Inhabilitado el exalcalde socialista de L’Alcora por prevaricar en el PGOU
El juez considera que el exregidor adjudicó el contrato a una empresa de forma ilegal
El Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado al exalcalde socialista de l’Alcora (Castellón) Javier Peris y a cuatro concejales del equipo de Gobierno en 2004 a cinco años de inhabilitación para empleo público por las irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU). El juez les considera autores de un delito de prevaricación administrativa al entender que otorgaron dicho contrato sin seguir los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. El fiscal pedía ocho años de inhabilitación de empleo y cargo público para los cinco acusados.
Según el relato de hechos probados, Javier Peris decidió iniciar en 2004, siendo primer edil de L’Alcora, la elaboración de un nuevo Plan General para la población y organizó, junto a otros cuatro concejales, un plan para lograr la adjudicación de su elaboración a una empresa concreta, Anfab SL. Lo hizo “ignorando los intereses públicos que tenían a su cargo y persiguiendo anteponer el contenido de su voluntad a cualquier otra consideración”, señala la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según el fallo, los ediles “perseguían única y exclusivamente dotar de apariencia de legalidad y rigor a dicha decisión y excluir a cualesquiera otros competidores”.
El fallo incide en este sentido en el resultado de las testificales de los funcionarios municipales en el juicio celebrado el pasado mes de febrero, indicando que existe “coincidencia en tres de ellos sobre la intervención personal y directa de Manuel Javier Peris Salvador instándoles sin ambages a que privilegiaran la oferta de la mercantil Anfab; y su intención de acelerar los trámites para orillar el informe de la arquitecta municipal”.
“A ello siguen los votos en bloque del resto de acusados sin disidencia o duda alguna dando soporte a tales actuaciones”, advierte la sentencia.
Sobre estos, el fallo indica que el camino seguido por los ediles acusados “es revelador” (…) de su participación “en todos los pasos” dirigidos por el entonces alcalde. “Sus actuaciones son tan determinantes que es imposible que no supiesen lo que sucedía; debiendo entender probado que se integraron así personalmente en el conjunto de la maniobra”, añade.
En abril de 2004 el ayuntamiento convocó concurso público para que las empresas interesadas pudieran presentar sus ofertas y optar a la adjudicación de la revisión del nuevo PGOU, por importe de 431.000 euros. Según el escrito del ministerio público, dentro del plazo concedido presentaron propuestas para la adjudicación diferentes mercantiles, entre ellas Anfab SL, “empresa por la que el alcalde tenía especial interés, y así se lo expuso tanto a la arquitecta municipal como a los técnicos del ayuntamiento en reuniones informales”.
Según el mismo escrito, el entonces alcalde les dijo que miraran “con cariño” a la empresa porque tenía buenas referencias de ella y estaba interesado en que fuera la adjudicataria.
En septiembre de 2004, la mesa de contratación en la que estaban representados los ahora condenados dio luz verde a la adjudicación de la redacción del PGOU a la citada empresa “en contra del criterio objetivo de los técnicos y a pesar de que ni siquiera su objeto social tenía relación directa, pues se dedicaba al asesoramiento jurídico y fiscal (…) “sin comprender las actividades de arquitectura o urbanismo”.
En el fallo hecho público hoy, el juez recuerda que en mayo de 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón anuló del decreto de alcaldía de L’Alcora por el que contrataba los servicios de consultoría y asistencia en la elaboración del PGOU con la primera empresa, y se lo adjudicaba a otra mercantil candidata, por inadecuación del objeto social de la primera.
El juicio contra el exalcalde de L’Alcora y los cuatro exconcejales arrancó el pasado 27 de febrero en el juzgado de lo Penal número 1 de la capital de La Plana. Esa misma jornada albergó en la ciudad de la justicia castellonense, aunque en Instrucción 4, la declaración, por un presunto delito societario, del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
