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La Generalitat evita que el Palau acuse a Convergència en el juicio

El Ayuntamiento de Barcelona pierde la votación para exigir los 6,6 millones que el partido se embolsó con comisiones ilegales

Joan Llinares (izquierda) el día de su declaración, como testigo, en el 'caso Palau'.
Joan Llinares (izquierda) el día de su declaración, como testigo, en el 'caso Palau'.

La Generalitat ha hecho valer su peso en el Consorcio del Palau de la Música para evitar que el organismo acuse a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por haberse lucrado de forma ilegal a través del Palau. Tras las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull, que acreditaron el pago de comisiones (6,6 millones) a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública a Ferrovial, el Ayuntamiento de Barcelona pidió un cambio de estrategia y exigió que el Palau acusara también al partido de Artur Mas. El viernes, la propuesta fue rechazada por tres votos a dos.

La reunión del viernes era la última oportunidad para que el Consorcio, que ejerce la acusación particular en el caso Palau, modificase su estrategia jurídica. La vista oral, que se celebra desde hace dos meses, llega a su fin. Esta semana es decisiva: el miércoles, las partes (acusaciones y defensas) dirán si mantienen o modifican sus conclusiones (penas de prisión, multas, responsabilidad civil) respecto a los acusados.

Los Mossos registraron el Palau en julio de 2009. La Fiscalía destapó el expolio de la institución musical (24 millones) a manos de sus responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull. Ambos confesaron desde el inicio que se embolsaron dinero del Palau (efectivo, obras en viviendas, viajes de placer). Pero callaron sobre el otro pilar del caso: el pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública (Ciudad de la Justicia, línea 9 del metro) en el último Gobierno de Jordi Pujol. El silencio se rompió el día de su declaración en el juicio: Millet y Montull confesaron el pago de mordidas al partido (hoy PDeCAT), de las que se llevaban un pellizco como intermediarios.

Discusión jurídica

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, recogió el guante de las confesiones y exigió, por carta, una reunión del Consorcio para revisar su planteamiento. La misiva fue remitida por el jefe de los servicios jurídicos, Joan Llinares, que gestionó el Palau tras el escándalo y halló los papeles clave que enfangaron a CDC. En el caso están implicados el extesorero Daniel Osácar —afronta una petición de siete años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo— y Convergència como responsable civil a título lucrativo, al haberse beneficiado con dinero de origen ilícito.

La Fiscalía y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) acusan en sus escritos a Osácar y a CDC. No lo hacen, en cambio, ni el Consorcio —el órgano público— ni la Fundación —el privado— del Palau de la Música. Las conversaciones con ambos organismos se han sucedido en las últimas semanas, sin acuerdo. La Fundación argumentó que no es posible acusar de un delito a alguien a quien no se ha señalado en el escrito de acusación provisional. El consistorio encargó un informe al penalista Juan Córdoba que echa por tierra ese argumento: mientras alguna de las partes (como es el caso) señale a Osácar y CDC, el Consorcio y la Fundación pueden adherirse a sus planteamientos sin problema.

El Estado no se presenta

En el Consorcio, el resultado fue de tres a dos, en contra de revisar la estrategia judicial. Los tres representantes de la Generalitat —el President, el consejero de Cultura, Santi Vila, que delegaron el voto en Pau Villoria, también del departamento— votaron en contra. Los dos del Ayuntamiento —la alcadesa, por delegación, y Joan Llinares— , a favor. El Estado, que tiene dos votos, ni se presentó ni delegó. Más tarde votó la fundación, y la mayoría de los miembros del Orfeó lo hicieron también en contra. Fuentes del Departamento de Cultura señalan que siguieron “el consejo de los servicios jurídicos de la Fundación”.

Fuentes del Consistorio explican que, al no señalar a Convergència, el Consorcio está “renunciando a resarcirse” con los 6,6 millones que se embolsó el partido. La Fundación y el Consorcio, sin embargo, argumentan que ya solicitan (como responsabilidad civil) esa cifra, pero que la piden a Millet y Montull, al no ver suficientes los indicios de financiación irregular. El planteamiento del fiscal es distinto: solicita el comiso de los 6,6 millones a CDC para el Estado. El motivo es que ese dinero “no es del Palau”, sino que es “la retribución de un delito de tráfico de influencias” que “no tiene víctima”, explican fuentes judiciales que, admiten, que si hubiera sentencia condenatoria, el Palau podría haber batallado por reclamar parte de esos fondos.

Vaivenes políticos en el ‘caso Palau’

El Consorcio del Palau de la Música forma parte de la Fundación del Palau, que lo gestiona, y es el que aporta los fondos públicos. Está integrado por representantes del Estado (dos votos), la Generalitat (tres) y el Ayuntamiento (dos), por lo que los colores políticos cuentan. Cuando salieron a la luz los primeros indicios de financiación irregular de Convergència, el Consorcio señaló al partido de Artur Mas. La estrategia cambió en 2013, cuando llegó el momento de presentar escrito de acusación y CiU mandaba en el Consistorio y la Generalitat. La exclusión del tesorero y del partido fue aprobada por las tres Administraciones. Visto el desarrollo del juicio, Ada Colau ha querido regresar a la estrategia inicial, pero no lo ha logrado.