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Arranca el juicio a un familiar de Louzán al que la Xunta infló una expropiación

El fiscal pide cinco años de cárcel para el administrador de Áridos Curro y un perito de la consellería que firmó el sobreprecio

Variante de Meis, en terrenos que antes ocupaba la cantera expropiada
Variante de Meis, en terrenos que antes ocupaba la cantera expropiada

La investigación que inició en 2013 la Fiscalía de Pontevedra tras la denuncia por el supuesto sobreprecio en la expropiación por parte de la Xunta de una cantera de granito para rematar el enlace desde Meis a la autovía de O Salnés llega este martes a juicio. Se sentarán en el banquillo el propietario de la empresa Áridos Curro, que explotaba la cantera, Juan Luis Abal Piñeiro, familiar del expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial Rafael Louzán, y el perito de la Xunta, Juan Manuel Melón Somoza, quienes supuestamente pactaron una tasación seis veces por encima de su valor real.

Ambos se enfrentan a cinco años de prisión por delito de estafa y falsedad en documento oficial y que indemnicen a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de la Xunta 916.514 euros con los intereses legales desde 2009, la cantidad que recibió el empresario tras iniciarse el proceso de expropiación que fue paralizada. El fiscal Jesús Calles pide también la inhabilitación para el funcionario durante el tiempo de la condena.

Según la acusación, “el importe del beneficio de la operación estaría determinado por la diferencia entre el importe percibido por la expropiación y el valor contable de los derechos expropiados, aunque este último se desconoce”, apunta el representante del Ministerio Público. Sin embargo concluye que “tras analizar la contabilidad de la empresa y la cuota del impuesto de sociedades, el valor de la cantera de granito no superaría los 50.000 euros. “Esto determinaría un beneficio de la operación en torno a 1,2 millones de euros”, subraya el fiscal en su escrito de acusación.

Explica el representante del Ministerio Público que la citada consellería pagó por la expropiación forzosa esa cantidad, 1,2 millones de euros, aunque en realidad el valor de los bienes indemnizados, sin analizar la contabilidad de la empresa, era de solo 286.212 euros. “Una cantidad muy inferior a los que en definitiva fueron abonados por la Xunta”, afirma el fiscal. “Un procedimiento expropiatorio en el que ambos acusados actuaron movidos por la intención de obtener un beneficio económico en perjuicio de la Administración”, añade.

Juan Luis Abal también está acusado de un delito fiscal, al no haber declarado el importe de la expropiación, lo cual conlleva una condena de diez meses más de prisión, a petición del fiscal. El importe de la cuota que dejó de ingresar el acusado en su declaración de la renta era 372.571 euros. Abal regularizó su situación con la Agencia Tributaria después de ser citado por la Fiscalía para declarar. Fue entonces cuando abonó la deuda con el fisco y fue multado con 86.000 euros.

El proceso de expropiación de la cantera se inició al final de la etapa del Gobierno bipartito y se cerró meses después de llegar el PP a la Xunta. Aunque en la denuncia que un particular presentó en la Fiscalía se daban nombres de políticos que pudieran haber intervenido en la falsa tasación de la cantera, la investigación no pudo llegar a demostrar un supuesto delito de tráfico de influencias.