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Soler insiste en que el Gobierno es corresponsable de la multa por el déficit

El Supremo confirma que la Generalitat debía pagar la multa al Gobierno de España

La fachada del Tribunal Supremo.
La fachada del Tribunal Supremo.

El Gobierno español ya cobró a finales de 2016 la multa de 19 millones de euros impuesta por la Unión Europea a la Generalitat -la gobernada por los anteriores gestores- por falsear el déficit. El Tribunal Supremo ha confirmado que la comunidad autónoma debía pagar la sanción, desestimando así el recurso de la Generalitat donde pedía que se paralizase el cobro.

El tribunal considera ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por el Consell, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunidad Valenciana por incumplimiento del derecho de la UE.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro descontó la sanción de la financiación autonómica que recibe la Generalitat a pesar de que la Administración autonómica recurrió la multa y pidió, como medida cautelar, que se suspendiera el cobro. El Ejecutivo central siguió adelante con el cobro y, en estos momentos, lo que queda vivo es el recurso presentado por España a la UE contra la penalización.

La resolución del Supremo ha reavivado un caso que el actual Consell ha tachado de injusto en más de una ocasión, dado que se produjo cuando los gestores de la Generalitat eran del PP. De hecho, el presidente Ximo Puig y su gabinete consideran que el Ejecutivo estatal es "corresponsable" por no haber vivigilado adecuadamente las finanzas valencianas.

El consejero de Hacienda, Vicent Soler, ha manifestado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la multa de la Unión Europea (UE) por la ocultación de 1.900 millones en facturas por parte de los anteriores Gobiernos autonómicos del PP "pone en evidencia una falsificación masiva de las cuentas por los anteriores ejecutivos que ha costado 19 millones a los valencianos, así como el engaño sistemático con la manipulación de los datos del déficit".

"El recurso tenía un sentido, defender los intereses del contribuyente valenciano", ha suxho Soler, quien ha añadido: "Queríamos que la multa, si finalmente se ratifica por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al menos la pagáramos a medias el Gobierno de España y Generalitat, porque, efectivamente, pudo haber una mala gestión por parte del Gobierno autonómico anterior, del PP, pero también ha podido haber por parte del Gobierno de España una falta de supervisión en la ocultación de facturas".

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha calificado de "vergonzoso que los ciudadanos tengan que pagar por la mala gestión de sus gobernantes. Tendremos que cumplir la ley y acatar la sentencia pero también tendremos que pedir responsabilidades políticas a los responsables de una negligencia que nos va a costar muy cara”

“Me gustaría que la señora [Isabel] Bonig y los dirigentes del PP valenciano nos dieran su opinión sobre la gestión que hizo el anterior Consell. Que les expliquen a los valencianos y a las valencianas los 19 millones de euros por manipular los datos del déficit”. Según Ferrando, con el importe de la multa se podrían construir hasta cuatro colegios.

El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ha considera una "barbaridad y una inmoralidad" que "el Gobierno Central cobre a la Generalitat la multa". "Es una decisión política intolerable", ha subrayado.

"Respetaremos las decisiones judiciales y no dudamos de que en términos jurídicos pueda ser legal derivar el pago a la Comunitat, pero lo que es evidente de que la decisión del Consejo de Ministros y del Gobierno de Rajoy es totalmente ilegítima e injusta", ha apuntado el dirigente del PSPV.

Los socialistas han lamentado la actuación "de los antiguos dirigente del PPCV que fueron quienes manipularon, falsearon y ocultaron conscientemente las cifras enviadas a Bruselas para beneficiarse de determinadas circunstancias" y han insistido en que más allá de las decisiones judiciales lo que es evidente es que "nos encontramos ante un problema político que el Gobierno del PP podía haber asumido, pero que, sin embargo, ni ha querido ni ha tenido voluntad de solucionar".

La portavoz adunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mireia Mollà, ha asegurado que la sentencia del Supremo "es un varapalo a nuestras cuentas públicas y a los intereses de los valencianos que continuamos pagando la factura de corrupción y despilfarro de recursos que caracterizaron los gobiernos del PP".

"Durante la época en que desde el PP se quería dar imagen de buena gestión y de bonanza la realidad es que estaban dedicándose a ocultar los datos económicos reales hasta el punto de que, cuando se tuvo que entregar a la Unión Europea las cuentas públicas, se escondió lo que realmente se estaba haciendo y eso es por lo que se nos castigan desde Europa", ha indicado

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