lucro. Su premisa fundamental es “garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes que cumplan los requisitos previstos, como estar censados antes de diciembre de 2011. Para los que no estuvieran en el censo en esa fecha, la Comunidad se compromete a celebrar un convenio marco que ofrezca una solución.

Tras la firma del pacto, se constituirán tres ponencias técnicas (urbanística y medioambiental, jurídica y económica) para deshacer las complicaciones de los sectores 2 al 5, que pertenecen a Madrid y a Rivas Vaciamadrid. Con el Ayuntamiento de Madrid se va a negociar a corto plazo la forma en la que se va a desmantelar el sector 6 (Madrid), el más conflictivo por la delincuencia y el tráfico y consumo de drogas.

De forma inmediata, se va a mejorar el firme de las calles, para facilitar el acceso del servicio de correos y de las rutas escolares. También se regularizarán las redes de suministro de luz y de agua, la limpieza de escombros y se implantarán líneas de autobuses de la EMT.

 

El núcleo que se originó en los años sesenta

El gigantesco asentamiento ilegal comenzó a fraguarse con construcciones dispersas en los años 60, en la zona más cercana a Coslada. La zona se fue poblando con población inmigrante rural, ciudadanos que no podían vivir en el centro, españoles de etnia gitana e incluso personas que se edificaban una segunda residencia.
Más tarde llegaron los inmigrantes extranjeros. Nadie le puso coto y se convirtió en un gran pueblo, no planificado, en el que confluyen diferentes realidades socioeconómicas y culturales.