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Barcelona frenará la construcción de aparcamientos en edificios

El Ayuntamiento cree que las 640.000 plazas actuales son un exceso

Entrada de un aparcamiento público en Barcelona.
Entrada de un aparcamiento público en Barcelona.

Es una modificación urbanística muy técnica pero de gran calado y repercusión tanto para promotores de vivienda como vecinos. El ejecutivo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, logró ayer aprobar inicialmente la puesta al día de la normativa de construcción de aparcamiento en los edificios de la ciudad: y apunta a una frenada en seco. El consistorio entiende que la oferta de aparcamiento subterráneo es “excesiva”, 640.000 plazas (para 570.000 coches), de las cuales la mitad se han construido desde 1992, cuando se optó por favorecer las plazas subterráneas porque había déficit.

“No incentivaremos con más plazas de las necesarias”, defendió la teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz y recordó que desde entonces se han aprobado planes de movilidad, reglamentos, legislación de carácter ambiental y ha mejorado la oferta de transporte público. Solo la CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy apoyaron la aprobación. ERC y Ciutadans se abstuvieron. Y el grupo Demòcrata y PP votaron en contra.

La actualización de las normas urbanísticas del Plan General que regula el aparcamiento prevé reducir a una cuarta parte las plazas en edificios de vivienda protegida (de una plaza por piso, a una por cada cuatro); elimina las plazas en vivienda dotacional y equipamientos de proximidad y reduce drásticamente las previstas en comercios y centros comerciales. Respecto a los edificios de pisos de promoción privada, oficinas u hoteles, sitúa como máximas las plazas que en la anterior normativa consideraba mínimas.

Los grupos que votaron en contra tildaron de “ideológica” (Jordi Martí, grupo Demòcrata) la idea o criticaron la “cochefobia de Colau” (Javier Mulleras, PP). Martí apostó por sacar coches de la calle y preguntó “¿dónde aparcaremos el coche eléctrico?”. Mulleras afirmó que Colau ha declarado la guerra al coche, se preguntó si las familias que tengan piso social se tendrán que rotar las plazas del edificio, o dónde se aparcarán los enchufables. Ciutadans y ERC pidieron un estudio de oferta y demanda antes de posicionarse de forma definitiva.

Sanz recordó que las políticas municipales van encaminadas a reducir el uso del vehículo privado y a Martí y Mulleras les espetó: “Hay que romper la idea de que cada familia tenga un coche” en favor de otros sistemas de tenencia.

En la comisión no podía faltar un punto sobre el conflicto más grande que tiene abierto la ciudad: el túnel de Glòries, cuyas obras paralizó el gobierno de Colau con el argumento de que es mejor comenzar de cero por los retrasos y sobrecoste que acumula. En un debate con reproches cruzados sobre quién arrancó la obra y quien tiene que lidiar con su desenlace, ERC obtuvo apoyo del Grupo Demòcrata, Ciutadans, el PP y el concejal no adscrito para aprobar una proposición que insta al Gobierno a licitar la segunda fase del túnel, hasta la rambla del Poblenou. Gobierno y CUP se abstuvieron.