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El escándalo de corrupción en arte sacro se salda con penas mínimas

Seis acusados admiten el cohecho pero cierran un acuerdo con la fiscalía que les exime de cumplir las condenas si pagan multas de entre 700 y 2.190 euros

Retablo de la iglesia de Santa María de Bora en Pontevedra, una de las restauraciones investigadas.
Retablo de la iglesia de Santa María de Bora en Pontevedra, una de las restauraciones investigadas.

La trama de corrupción que actuó entre 2003 y 2009 rehabilitando arte sacro del sur de Galicia se ha saldado tras varios años de investigación con penas mínimas. Pese a haber admitido el cohecho, seis de los siete acusados (uno de ellos está declarado en rebeldía) por el fraude cometido con obras de restauración del patrimonio eclesiástico financiadas con fondos de la Consellería de Cultura han sido condenados a uno o dos años de cárcel y no cumplirán la pena de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscalía este martes en el juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña con sede en Santiago.

Todos los acusados en el llamado caso Retablo, en el que la Xunta se personó como acusación particular, se librarán de la pena de cárcel si pagan las multas solicitadas y no vuelven a delinquir durante el tiempo que dure la condena. A cambio reconocieron el delito de cohecho y la mecánica del fraude descrito en la investigación policial y reproducida en el escrito de acusación de la fiscalía. En la causa llegaron a estar imputados representantes de la Iglesia.

El extécnico de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil de de Aizpurúa, principal implicado en este fraude, vio reducida su condena a dos años de prisión (la mitad de lo que pedía inicialmente el fiscal) por un delito continuado de cohecho. A cambio, el condenado aceptó la pena de inhabilitación por seis años para el ejercicio de empleo o cargo público, una multa de 2.190 euros y el embargo de otros 103.350 euros que supuestamente recibió de empresas constructoras, adjudicatarias de las obras de restauración en cuyo proceso de selección intervino el entonces funcionario.

Para el arquitecto de la Sociedad de Xestión do Plan Xacobeo José Manuel Pichel Pichel, para el que la fiscalía solicitó dos años de prisión, su condena ha quedado en una multa de algo más de 700 euros, a razón de seis euros al día durante cuatro meses, tras confesar igualmente el delito de cohecho. Para él, la acusación particular no solicitó pena de prisión.

A Pichel el fiscal le acusó de montar la operativa del fraude en connivencia con Carlos Gómez-Gil. El arquitecto de la empresa pública le proponía al funcionario de Cultura obras de restauración a financiar por el Xacobeo. De este modo, informaba a esta entidad en sentido favorable para que abonase cantidades para proyectos de restauración que habían sido informados por el entonces técnico de la Xunta.

También han visto rebajadas las penas de dos a un año de cárcel y multas de 1.000 euros los responsables de las tres constructoras implicadas en el delito de cohecho. Se trata de las firmas CBC, Alquimia y Ábside, representadas por los acusados Ignacio Vázquez Vieira, Olga Quintela López, David Durán Montero y Carmen Acuña Rey.

El acusado Manuel Montes Carballa, que confesó los hechos en 2009, no compareció en el juicio por lo que fue declarado en rebeldía y será juzgado en una causa aparte cuando sea localizado por la policía. La pena solicitada para él es de dos años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros.

El tribunal ha admitido como probados los hechos denunciados por el fiscal en su escrito de acusación, por lo que dictamina que los responsables de estas entidades contactaron con Carlos Gómez-Gil para "adecuar sus proyectos a las condiciones establecidas” por éste. “Como contrapartida a la adjudicación, asumieron el pago de unas cantidades y otros favores que abonarían en efectivo" al técnico de la Xunta.

Entre otras, realizaron obras en las Clarisas de Tui, San Martiño de A Gudiña, el Mosteiro de San Clodio de Leiro, Santa María la Real de Entrimo, San Salvador de Celanova, Santiago de Coedo de Allariz, Santo André de Cedeira en Redondela o Santa María de Castro de Cima de Riós.

En la lectura del fallo que se ciñe al acuerdo de conformidad, el juez ha recordado que Gómez-Gil era el encargado de informar los proyectos de restauración de inmuebles eclesiásticos para que se adecuasen a las técnicas de restauración y fuesen realizados por profesionales cualificados en detrimento de otras empresas que optaban a los concursos públicos.

El juez también ha considerado probado que el funcionario de la consellería adquirió del Obispado de Tui una casa rectoral en Paraños, en el municipio pontevedrés de Covelo, en unas condiciones económicas "muy ventajosas" gracias a la "prestación de favores en los procedimientos de restauración adjudicados". Gómez-Gil adquirió la casa por 60.000 euros a pagar en diez años, inmueble que acabaría ofreciendo para su venta por un precio de 680.000.

"La finalidad común de ambos (Gómez Gil y Pichel) era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las labores de restauración", señala la fiscalía. El juez considera probado que de esta forma José Manuel Pichel incrementó considerablemente su patrimonio y llegó a recibir beneficios en especie a cambio de los "favores prestados". Entre los agasajos se incluye una ternera que fue valorada en al menos 1.000 euros.