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La trama de restauración de arte sacro del sur de Galicia llega a juicio

El 'caso Retablo', con siete acusados por cohecho, se destapó tras la venta de una casa rectoral por un funcionario de la Consellería de Cultura

Casa rectoral de Paraños que la Iglesia vendió a un funcionario por 60.000 euros.
Casa rectoral de Paraños que la Iglesia vendió a un funcionario por 60.000 euros.

La instrucción del llamado caso Retablo llega a juicio este martes en la Audiencia de A Coruña después de casi una década de investigación que llegó a tener en el punto de mira a la curia. Unas dilaciones procesales que podrían favorecer a los siete acusados por presunto delito de cohecho y cómplices de una supuesta trama que se beneficiaba de la restauración de arte sacro con fondos de la Xunta, cerrando un ventajoso acuerdo de conformidad con la fiscalía.

El fiscal Antonio Roma, presentó el 14 de mayo su escrito de acusación en el que solicita 3 años de prisión y multa de 103.300 euros para el que fuera funcionario de la Consellería de Cultura, Carlos Gómez-Gil, por un delito continuado de cohecho, además de inhabilitación para ejercer cargo público durante cinco años. También el fiscal impone a Gómez-Gil la devolución de la casa rectoral de Paraños (Covelo) cuya compra por 60.000 euros destapo el caso.

Para el que fuera arquitecto de la Sociedad de Gestión del Xacobeo, José Manuel Pichel, la pena solicitada por el Ministerio Público es de dos años de prisión, tres de inhabilitación para el desempeño de cargo público y multa de 7.000 euros.

Para los cinco empresarios procesados en la causa, Ignacio Vázquez Vieira, Olga Quintela López, David Durán Montero, Carmen Acuña Rey y Manuel Montes Carballa (que confesó los hechos en 2009), la pena es de 2 años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros por cada uno de los delitos descritos.

Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, que llegó a recibir 103.350 euros de mordidas de los empresarios procesados, era el encargado de informar los proyectos de restauración en el sur de Galicia de inmuebles eclesiásticos así como los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia en Galicia. Su función, dice el fiscal, era que esos proyectos “se adecuasen a las técnicas propias de la restauración, fuesen realizados por profesionales cualificados”, además de comprobar que los constructores respetase el proyecto original. “Todo en el debido respeto a la normativa en materia de patrimonio cultural y a la buena praxis” que exigía la previa autorización de la Conselleria de Cultura para que pudieran desarrollarse intervenciones en bienes de enorme valor cultural”.

Pero Gómez-Gil no lo hizo así. Trataba directamente con los interesados en los proyectos de restauración y elegía a los que era de su preferencia. Como contrapartida, “recibía dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas que ejecutaban las restauraciones, que podían consistir en obras en bienes de su propiedad y otra clase de favores, incrementando notablemente su patrimonio”, señala el fiscal. Así alcanzó “un nivel de vida muy superior al que procedería de los ingresos en su calidad de funcionario cualificado, con vehículos de alta cilindrada y un barco”, añade el escrito de acusación.

El acusado adquirió del Obispado de Tui una casa rectoral en Paraños (Covelo) “en unas condiciones económicas muy ventajosas que obtuvo gracias a la generación en el obispado de la prestación por su parte de favores en los procedimientos de restauración adjudicados”. Estas condiciones eran un precio formal de 60.000 euros a pagar en diez años que no comenzó a abonar hasta iniciado el procedimiento penal.

“Gracias a las restauraciones desarrolladas de manera gratuita por las empresas de restauración beneficiarias, la casa incrementó notablemente su valor, llegando a ofrecerla para su venta en un precio de 680.000 euros” .

El cometido del funcionario no solo se ceñía a la autorización previa de las restauraciones sino que se extendía a las ayudas que recibirían los proyectos en su ejecución, de manera que el precio final a percibir por quienes realizaban las labores de restauración se dividía en partes de proporción variable. Una un precio que pagarían quienes encargaban el proyecto (iglesia, entidades locales o parroquia, según los casos) y otra una subvención que era informada previa tramitación del expediente administrativo correspondiente.

Con el tiempo, el acusado impuso “una práctica de imposición de proyectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de las restantes, de manera que asesoraba a estas empresas sobre las condiciones que informaría, los contenidos económicos de los proyectos y el precio que podían ofertar, afirma el fiscal.

El arquitecto José Manuel Pichel informaba de las ayudas públicas a proyectos que se ofrecían desde la entidad de la Xunta para la que trabajaba vinculados con los Caminos de Santiago. Así entró en contacto con Gómez-Gil, y ambos acusados intervinieron en la restauración de 23 obras de restauración, entre monasterios, iglesias y conventos del sur de Galicia. “De común acuerdo iniciaron una relación cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las restauraciones”, señala la acusación pública.

Pichel, dice también el fiscal, “incrementó notablemente su patrimonio”, siendo titular de catorce turismos y motocicletas además de numerosos inmuebles”. Y añade que, “en una ocasión recibió el beneficio en especie: una vaca de valor incierto pero superior a 1.000 euros”, además de otros 7.000 euros en efectivo.